Halla la Contraloría desvío de 155 mdp
Funcionario de la administración pasada compraron sin autorización, un predio de 987 hectáreas con recursos federales del Ramo 23
Por Fernando Paniagua
AGENCIA REFORMA
Sábado 06 de Marzo/2010
La pasada administración estatal, ocasionó un daño patrimonial al Estado por 155 millones de pesos, debido a que compró, sin autorización, un predio de 97 hectáreas con recursos federales del Ramo 23 'Previsiones Salariales y Económicas'.
La Secretaría de la Contraloría Estatal inició procedimientos legales en contra de cinco ex funcionarios, entre ellos el ex Oficial Mayor, Luis Miguel Sánchez Canterbury, a quienes investiga como presuntos responsables.Además, dio parte a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie los procedimientos penales correspondientes contra los ex servidores públicos, y tramite el resarcimiento del daño.
De acuerdo con el resolutivo SC/DJAC/03/ de la Contraloría estatal -cuya copia posee REFORMA-, además de Sánchez Canterbury son investigados Rubén Vega Michaus, ex coordinador jurídico de la Oficialía Mayor; Jorge Cortizo Martínez, hoy Secretario Técnico del Municipio de Querétaro, además de Ernesto Gerardo Alfaro Pesquera, Ramón Jardón Castillo, Fernando Gutiérrez Lomelí y Xóchitl Zarazúa Pérez, todos integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones del Ejecutivo del estado durante el pasado sexenio.
"No existe evidencia documental o antecedente alguno que acredite cómo o bajo qué condiciones les fue autorizada la liberación de dichos recursos federales, los cuales, de acuerdo con sus lineamientos, no son susceptibles de ser desviados para otros fines.
"La actuación de los servidores públicos involucrados presumiblemente implica un desvío de recursos de naturaleza federal para otro fin distinto al que fueron destinados", indica el expediente.
Todos los ex funcionarios han sido ya notificados y deberán comparecer ante la Contraloría estatal entre el 15 y el 18 de marzo de este ´ño, para que explique lo que a su derecho corresponda.
"Se determinaron irregularidades administrativas presuntamente cometidas por ex servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por acción u omisión en la tramitación, manejo, aplicación, aprobación, pago y administración de recursos", dice el documento.
En este resolutivo se indica que en junio del año pasado el Comité de Adquisiciones, que presidía el ex Ofiaial Mayor, autorizó la compra de un presio de 974 mil 330 metros cuadrados en el Municipio de Colón, por 155 millones de pesos.
Sin embargo, en el expediente se encontró que había al menos otros dos avalúos del terreno que ubicaban el valor del mismo en 43.8 y 17 millones de pesos, realizados por la Dirección de Catastro del Gobierno estatal y por un perito particular, respectivamente.
Además, se encontró en la investigación que el Comité de Adquisiciones falseó el acta del fallo para la autorización de la compra y el terreno se pagó con recursos federales sin reunir los requisitos que establecen las reglas de operación del Ramo 23.
El predio no cuenta tampoco con las condiciones para el desarrollo urbano, fin para el cual, presumiblemente, habría sido adquirido. Y es que los usos urbanos en esa zona están prohibidos.
De esta compra habrían tenido conocimiento también el ex Secretario General de Gobierno, Alfredo Botello Montes, hoy Secretario de Acción Gubernamental del CEN del PAN.
"No existe evidencia documental o antecedente alguno que acredite cómo o bajo qué condiciones les fue autorizada la liberación de dichos recursos federales, los cuales, de acuerdo con sus lineamientos, no son susceptibles de ser desviados para otros fines.
"La actuación de los servidores públicos involucrados presumiblemente implica un desvío de recursos de naturaleza federal para otro fin distinto al que fueron destinados", indica el expediente.
Todos los ex funcionarios han sido ya notificados y deberán comparecer ante la Contraloría estatal entre el 15 y el 18 de marzo de este ´ño, para que explique lo que a su derecho corresponda.
"Se determinaron irregularidades administrativas presuntamente cometidas por ex servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por acción u omisión en la tramitación, manejo, aplicación, aprobación, pago y administración de recursos", dice el documento.
En este resolutivo se indica que en junio del año pasado el Comité de Adquisiciones, que presidía el ex Ofiaial Mayor, autorizó la compra de un presio de 974 mil 330 metros cuadrados en el Municipio de Colón, por 155 millones de pesos.
Sin embargo, en el expediente se encontró que había al menos otros dos avalúos del terreno que ubicaban el valor del mismo en 43.8 y 17 millones de pesos, realizados por la Dirección de Catastro del Gobierno estatal y por un perito particular, respectivamente.
Además, se encontró en la investigación que el Comité de Adquisiciones falseó el acta del fallo para la autorización de la compra y el terreno se pagó con recursos federales sin reunir los requisitos que establecen las reglas de operación del Ramo 23.
El predio no cuenta tampoco con las condiciones para el desarrollo urbano, fin para el cual, presumiblemente, habría sido adquirido. Y es que los usos urbanos en esa zona están prohibidos.
De esta compra habrían tenido conocimiento también el ex Secretario General de Gobierno, Alfredo Botello Montes, hoy Secretario de Acción Gubernamental del CEN del PAN.
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