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martes, enero 27, 2015

EL CANDIDATO DE LA CHUSMA





Postularía el PES a Carlos Villagrán, Quico
Por Mariana Chávez
Martes 27 de Enero/2015

El Partido Encuentro Social (PES) analiza postular al actor Carlos Villagrán, famoso por el personaje de Quico en el programa de televisiónEl chavo del ocho. El secretario general de organización y estrategia electoral del PES, Antonio Zumaya de la Mora, señaló que ya hay pláticas con el actor para determinar si contenderá por un puesto de elección popular, pero omitió precisar a cuál. Sostuvo además que el PES ofrecerá en la entidad las mejores ofertas políticas para ganar la confianza de los ciudadanos.

domingo, enero 25, 2015

VIOLENCIA SOCIAL

Expediente Tlatlaya
 Encubrimiento militar

El martes 13, el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, declaró que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos y abrió al público el voluminoso expediente de la PGR en los que se menciona a los generales Alejandro Saavedra Hernández y José Luis Sánchez León, así como al coronel Raúl Isidro Castro Aparicio, a quienes no se les señala en la Recomendación 51/2014 emitida por la comisión en octubre pasado. Al principio, la Sedena mostró su disposición a colaborar con la investigación, pero tras la decisión de González Pérez y conocerse el papel que jugaron esos militares, la dependencia optó por callar.

Por Gloria Letica Díaz
Proceso 1995 / 25 de enero de 2015

Las inconsistencias sobre la masacre del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya abundan en las miles de páginas de la investigación realizada por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).
En el voluminoso documento abundan declaraciones contradictorias de las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implicadas en la ejecución extrajudicial de 22 civiles en ese municipio mexiquense, así como protección a altos mandos castrenses y la falta de transparencia sobre la participación de integrantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en los hechos.
Todo ese material se condensó en 139 puntos de la Recomendación 51/2014, emitida por el entonces ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva el 21 de octubre pasado dirigida a la Sedena, la PGR y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.
Sin embargo, Luis Raúl González Pérez, quien sustutuyó semanas después a Plascencia Villanueva en la CNDH, consideró que en Tlatlaya hubo "violaciones graves" a los derechos humanos.
Esa decisión del nuevo ómbudsman nacional tomada el martes 13 permitió a Proceso revisar una versión pública del expediente abierto de oficio el 11 de julio de 2014, 11 días después de que la Sedena y el gobernador Ávila Villegas celebraron que integrantes del Ejército abatieran a 22 civiles en un "enfrentamiento" en el que un solado resultó herido.
La recomendación de Plascencia Villanueva -quien al principio respaldó la versión oficial de la Sedena- admitió que hubo entre 12 y 15 ejecuciones, mientras que la PGR mencionó sólo ocho, de acuerdo a la consignación del caso realizada en octubre.
Los efectivos militares que participaron en el ataque, con excepción del herido, quien fue exculpado, son: Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, a quienes se les acusa de homicidio calificado y alteración de la escena del crimen en una bodega del poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.
Asimismo, el oficial al mando Ezequiel Rodríguez Martínez se le acusa de encubrimiento, mientras que a Alán Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz y Samuel Torres López se les imputa ejercicio indebido el servicio público. Todos están recluidos en el Campo Militar Número Uno, donde se les juzga también por delitos contra la disciplina militar.
Sin mácula judicial están los generales de brigada Alejandro Saavedra Hernández y José Luis Sánchez León, comandante y excomandante de la 35 y la 22 zona militar, respectivamente, así como el coronel Raúl Isidro Castro Aparicio, del 102 Batallón, la que pertenecían los soldados procesados.
Ello a pesar de que en sus declaraciones la PGR y en documentos de la Sedena enviados a la CNDH los acusados admitieron la presencia de los altos mandos y mencionaron que personal de la Sedena y de los batallones 41 y 34, de Chilpancingo y Ciudad Altamirano, los acompañaron en esa ocasión.

