DE LA REVISTA BUZOS

Impunidad desde el gobierno

Por Darwin Franco Migues

Cuando la agenda política del gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, apunta al proceso de su sucesión en el año 2009, algunas organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos le exigen no olvidar que en el estado no habrá justicia hasta que no se aclaren algunos de los casos más controversiales de su gobierno: el de la BMW X-5 y el asesinato de Octavio Acuña. La respuesta del gobierno es simple: impunidad y silencio.

27 de noviembre de 2007, el tiempo ha pasado sobre la tumba donde yace el cuerpo de Marco Antonio Hernández Galván. Son ya tres años desde que fue asesinado a quemarropa por el misterioso conductor de una BMW X-5. Son tres años en los que el principal sospechoso, Federico Ruiz Lomelí -heredero de la fortuna de los dueños de la licitación de los productos de The Coca-Cola Company- goza de plena libertad tras ser exonerado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ). De ahí en adelante, todo es silencio y desapariciones.

Miguel Ángel Rivera Alcántar, principal testigo y acusador directo de Ruiz Lomelí, a decir de sus familiares y amigos -quienes se negaron a dar nombres por represalias- no habita en Querétaro desde 2006, aseguran que, por las presiones de la parte acusada, decidió irse a Estados Unidos a continuar sus estudios. El joven, de forma repentina, obtuvo una beca.

Los familiares de Marco Antonio Hernández han preferido dejar el tema por la paz en la espera de que un día llegue la justicia. El padre de Marco, Marco Antonio Hernández, el día que acudió al panteón a recordar a su hijo fue contundente respecto al tema y sólo precisó: “Ya no quiero hablar más, aún me quedan dos hijos”. Después partió acompañado de su esposa, quien sufre de problemas psicológicos a raíz de la muerte del llamado “Kikín queretano”.

Por su parte, el principal sospechoso ha declarado que su inocencia ya quedó comprobada y que lo único que espera es la justicia para Marco; sin embargo, el vehículo que poseía -BMW X-5 negro, con el que huyó el sospechoso de asesinato- ahora es gris; a decir de Ruiz Lomelí, “el cambio sólo se debe a que ya no quiere estar vinculado más con ese homicidio”.

La autoridad, a todo esto, lo único que ha manifestado en voz del procurador Juan Martín Granados es que se “sigue investigando” y que aún hay dos líneas de investigación abiertas: la más fuerte apunta al hijo del ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros. El hijo, René Juárez Albarrán, es la única persona que se tiene como presunto homicida, a pesar de que éste se presentó a declarar en forma voluntaria para presentar las pruebas necesarias de que el día de los hechos -27 de noviembre de 2004- no estaba en Querétaro. Pero esto ocurrió a finales de 2006, de ahí a la fecha, las investigaciones se quedaron en pausa. A decir del ex ombudsman queretano, Bernardo Romero, lo único que se intenta es ocultar al verdadero homicida. “Está claro que la autoridad contribuye a la impunidad, pues ya declaró enérgicamente quién no fue, mas no así al culpable. La autoridad no investiga nada, ni siquiera las amenazas a la familia del occiso o la misteriosa desaparición del principal testigo”.

Impunidad homofóbica

El 21 de junio de 2005, Octavio Acuña Rubio fue hallado muerto en su condonería “De colores”. El cuerpo del activista en pro de los derechos sexuales y reproductivos tenía diversas puñaladas en partes estratégicas; las heridas presentadas, hecho aunado al no saqueo de la tienda o de sus objetos personales, fue la principal sospecha de que el crimen se había dado por cuestiones homofóbicas.

Acuña Rubio, días antes de su asesinato, había puesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por discriminación homofóbica de elementos de la Guardia Municipal de Querétaro; sin embargo, la queja fue erradicada, al no presentar fundamentos de los presuntos responsables; esto, a pesar de que se sabía el nombre de los oficiales que lo agredieron. El activista denunció públicamente el actuar discriminatorio de la Comisión, el 15 de junio de 2005; a los seis días, murió asesinado en su negocio.

Desde un inicio, la autoridad precisó que el asesinato nunca fue por cuestiones homofóbicas, como aseguraban distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) locales, sino de un simple crimen pasional.La PGJ, de forma sorpresiva, resolvió en junio de 2006 que Ángel Palacios Rojas, alias “El chilango”, era el responsable del homicidio; éste, al ser menor de edad, fue ingresado al tutelar para menores. Palacios Rojas se declaró inocente de todo crimen.

Meses más tarde, Julio César Rodríguez, señalado como posible cómplice en el asesinato, confesó en lecho de muerte a su madre, Beatriz Arredondo, que él había asesinado a Acuña Rubio porque presuntamente éste lo intentó violar y le pidió a su progenitora dijera eso a la autoridad para que liberaran a Palacios Rojas, pues él no había asesinado a Octavio. Palacios Rojas salió libre en octubre.

Para Nadia Sierra, coordinadora estatal de la Asociación Queretana para la Educación Sexual (Aquesex) -organización a la que perteneció Acuña Rubio-, la libertad de Palacios Rojas no se dio por las declaraciones de Julio César, sino porque su abogado demostró que éste se encontraba laborando el día de los hechos.

“Al parecer, la autoridad lo único que intenta es desprestigiar la imagen de Octavio, al señalar primero que fue asesinado por un travestí y, después, afirmar que él era un violador de menores”, enfatizó la activista, quien, además, añadió que en entrevista con la madre de Julio César Rodríguez, ésta afirmó que la confesión de su hijo no fue en el sentido de que haya sido violado por Acuña Rubio, sino que sólo se centró en decir que se había señalado a un inocente

“Estamos igual que al principio, Octavio asesinado, un responsable que sigue suelto y muchas irregularidades en la forma de cómo se llevó y cerró el caso”, puntualizó Nadia Sierra.

Ante esto, las autoridades dijeron que el expediente ya está cerrado y que no será abierto por meras sospechas de las ONG´s, pues, a decir de la autoridad, “ya se hizo justicia y se tuvo a un culpable, que si éste murió es otro cantar”. Así, descartaron la homofobia como causa, atribuyendo el homicidio a la defensa ante un intento de violación, dudosa “confesión” de un moribundo.