DE LA COMISIÓN ESTATAL DE (algunos) DERECHOS (para algunos) HUMANOS

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Querétaro, que encabeza Adolfo Ortega Osorio, le dio “carpetazo” al caso de Genaro Arres Rascón, asesinado a manos de elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) en una agencia del Ministerio Público.
En la recomendación emitida (un año después de los hechos), Ortega Osorio “olvido” salvaguardar los derechos de los hijos de Arres –como lo esperaba la parte afectada- y se limitó a pedir capacitación para los policías adscritos a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Así las cosas, el abogado de la ex pareja del hombre asesinado, Luis Antonio Resendiz Vega dijo que “si verdaderamente se tomó en cuenta la violación de los derechos humanos de Genaro Arres, debería entonces haber prevenido sobre las dos vidas que dejó este señor: el hijo de Alma Paulina Granados y el de su esposa, que la CEDH debió prever”.
El 3 de abril la CEDH giró el boletín 009/2007DCS a los medios de comunicación, en donde da a conocer la recomendación 171 en contra de la PGJ, por el homicidio de Genaro Arres Rascón. “Una vez examinadas todas las evidencias (se acreditó) una conducta indebida de parte de los elementos de la Policía Investigadora Ministerial, Francisco Javier Jaramillo Morales y Victor Manuel Urbieta Morales, en el ejercicio de la función pública, violentando los derechos humanos de Legalidad y Seguridad Jurídica” como ya lo había asumido la PGJ.
“Lo mandaron matar”
Llama la atención que la CEDH dejó de lado el testimonio de Alma Paulina Granados Herrera, con quien Genaro Arres Rascón vivió sus dos últimos años de vida.
Ella reveló a Libertad en Palabra que su esposo “lo mandaron matar” para que no pudiera rendir su declaración respecto al robo de 18 millones de pesos.
“Pagaron por matarlo porque después de que declarara iba a acusar al señor (el supuesto asesino intelectual de Genaro)”.
La compañera del ex elemento de seguridad privada, torturado hasta la muerte en la agencia del Ministerio Público Num. 5, vinculó a mandos de la PGJ y de la empresa “Transportes Especializados Bissa” con ese querer evitar que su pareja rindiera su declaración. “Yo he escuchado que esto se va a quedar así; que los dos policías detenidos son los responsables de todo y no me parece justo porque no nada más son dos los responsables”, nos dijo hace ya más de un año.
Ahora su abogado, Luis Antonio Resendiz Vega, revela que la CEDH n siquiera le ha comunicado de la recomendación que dio a conocer a los medios informativos, y que ni siquiera le consta que el organismo, y que ni siquiera le consta que el organismo defensor de los derechos humanos haya desarrollado una investigación sobre el asunto, pues no conoce de algún seguimiento y de pruebas recabadas para apoyar sus conclusiones.