DE ANTORCHA QUERÉTARO

¿POR QUÉ LA GENEROSIDAD OFICIAL VE SÓLO CON UN OJO?

Aquiles Córdova Morán.

Diariamente llueve información sobre los graves daños que ha sufrido ya, y seguirá sufriendo por no se sabe cuánto tiempo más, la economía del país a causa de la confluencia de dos factores adversos: la crisis económica que afecta (así se afirma al menos) al mundo entero, y el terrible fantasma de la influenza AH1N1 que comenzó a pegarnos a los mexicanos allá por la segunda quincena del mes de marzo. Según los expertos, ambos “jinetes del apocalipsis” han devastado todas las ramas de la actividad económica, tanto a las mal llamadas “manufacturas” por la contracción de la demanda de los Estados Unidos principalmente, como al sector de los servicios por la famosa “influenza humana”. Se habla de daños en la industria textil, en la del automóvil, en la de autopartes, en la de componentes de aparatos electrónicos y electrodomésticos, etc.; pero se habla con más insistencia y alarma de la caída casi vertical del ramo turístico, que se ha reflejado en actividades como la de las empresas del transporte aéreo, la hotelería, los restaurantes, los bares, cantinas y antros de diversión nocturna, los cines, teatros y demás actividades conexas y, para resumirlo todo en pocas palabras, se refleja globalmente en el cuadro desolador que presentan importantes destinos turísticos otrora florecientes como Cancún, Los Cabos, Acapulco y Puerto Vallarta, por citar algunos. Se dice, y yo creo que es cierto, que las pérdidas ascienden a cientos y aun a miles de millones de pesos en los casos más graves.
Pues bien, frente a la intensa campaña mediática (que busca y ha logrado en buena medida sembrar la idea de que la actividad productiva y el sector servicios del país están muy cerca de la bancarrota total, y sus propietarios a un paso de la indigencia), la respuesta del Estado ha sido rápida, precisa y, hasta donde las finanzas nacionales se lo permiten, muy generosa y yo diría que más que suficiente. Casi no pasa día en que no se anuncien nuevas exenciones fiscales, dispensa del pago de obligaciones y derechos del Estado, liberación de obligaciones económicas con los trabajadores, subsidios a algunos de los insumos y, sobre todo y ante todo, una inyección directa de decenas de miles de millones de pesos “a los más golpeados por la crisis”. Todo ello, se insiste una y otra vez, con la muy justificada intención de evitar el cierre de empresas y negocios y, con ello, la pérdida de empleos que dañaría a los más débiles económicamente hablando. O sea que, al final de cuentas según eso, a quien se trata de beneficiar con tan cuantiosos recursos y ayudas no es a los empresarios en dificultades, como pudiera parecer a primera vista, sino a sus trabajadores, que serían los más perjudicados en caso del cierre por quiebra de su fuente de trabajo.
Naturalmente que no es mi propósito deslegitimar las medidas de rescate ni poner en duda los generosos propósitos que las animan. Creo sinceramente que, en una coyuntura tan difícil como la que estamos viviendo, cualquier cosa que se haga para paliar sus efectos más nocivos (como el desempleo masivo y el hambre entre la población de menores ingresos) no sólo es una necesidad real, sino una obligación ineludible de los gobernantes. Lo que yo quiero es poner de realce dos cosas que me llaman la atención. La primera es la parcialidad evidente de los medios en el tratamiento del problema. En efecto, mientras sobran los datos y los elementos de juicio para conocer la situación, por ejemplo, de los empresarios del ramo turístico, casi nada se dice sobre cómo han golpeado la crisis y la influenza (que son las mismas para todos) a la economía de los asalariados y de los marginados en general. Se informa que sube el dólar, pero se elude detallar cómo influye esto en el nivel de los precios, en la carestía de los productos de primera necesidad, a pesar de que es un hecho que la inflación está ya muy por encima de los pronósticos oficiales; se habla de “crear empleos”, pero no se dice ni una palabra sobre el nivel de los salarios, y se sigue sosteniendo, sin ningún rubor, la “teoría” oficial de que los incrementos a los mismos nunca pueden ser superiores a la tasa de inflación estimada, lo que equivale a decir, en lenguaje llano, que los aumentos no son tales aumentos, sino un pobre recurso para tratar de mantener la capacidad adquisitiva del salario; se dice que hay que evitar los despidos masivos, pero se ocultan las cifras reales del desempleo, que rebasan con mucho los datos oficialmente manejados.
La segunda cosa que quiero resaltar es la plena coincidencia entre la parcialidad de los medios y la del gobierno. Mientras éste abre las arcas nacionales a los empresarios en problemas, nada dice ni nada hace en apoyo de los más necesitados. Lejos de ello, crece el rumor de que los gigantescos desembolsos para las empresas se financiarán mediante “recortes” a ciertas partidas del presupuesto gubernamental, y que esas partidas no son ni pueden ser otras que las destinadas al gasto social, es decir, educación, salud, vivienda y cosas así. Desgraciadamente, estos rumores se ven confirmados diariamente por la dureza con que los funcionarios de los tres niveles de gobierno, sin distinción de lugar o de partido político, tratan a la gente que se acerca a ellos a solicitar, precisamente, esa clase de servicios: siempre fue difícil conseguir lotes baratos para la gente pobre, agua, electricidad, drenaje, láminas, pisos, etc., pero hoy se ha vuelto no sólo casi imposible sino, además, peligroso porque los funcionarios no escatiman amenazas y represión para someter a los tenaces y a los rebeldes. Una vez más, hoy como ayer, como hace años, como siempre, se aplica la famosa “ley del embudo”: la parte ancha hacia los ricos e influyentes, la parte angosta, el tubo pues, para los que nada tienen y necesitan más, pero mucho más, la ayuda oficial. Los pobres, por eso, no debemos olvidar jamás que somos la mayoría de este país; y que la unión, y sólo la unión, puede hacer fuertes a los débiles.