Las inconsistencias

Al revisar la versión pública del expediente del caso Tlatlaya, la primera inconsistencia que salta es la hora en que ocurrieron los hechos. Mientras las tres mujeres sobrevivientes y vecinos de la bodega donde estaban las víctimas aseguran que la balacera se desató entre las tres y las cuatro de la madrugada del 30 de junio de 2014 y luego se escucharon detonaciones aisladas hasta que amaneció.
Por su parte, los ocho soldados implicados declararon ante el Ministerio Pública federal que el ataque se inició a las cinco y, según ellos, duró entre ocho y 10 minutos, lapso en el que presuntamente fueron abatidos los 22 civiles y uno de sus compañeros resultó herido. También comentaron que en la bodega se encontraban tres mujeres, quienes presuntamente habían sido secuestradas por los agresores.
En lo que no coinciden, según la versión consultada por el personal de la CNDH, es en los detalles, como el momento en que iniciaron los disparos, si eso sucedió antes o después de que un sargento les gritó a los presuntos agresores: "Ejército mexicano, ríndanse"; si los solados dispararon porque vieron a "una personas que corrió al fondo de la bodega" o porque otro más gritó: "¡Cúbranse! ¡Gente armada!! o a alguien  le pareció "sospechoso" que hubiera tres camionetas estacionadas en una bodega en obra negra.
De acuerdo con las citas tomadas por los investigadores de la CNDH del expediente abierto por la PGR, dos soldados aseguran haber escuchado que los presuntos atacantes pedían refuerzos a través de radios de onda corta; otro aseguró que, ante el ofrecimiento de "perdónales la vida", los presuntos sicarios respondieron: "¿No que muy machitos?, ¡Vengan por nosotros!".
Una inconsistencia más se refiere a la forma en que los militares vieron los cuerpos de los caídos. Dos de ellos mencionan que utilizaron una lámpara para revisar el interior de la bodega; así, expusieron, fueron descubriendo los cadáveres y a las tres mujeres sobrevivientes; otro sostiene que al ingresar a al bodega advirtió en medio de la oscuridad "por los pies", siete cuerpos tirados a pocos metros de la entrada.
Cuatro más dijeron que los refuerzos tardaron entre 20 y 40 minutos en llegar; eran de los batallones de Infantería 35, 41 y 34. Tiempo después arribaron los generales Saavedra Hernández y Sánchez León, y el coronel Castro Aparicio.
En su primera declaración ministerial, el teniente responsable de los operativos expuso que al término de la balacera ordenó al sargento acordonar el área "para preservar el lugar de los hechos; ya nadie entró"; además, pidió, "una ambulancia para evacuar al (soldado) lesionado", así como apoyo de personal militar.
Describió tambiéjn que primero llegó personal del 41 Batallón de Infantería -"que se encuentra de puesto avanzado en el municipio de Arcelia, Guerrero"-, después el coronel Castro Aparicio y más tarde el general Sánchez León, "a quien se le mostraron los impactos que recibió el vehículo en que viajábamos, el cual ya no arrancó".
En otra declaración ministerial ya como indiciado, él mismo omite la presencia de sus jefes y sostiene que "entre tres y cinco minutos" después del intercambio de balazos, envió al sargento a explorar la bodega, quien le informó que había 22 cadáveres y "tres mujeres escondidas".
El teniente concluyó con una aseveración autoexculpatoria: "Quiero hacer mención que en ningún momento ni yo ni mi personal movimos los cuerpos y, una vez que el sargento y yo hicimos el reconocimiento y corroboramos la cantidad de las personas fallecidas, le ordené al sargento que acordonara el área y que dejaran las cosas tal y como habían quedado. Sin embargo, las tres personas del sexo femenino se quedaron en el cuarto, ubicado del lado derecho de la bodega, debidamente custodiadas".
Sin embargo, aceptó que a las 6:30 horas llegaron entre 15 y 20 elementos en tres camionetas procedentes del puesto de mando de Arcelia; al frente de ellos iba un capitán, quien trasladó al soldado herido al hospital de San Pedro Limón.
La propia Sedena confirmó la presencia de altos mandos militares en Tlatlaya, en el documento TH-III-11127 del 17 de octubre, en el cual señala: "a las 13:00 horas aproximadamente arribó el general de brigada DEM (José Luis Sánchez León), entonces comandante de la 22 zona militar, y a las 13:45 aproximadamente el general de brigada (Alejandro Saavedra Hernández), comandante de la 35 zona militar, con el fin de supervisar las actividades del personal en su jurisdicción y que su actuación fuera en estricto apego a derecho".
El documento agrega que Saavedra Hernández notificó que a las 5:45 horas un capitán del 41 Batallón de Infantería, del que la versión pública de la CNDH omite el nombre, recibió una llamada de otro capitán destacado en Arcelia, notificándole la situación de Tlatlaya, por lo que el primero se dirigió "al lugar de los hechos con un oficial y 23 elementos de tropa y vehículos oficiales, arribando a las 0:30 horas aproximadamente, donde el personal a su mando únicamente proporcionó seguridad periférica" para apoyar al personal del 102 del Batallón de Infantería.

