La situación nacional y la protesta popular
Aquiles Córdova Morán
El jueves 15 de enero, como lo anunciaron con toda anticipación, 20 mil antorchistas saldrán a las calles de la capital del país a exigir, por enésima vez, la liberación de 15 presos políticos encarcelados por Francisco Garrido Patrón, Gobernador de Querétaro. Se trata de 13 humildes labriegos cuyo trabajo es el único sostén de sus familias, y de dos miembros del Comité Estatal antorchista, Rubén del Río Alonso y la licenciada Yesenia Valdés Flores, todos ellos encarcelados por defender la legítima propiedad de un pozo de agua de la comunidad de La Piedad, municipio de El Marqués, del mismo estado. La manifestación popular culminará, como también se advirtió, con un plantón permanente en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación Federal, a causa de la falta de resultados hasta el día de hoy.
Se avecina, pues, una nueva guerra de medios y de declaraciones amenazantes de las autoridades en contra de los manifestantes. Veremos nuevamente cómo los reporteros minimizan el evento hablando de “decenas” o, cuando más, de “cientos” de inconformes y “alborotadores”, aunque se contradigan a sí mismos al manejar otros datos como la longitud del desfile o el tiempo que tarda en concentrarse en el punto de reunión. Seremos de nuevo sorprendidos testigos de la tranquilidad con que harán a un lado el fondo de la protesta, claramente formulado en mantas, pancartas y de viva voz, para poner todo el énfasis en el trastorno que ocasionan a la circulación vehicular y peatonal, en el perjuicio a los pacíficos ciudadanos que necesitan llegar a sus trabajos o a algún compromiso urgente y, en general, a terceros inocentes ajenos al conflicto. Veremos sin falta las tomas burlonas de gente sentada a la sombra de árboles y edificios, de parejas que se disputan el premio de un improvisado concurso de baile y, por supuesto, las entrevistas a los “despistados”, a los que declaran que “no saben a qué vinieron” o que, de plano, confiesan que acudieron por la promesa de una torta y un refresco. O sea, veremos completo el numerito mediático a que ya nos tienen acostumbrados.
Pero lo mejor vendrá contra el plantón. Otra vez columnistas y locutores, transformados de simples informadores en severísimos jueces que acusan, juzgan y sentencian a los perturbadores del tránsito urbano, de las “legítimas utilidades” de bares y cantinas, y de los que se “roban” un pedazo de ciudad para su uso privado, volverán a exigir a voz en cuello (y con mal disimulado odio y desprecio de clase) para los mugrosos, pestilentes y necios antorchistas, perturbadores impunes, además, de la tranquilidad de las familias “decentes”, represión policíaca y cárcel pero a la voz de ¡ya! Los volveremos a oír “exigiendo” a las autoridades (¡a valores entendidos, claro!) que se fajen los pantalones y metan en cintura a esos delincuentes, poniéndoles en bandeja de plata el pretexto que necesitan para reprimir sin resolver la petición de los inconformes. Porque no hay duda de que es todo el statu quo (como le llaman algunos con elegante péndola), completito, el que se ha vuelto cada día más intolerante frente a las garantías constitucionales de organización y manifestación pública de las ideas e inconformidades de la gente pobre, como lo prueban los consabidos ataques mediáticos de que acabamos de hablar; el uso cada día más frecuente de la fuerza pública “para desbloquear avenidas primarias y restablecer la circulación” y, finalmente, como en Querétaro, el encarcelamiento de los insumisos. Igualmente lo prueba la generalizada negativa de los funcionarios (sin distinción de partidos, lo que es un signo claro de que se trata de una política de Estado) a tratar con las organizaciones sociales las peticiones legítimas de la gente. “Nosotros no tratamos con organizaciones, dicen al unísono, sino sólo con ciudadanos”; y lo mismo indica el altanero silencio de las más altas autoridades del país, incluida la propia Presidencia de la República, frente a los llamados públicos que se les formulan en demanda de su intervención para enderezar los abusos e injusticias que se cometen en el país. Tampoco ellas reconocen el derecho de las organizaciones sociales a reclamar atención a sus problemas.
