La altísima incidencia delictiva, que ya estaba de por sí en cotas altísimas, alcanzó en México, en los dos últimos meses, niveles nunca antes vistos: en promedio hubo un homicidio casi cada hora y media. El tema ha puesto a México ante los ojos del mundo, presentándolo como uno de los lugares más riesgosos para ser visitados, motivo por el cual se han encendido las alarmas de varios gobiernos de otros países, que recomiendan a sus conciudadanos tomar medidas extremas de precaución en caso de que se atrevan a visitar nuestro país, que es presentado como una zona de múltiples acechanzas que ponen en riesgo las pertenencias, la integridad y la vida de quien en él se aventure.
Por desgracia, el problema no se reduce a un asunto de imagen internacional o de proyectar buena fama como destino turístico, sino que estamos ante un tema profundo y estructural, que va más allá del ámbito policiaco. Se trata sin duda de un asunto gravísimo que involucra a todas las capas sociales del país, inmersas en un clima social descompuesto y agitado en el que se busca a los culpables y se proponen medidas desesperadas.
Por ejemplo, se ha dicho que el origen de este exacerbamiento de los hechos delictivos, auténticamente espantosos y masivos, tiene sus causas inmediatas en la ruptura de las líneas de negociación con bandas criminales, que se encuentran inconformes por el nuevo reparto de áreas de poder de los negocios más jugosos, como el narcotráfico, el secuestro y la prostitución, por lo que, de acuerdo con esto, bastaría restablecer los acuerdos perdidos, para que de inmediato regrese la paz.
También se ha insistido en que el detonante principal de esa ola criminal que amenaza ahogarnos a todos, se encuentra en la impunidad de que gozan los delincuentes y en la complementaria blandura y corrupción de los encargados de perseguirlos a todos niveles, siendo en esos aspectos en donde más inciden los reclamos sociales que gozan de mayor poder para hacerse oír y que piden, por lo tanto, eficacia y honradez a las autoridades, y un endurecimiento de las penas -entre la que no se descarta la de muerte- contra quienes atenten contra la vida y la libertad de otras personas.
Qué bueno sería que todo pudiera reducirse a simples medidas negociadoras o a llamados para que aumente la eficacia y la rectitud en la aplicación de la ley por parte de las autoridades. Nadie dudaría en ir a manifestarse, cada semana si fuera necesario, hasta que los funcionarios cumplieran su deber y se restableciera la paz. Pero, aunque sea doloroso reconocerlo, no es así como se detendrá el involucramiento de miles de personas, civiles y policías, en la siembra y trasiego de drogas, en los secuestros en todas sus modalidades y en las disputas entre bandas, que llenan de cadáveres nuestra patria, creando dolor y encono.
Hace falta lo esencial, construir un país más equilibrado y justo, donde no haya asiento para la inconformidad social y la ambición desmedida e insatisfecha de las que se alimentan las bandas de delincuentes y los funcionarios corruptos; un país habitado por seres solidarios, cooperantes entre sí para disfrutar equitativamente de los frutos que dé el trabajo honrado de todos. Cuando eso ocurra, no habrá más los tres tipos de personas aludidas por Benedetti: “las que se matan trabajando, las que deberían trabajar y las que tendrían que matarse”.
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