Más dudas

En su Recomendación 51/2014, la CNDH retoma los documentos en que la Sedena confirma la presencia de piquetes de militares en la zona de conflicto antes de que las autoridades ministeriales del Estado de México llegaran, entre las 12:30 y 13:00 horas del 30 de junio, lo cual juzga relevante, "si se considera que las víctimas V24 y V25 refirieron que cuando ingresaron los militares a su auxilio, aún había personas vivas al interior de la bodega".
Aunque no logra concretar el señalamiento, la CNDH resalta que con esos datos "se puede inferir que pudo haber más elementos militares en el lugar, además de los ocho que integran la base de operaciones en San Antonio del Rosario, mientras se privaba de su vida", a los presuntos sicarios.
En los documentos de la PGR abiertos por la CNDH se advierte la falta de colaboración de las autoridades judiciales militares, de acuerdo con la ampliación de declaración DH.III-11380,fechada el 9 de octubre.
En ese documento se informa al organismo público de la negativa del juez sexto militar a revisar el proceso abierto en el fuero militar por desobediencia e infracción de deberes castrenses correspondientes a cada militar, de acuerdo con su comisión o empleo.
Según la respuesta de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, los representantes de los procesados se opusieron a la revisión del expediente "considerando que los delitos por los que se les instruye a proceso a sus patrocinados son de índole estrictamente militar, sin existir víctimas civiles".
Un cabo que quedó suelto en la investigación y que lo reconoce la misma CNDH en su recomendación se refiere a la participación que tuvo personal de la Marina adscrito al municipio de Luvianos.
En su primera declaración ante la CNDH, la mamá de la adolescente aseguró que el tiroteo empezó entre las tres y cuatro de la madrugada; incluso pudo advertir que su hija estaba viva porque le tomó el pulso; y una vez que los supuestos maleantes se rindieron, los soldados "empezaron a matar uno por uno dentro de la bodega". Todo eso sucedió "antes de la llegada de los marinos y más militares".
La mujer aseguró que un marino la interrogó y "ordenó que mataran a los dos jóvenes que los hoy fallecidos habían amarrado de las manos e indicado que dijeran que eran secuestrados". Eso sucedió a las siete de la mañana, "ya que (el marino), al interrogarlos, no les creyó que eran secuestrados, por lo que los militares, después de dialogar entre ellos, los mataron a disparos".
Esta parte de la declaración de la mujer no se incluye en la recomendación 51/2014, pese a que en la respuesta que dio la Semar a la CNDH sobre su actuación en los hechos, hay por lo menos la coincidencia en la hora en la que los marinos llegaron a Tlatlaya.
De acuerdo con la información trasladada por la Semar a la CNDH el 3 de octubre, el grupo desplegado en Luvianos estaba compuesto de 21 efectivos, entre ellos el comandante -un capitán de fragata con especialidad de paracaidista, Diplomado de Estado Mayor-, cuyo nombre fue ocultado en la versión pública facilitada por el organismo.
El capitán de fragata informó al cuartel general del alto mando de la Séptima Brigada de Infantería de la Semar, Batallón de Fusileros Paracaidistas que a las 5:15 recibió una llamada anónima en la que se informaba que en Tlatlaya "se escuchaban detonaciones de armas de fuego que se decía era entre personal de la Sedena con integrantes de la delincuencia organizada".
Y añadió que cinco minutos después se comunicó con el comandante del 102 Batallón para confirmar el dato y ofrecer apoyo, llegando a un retén militar próximo al lugar de los hechos a las 7:30 con dos oficiales y 18 de "clases y marinería".
El oficial naval llegó a la bodega sólo con seis elementos. En el sitio se encontraba el coronel Castro Aparicio, del 102 Batallón, por lo que se ´presentó ante él.
El comandante del grupo de marinos asegura que en la bodega estaban tres pick ups con las puertas abiertas, así como "cuerpos en el piso, sin poder precisar su número y si éstos se encontraban con vida; además de ropa dispersa, algunas armas y basura".
Menciona que una de las tres mujeres le habló de que en las poblaciones de San Pedro Limón y Tlacouspa, municipio de Tlatlaya, "había entre 10 y 12 personas más que tambiéne staban secuestradas, incluyendo niños y adultos", por lo que decidió verificar esta información.
El coronel Castr Aparicio incluso ñe proporcionó un vehículo y personal militar, misión en la que la denunciante "nos acompañó, procediento a salir aproximadamente como a as 8:30 horas".
De acuerdo con el testimonio entregado por la Semar a la CNDH, a las 10:50 le oficial regresó a la bodega sin lograr su objetivo, y dejó a la mujer. Antes puso a su disposición a su personal para que la atendiera.
El recorrido para rescatar presuntas víctimas de secuestro descrito por el capitán de fragata no se aprecia en los testimoniales de militares ni de las sobrevivientes incluidas en la versión pública.
En un documento para dar respuesta a los señalamientos de la madre de la adolescente abatida, el jefe de la Unidad Jurídica de la Semar, Alejandro Miguel Vázquez Hernández, envió a la CNDH el oficio 18246/DH/14 en el que repite la versión del capitán de fragata.
Y para deslindarlo de cualquier señalamiento por violaciones a derechos humanos, explica que su función como comandante de la Base de Operaciones Luvianos "fue precisamente la de erradicar los secuestros y la extorsión, los principales delitos que se dan en el área sur del Estado de México y su colindancia con los estados de Guerrero y Michoacán".
También asegura que el capitán "contribuyó al rescate de 36 personas secuestradas y localizadas en el estado de Guerrero en el mes de mayo, todo esto derivado de la atención a denuncias de la población".