Los derechos de organización y manifestación pública están hoy, pues, en uno de sus puntos más bajos. Y la situación puede empeorar en caso de que prosperen los reiterados intentos por “regularlos”, puesto que en el fondo se trata de suprimirlos o, cuando menos, de volverlos totalmente inocuos. Pero reducir el ejercicio de tales garantías a un problema de tránsito, o a la perturbación de los negocios de bares, hoteles y cantinas, es una simplificación peligrosa, un error de perspectiva que puede costarnos caro a todos. Creer que la cuestión se resuelve con guerritas mediáticas, el uso de la fuerza pública o con una legislación amañada, equivale a pensar que una infección maligna puede curarse combatiendo la fiebre, de la cual es sólo un síntoma. Ya es hora de entender que marchas, mítines y plantones (y cualquier recurso similar) son señal de un problema profundo: la gran insatisfacción de las clases populares por la falta de empleo, de salarios justos, de servicios básicos, de seguridad social y familiar, de justicia social y legal, y 20 etcéteras más. Y que tal insatisfacción y descontento tenderán a exacerbarse si se impide su manifestación pública. Alguien me dijo, no hace mucho, que esas movilizaciones son consecuencia de nuestro primitivismo político, de nuestro carácter de país tercermundista; que deberíamos aprender de sociedades más “civilizadas” como la norteamericana. Y sí. Allá no hay tantas marchas ni plantones pero no porque sean más “civilizados”, sino porque hay menos motivos para protestar; porque allí la riqueza es mayor y está mejor repartida. Eso es lo que deberíamos entender e imitar, en vez de andar buscando cómo suprimir los síntomas del cáncer que nos aqueja. Y en esta tarea, nada ayuda tanto como el respeto irrestricto a la protesta pública de los ofendidos. Que nadie se engañe.
Aquiles Córdova Morán
El jueves 15 de enero, como lo anunciaron con toda anticipación, 20 mil antorchistas saldrán a las calles de la capital del país a exigir, por enésima vez, la liberación de 15 presos políticos encarcelados por Francisco Garrido Patrón, Gobernador de Querétaro. Se trata de 13 humildes labriegos cuyo trabajo es el único sostén de sus familias, y de dos miembros del Comité Estatal antorchista, Rubén del Río Alonso y la licenciada Yesenia Valdés Flores, todos ellos encarcelados por defender la legítima propiedad de un pozo de agua de la comunidad de La Piedad, municipio de El Marqués, del mismo estado. La manifestación popular culminará, como también se advirtió, con un plantón permanente en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación Federal, a causa de la falta de resultados hasta el día de hoy.
Se avecina, pues, una nueva guerra de medios y de declaraciones amenazantes de las autoridades en contra de los manifestantes. Veremos nuevamente cómo los reporteros minimizan el evento hablando de “decenas” o, cuando más, de “cientos” de inconformes y “alborotadores”, aunque se contradigan a sí mismos al manejar otros datos como la longitud del desfile o el tiempo que tarda en concentrarse en el punto de reunión. Seremos de nuevo sorprendidos testigos de la tranquilidad con que harán a un lado el fondo de la protesta, claramente formulado en mantas, pancartas y de viva voz, para poner todo el énfasis en el trastorno que ocasionan a la circulación vehicular y peatonal, en el perjuicio a los pacíficos ciudadanos que necesitan llegar a sus trabajos o a algún compromiso urgente y, en general, a terceros inocentes ajenos al conflicto. Veremos sin falta las tomas burlonas de gente sentada a la sombra de árboles y edificios, de parejas que se disputan el premio de un improvisado concurso de baile y, por supuesto, las entrevistas a los “despistados”, a los que declaran que “no saben a qué vinieron” o que, de plano, confiesan que acudieron por la promesa de una torta y un refresco. O sea, veremos completo el numerito mediático a que ya nos tienen acostumbrados.
