Boletín de Prensa21 de marzo de 2007
SOSTIENE LA CNDH QUE EL GOBIERNO DE QUERÉTARO
VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS.
El gobierno de Francisco Garrido viola los Derechos Humanos a la legalidad, a la libertad personal y a la debida procuración de justicia, dice el informe anual de la CNDH.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, lamentó que haya funcionarios que rechazan recomendaciones del organismo que preside, como en el caso de la 15/06, del 23 de mayo de 2006, enviado al Gobernador del estado de Querétaro, sobre el caso de la organización Antorcha Campesina, y reiteró que la negativa de los funcionarios a aceptar las recomendaciones del organismo que preside "fomenta un clima de impunidad entre los servidores públicos", quienes pueden interpretarlo como "ausencia de investigación o castigo ante los actos de igual naturaleza".
El informe de actividades 2006 de la CNDH, presentado ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revela que el gobernador Francisco Garrido Patrón, fue acusado de negar servicios públicos, educativos, culturales y de regularización de la tenencia de la tierra, así como de emprender campañas de hostigamiento, intimidación y represión en contra de los antorchistas, instrumentadas por el Secretario de Gobierno del estado, Alfredo Botello Montes y elementos de la Policía Estatal.
Resultado de esa campaña, desde hace dos años se encuentra presa Cristina Rosas Illescas, dirigente estatal de esa organización acusada falsamente de ser autora intelectual del fraccionamiento de un predio. A pesar de que la acusada ha ganado tres amparos ante la Justicia Federal, no es liberada porque el gobernador presionó al Juez para que la mantuviera en prisión por considerarla “un peligro para la sociedad”.
El informe de Soberanes, presentado ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, dice que en las detenciones de varios antorchistas se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de que reconoce violaciones a los Derechos Humanos de Cristina Rosas Illescas, en las sanciones impuestas dentro del Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, Querétaro, el 13 de junio de 2005, en la que fue incomunicada, y el 20 de marzo de 2006, cuando se restringió el horario de las llamadas a las internas además de que en las detenciones de los antorchistas.
El ombudsman de México, abundó en su informe que la Comisión Nacional solicitó, en dos ocasiones, al Secretario de Gobierno del estado de Querétaro un informe respecto de los hechos de la queja y se le notificó que se había acordado ejercer la facultad de atracción respecto de este asunto. No obstante, el referido servidor público se negó a proporcionar la información solicitada, por lo que dicha recomendación se considera no aceptada, motivo por el que la CNDH ha pedido a Garrido Patrón que “se inicie el procedimiento para aplicar sanciones administrativas en contra del Secretario de Gobierno del estado de Querétaro y, de ser procedente, se le apliquen las sanciones que correspondan, y en términos de lo establecido en el artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, amoneste públicamente al mencionado Secretario de Gobierno, independientemente del resultado de la investigación administrativa que en su contra se inicie”.
SOSTIENE LA CNDH QUE EL GOBIERNO DE QUERÉTARO
VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS.
El gobierno de Francisco Garrido viola los Derechos Humanos a la legalidad, a la libertad personal y a la debida procuración de justicia, dice el informe anual de la CNDH.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, lamentó que haya funcionarios que rechazan recomendaciones del organismo que preside, como en el caso de la 15/06, del 23 de mayo de 2006, enviado al Gobernador del estado de Querétaro, sobre el caso de la organización Antorcha Campesina, y reiteró que la negativa de los funcionarios a aceptar las recomendaciones del organismo que preside "fomenta un clima de impunidad entre los servidores públicos", quienes pueden interpretarlo como "ausencia de investigación o castigo ante los actos de igual naturaleza".
El informe de actividades 2006 de la CNDH, presentado ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revela que el gobernador Francisco Garrido Patrón, fue acusado de negar servicios públicos, educativos, culturales y de regularización de la tenencia de la tierra, así como de emprender campañas de hostigamiento, intimidación y represión en contra de los antorchistas, instrumentadas por el Secretario de Gobierno del estado, Alfredo Botello Montes y elementos de la Policía Estatal.
Resultado de esa campaña, desde hace dos años se encuentra presa Cristina Rosas Illescas, dirigente estatal de esa organización acusada falsamente de ser autora intelectual del fraccionamiento de un predio. A pesar de que la acusada ha ganado tres amparos ante la Justicia Federal, no es liberada porque el gobernador presionó al Juez para que la mantuviera en prisión por considerarla “un peligro para la sociedad”.
El informe de Soberanes, presentado ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, dice que en las detenciones de varios antorchistas se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de que reconoce violaciones a los Derechos Humanos de Cristina Rosas Illescas, en las sanciones impuestas dentro del Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, Querétaro, el 13 de junio de 2005, en la que fue incomunicada, y el 20 de marzo de 2006, cuando se restringió el horario de las llamadas a las internas además de que en las detenciones de los antorchistas.
El ombudsman de México, abundó en su informe que la Comisión Nacional solicitó, en dos ocasiones, al Secretario de Gobierno del estado de Querétaro un informe respecto de los hechos de la queja y se le notificó que se había acordado ejercer la facultad de atracción respecto de este asunto. No obstante, el referido servidor público se negó a proporcionar la información solicitada, por lo que dicha recomendación se considera no aceptada, motivo por el que la CNDH ha pedido a Garrido Patrón que “se inicie el procedimiento para aplicar sanciones administrativas en contra del Secretario de Gobierno del estado de Querétaro y, de ser procedente, se le apliquen las sanciones que correspondan, y en términos de lo establecido en el artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, amoneste públicamente al mencionado Secretario de Gobierno, independientemente del resultado de la investigación administrativa que en su contra se inicie”.
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