Los silencios de la Sedena

El 6 de noviembre, 16 días después de que el ómbudsman Plascencia Villanueva le envió la recomendación 51/2014, la Sedena emitió un boletín de siete párrafos en el que manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones.
En uno de ellos -el segundo- expuso: "Aun cuando esta dependencia del Ejecutivo federal no comparte algunos señalamientos contenidos en dicha recomendación, ha tomado la determinación de aceptarla por el interés de coadyuvar a esclarecer los hechos, y en el caso de que algún militar haya incurrido en conductas contrarias a la ley, a las virtudes militares y a nuestra vocación de servicio, sea sancionado conforme a derecho. Al mismo tiempo se velará para que todo militar que por el ejercicio de sus funciones enfrente una investigación penal, tenga un trato digno y un juicio justo, agotando todas las instancias, respetando en todo momento sus garantías constitucionales".
Sin embargo, cuando González Pérez, quien sustituyó a Plascencia Villanueva, dijo que en Tlatlaya se cometieron violaciones graves" a derechos humanos y abrió al público la investigación realizada por personal de la comisión al expediente de la PGR en los que se exhiben las imprecisiones y encubrimientos a varios generales, la Sedena guardó silencio.

viernes, enero 23, 2015

DELINCUENCIA / QUERÉTARO






Violento asalto a la sucursal Banamex de Ave. Universidad
Por Tania Talavera
Viernes 23 de Enero/2015

Robo con violencia se registró ayer por la tarde en el banco Banamex de la avenida Universidad, en donde un sujeto fue el encargado de levarse el cuantioso botín del cual se desconoce hasta el momento la cantidad.
El atraco ocurrió aproximadamente a las 12:00 horas en la plaza del Río, el sujeto al ingresar al banco amagó a los cuentahabientes, ahí les exigió el efectivo y en donde les indicó que si hablaban a las autoridades podía atentar contra sus vida.
Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado, tan sólo se indicó que fue una suma considerable la que se había llevado.
Uno de los testigos expresó haberlo visto, expresó que tenía una complexión media, y de una edad de aproximadamente 35 años de edad. (sic)
Resaltó que cuando entro (sic) los amenazo (sic) y pidió que se pusieran boca abajo y al acercarse a las cajas exigió los billetes de 500 y 200, y al obtener el efectivo huyó a pie sin rumbo fijo.
Finalmente elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y PGJ, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes, ahí indicaron que realizarían las investigaciones correspondientes revisando los videos de la sucursal, con la finalidad de dar con el delincuente.

lunes, enero 19, 2015

TRIÁNGULO DE LA INDOLENCIA



Fantasmas, beneficiarios de créditos en Caja Libertad
Redacción
Domingo 18 de Enero/2015