Pero lo mejor vendrá contra el plantón. Otra vez columnistas y locutores, transformados de simples informadores en severísimos jueces que acusan, juzgan y sentencian a los perturbadores del tránsito urbano, de las “legítimas utilidades” de bares y cantinas, y de los que se “roban” un pedazo de ciudad para su uso privado, volverán a exigir a voz en cuello (y con mal disimulado odio y desprecio de clase) para los mugrosos, pestilentes y necios antorchistas, perturbadores impunes, además, de la tranquilidad de las familias “decentes”, represión policíaca y cárcel pero a la voz de ¡ya! Los volveremos a oír “exigiendo” a las autoridades (¡a valores entendidos, claro!) que se fajen los pantalones y metan en cintura a esos delincuentes, poniéndoles en bandeja de plata el pretexto que necesitan para reprimir sin resolver la petición de los inconformes. Porque no hay duda de que es todo el statu quo (como le llaman algunos con elegante péndola), completito, el que se ha vuelto cada día más intolerante frente a las garantías constitucionales de organización y manifestación pública de las ideas e inconformidades de la gente pobre, como lo prueban los consabidos ataques mediáticos de que acabamos de hablar; el uso cada día más frecuente de la fuerza pública “para desbloquear avenidas primarias y restablecer la circulación” y, finalmente, como en Querétaro, el encarcelamiento de los insumisos. Igualmente lo prueba la generalizada negativa de los funcionarios (sin distinción de partidos, lo que es un signo claro de que se trata de una política de Estado) a tratar con las organizaciones sociales las peticiones legítimas de la gente. “Nosotros no tratamos con organizaciones, dicen al unísono, sino sólo con ciudadanos”; y lo mismo indica el altanero silencio de las más altas autoridades del país, incluida la propia Presidencia de la República, frente a los llamados públicos que se les formulan en demanda de su intervención para enderezar los abusos e injusticias que se cometen en el país. Tampoco ellas reconocen el derecho de las organizaciones sociales a reclamar atención a sus problemas.
Los derechos de organización y manifestación pública están hoy, pues, en uno de sus puntos más bajos. Y la situación puede empeorar en caso de que prosperen los reiterados intentos por “regularlos”, puesto que en el fondo se trata de suprimirlos o, cuando menos, de volverlos totalmente inocuos. Pero reducir el ejercicio de tales garantías a un problema de tránsito, o a la perturbación de los negocios de bares, hoteles y cantinas, es una simplificación peligrosa, un error de perspectiva que puede costarnos caro a todos. Creer que la cuestión se resuelve con guerritas mediáticas, el uso de la fuerza pública o con una legislación amañada, equivale a pensar que una infección maligna puede curarse combatiendo la fiebre, de la cual es sólo un síntoma. Ya es hora de entender que marchas, mítines y plantones (y cualquier recurso similar) son señal de un problema profundo: la gran insatisfacción de las clases populares por la falta de empleo, de salarios justos, de servicios básicos, de seguridad social y familiar, de justicia social y legal, y 20 etcéteras más. Y que tal insatisfacción y descontento tenderán a exacerbarse si se impide su manifestación pública. Alguien me dijo, no hace mucho, que esas movilizaciones son consecuencia de nuestro primitivismo político, de nuestro carácter de país tercermundista; que deberíamos aprender de sociedades más “civilizadas” como la norteamericana. Y sí. Allá no hay tantas marchas ni plantones pero no porque sean más “civilizados”, sino porque hay menos motivos para protestar; porque allí la riqueza es mayor y está mejor repartida. Eso es lo que deberíamos entender e imitar, en vez de andar buscando cómo suprimir los síntomas del cáncer que nos aqueja. Y en esta tarea, nada ayuda tanto como el respeto irrestricto a la protesta pública de los ofendidos. Que nadie se engañe.
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