La mala sombra de Servicios Financieros Libertad no se agota en los vínculos con Oceanografía y el ex presidente de la entidad, Martín Díaz Álvarez. La detención de Juan Pablo Rangel Contreras y las investigaciones relacionadas con ella han comenzado a revelar una trama que apunta hacia otro lugar: los indicios llevan hasta dos personajes prominentes: Francisco Domínguez Servién, ex alcalde de Querétaro y ahora senador de la República y José Antonio Rico Rico, ex presidente de Caja Libertad y ahora acaudalado empresario inmobiliario.
Juan Pablo Rangel, actualmente preso en el Cefereso de Tepic, fue el operador de una maquinaria que estaba asentada en el ayuntamiento de Querétaro, en los años en que Francisco Domínguez fue alcalde (2009-2012). Rangel era mucho más que el contralor municipal, tenía funciones de tesorero. Tomó decisiones sobre la colocación de dinero del ayuntamiento en Libertad, a plazo fijo. Los intereses de estas inversiones eran pagados puntualmente. El capital servía para apuntalar a Libertad, mientras Rico Rico hacía las maniobras.
La parte más truculenta del asunto consistía en la creación de un grupo de acreditados fantasmas, que obtenían préstamos de Libertad, sin tener condiciones para pagar. Esta parte de la operación era del conocimiento de José Antonio Rico Rico, entonces presidente de lo que era la Caja Libertad.

domingo, enero 18, 2015

CASO AYOTZINAPA

Crece la rabia: que por lo menos investiguen al Ejército
En la última semana los ánimos se exacerbaron en Guerrero. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa, cansados del desdén de las autoridades a su petición de investigar al Ejército, arremetieron contra las instalaciones del 27 Batallón de INfantería en Iguala. Ese evento terminó por doblar a las autoridades federales. El martes 13, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a abrir las puertas del cuartel a los agraviados, e invitó a la CNDH a acompañarlos. Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro Prodh, dice el largo historia de abusos militares obliga a las autoridades civiles, por lo menos, a investigar al Ejército.

Por Gloria Leticia Díaz
Proceso / 18 de Enero de 2015

Las escenas de confrontación entre padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y soldados el lunes 12 frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, son muestra de su desesperación por saber dónde están sus hijos.
El desdén de las autoridades federales para atender institucionalmente su petición y la negativa del gobierno de Enrique Peña Nieto a abrir una línea de investigación sobre el Ejército alimentaron el encono de los padres, sostiene Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que los representan.
"Los papás han estado insistiendo mucho en este punto (la revisión de los cuarteles) desde hace tiempo. En ese sentido, lo que pasó el lunes 12 en Iguala se explica porque no se le ha buscado un cauce institucional a su petición", comenta Aguirre Espinosa a Proceso.
Esa inquietud por buscar a sus hijos en instalaciones militares ha sido una constante, insiste. El 29 de septiembre, por ejemplo, acudieron al 27 Batallón y preguntaron al comandante José Rodríguez Pérez sobre la refriega del 26 de septiembre.
El militar les dijo que se había enterado "al último" y rechazó que los soldados a su cargo hubieren participado en las detenciones de normalistas o de policías agresores. Pero los padres no han quitado el dedo del renglón.
El martes 13, en una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador General de la República, Jesúps Murillo Karam, los padres de los jóvenes desaparecidos lograron el compromiso de las autoridades para ingresar a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Horas después la invitación se hizo extensiva al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Debe investigarse al Ejército

En tanto se definen los términos y condiciones del ingreso al cuartel, sel subdirector del Centro Prodh advierte que la negativa del gobierno federal a abrir una línea de investigación sobre el Ejército ha exacerbado los ánimos.
"No concordamos con la PGR de que no hay un solo elemento en el expediente que justifique investigar al Ejército", sostiene Aguirre Espinosa. Y explica: si bien es cierto que "hasta ahora no hay elementos para decir que (tropas del Ejército) actuaron de manera directa en la desaparición, sí los hay para hablar de su participación en todo el contexto previo."
Al recordar la revisión que Proceso hizo del expediente de la PGR en su edición 1992, el abogado advierte que en los documentos oficiales hay pistas para "estimar que deben investigar los vínculos del 27 Batallón de Infantería con el cuartel de Guerreros Unidos".
La clave está, dice, en la declaración ministerial del exdirector de Seguridad Pública de Cocula, el mayor retirado Salvador Bravo Bárcenas, quien fue efectivo del 27 Batallón.
Según el testimonio rendido por Bravo Bárcenas el 15 de octubre pasado, en agosto de 2013 él denunció ante el comandante del cuartel de Iguala, Juan Antonio Aranda Flores, a varios de sus subalternos, entre ellos su segundo, César Nava González, de presuntos nexos con Guerreros Unidos. Sin embargo, los policías sólo comenzaron a ser investigados a partir de la desaparición de los normalistas.
Para Aguirre, eso demuestra que "lejos de generar una investigación, el Ejército protegió a Cesar Nava", identificado como uno de los principales responsables del ataque armado contra los estudiantes y de su desaparición.
Reconoce ese contexto previo "implicaría abrir una línea de investigación y agotarla para determinar si hubo alguna participación directa del Ejército el 26 y 27 de septiembre; no puede descartarse, en la medida en que sí están probados los vínculos Ejército-Guerreros Unidos", sostiene el abogado del Centro Prodh.
A este escenario de sospechas se suma un largo historial de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, un patrón de detenciones arbitrarias y resistencia a rendir cuentas a las autoridades civiles, agrega Aguirre.
"Como Ventro Prodh -dice- estamos convencidos de que en México sí existe un patrón de detenciones arbitrarias y en muchos casos de desaparición forzada cometidas en instalaciones militares, patrón acreditado desde la Guerra Sucia. Sin embargo nunca ha sido formalmente reconocido por el Ejército, porque nunca ha habido un proceso serio de justicia transicional de investigación de esos delitos.

Historias de los marinos

La utilizaci'ón ilegal de las instalaciones militares en la Guerra Sucia está acreditada den la recomendación 26/2001 de la CNDH y es "una práctica que no se ha eliminado", apunta.
Tras señalar que en Centro Prodh acompaña también casos cometidos durante la Guerra Sucia y el combate al narcotráfico, Aguirre Espinosa advierte que el patrón de detenciones arbitrarias en instalaciones castrenses está siendo replicado por la Secretaría de Marina (Semar).
Así lo demuestra el caso de Ciudad Medina Tamariz, cuyo domicilio en Veracruz fue allanado por marinos el 7 de agosto de 2012. Ella y su marido Isaías Flores Pineda fueron trasladados a las instalaciones de la Marina. Ahí Claudia fue torturada sexualmente y obligada a firmar una declaración autoinculpatoria. Día y medio después ella fue presentada ante los medios con armas y personas que no conocía; también se le acusó de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Ante el Ministerio Público los marinos dijeron que Claudia fue detenida a las 0:30 horas del 8 de agosto, pero el documento firmado por sus captores fue recibido 12 horas más tarde, dato que fue considerado por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito.
En la resolución de amparo contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada se advierte que por lo menos durante esas 12 horas Claudia estuvo en las oficinas de la Semar, "lugar donde le elaboraron los dictámenes médicos y los formatos de cadena de custodia", presentados por la dependencia.
Pese a la existencia de este patrón documentado de detenciones arbitrarias en instalaciones de las Fuerzas Armadas, hay una negativa para reconocerlas, particularmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al menos así lo ha demostrado el Centro Prodh en el litigio llevado en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) contra la opacidad de la Sedena, asunto en el que el organismo autónomo dio la razón a la organización civil.
El 28 de julio de 2014 los abogados del Centro Prodh ingresaron 79 solicitudes de información a oficinas de regiones, zonas y batallones militares para requerir relaciones de civiles, hombres y mujeres "detenidos en flagrancia por elementos de la Sedena, por haber solicitado una autoridad ministerial civil durante la fase de averiguación previa, aduciendo alguna cuestión de seguridad o por cualquier otra razón, de 2006 a la fecha".
Cuenta Aguirre: "Hicimos las solicitudes a partir del acompañamiento de víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas en instalaciones militares, partiendo de que obviamente el Ejército registra cualquier ingreso a sus instalaciones y considerando también que existe hoy la obligación de las autoridades mexicanas de hacer un registro de la detención".
El 16 de agosto, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, Luis Crescenciano Sandoval González, dio respuesta en un documento a las 79 solicitudes en un resolutivo de "inexistencia". Su argumento fue que "durante las operaciones que realiza el personal militar... en términos de lo establecido por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 2/o fracción IV y 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, las personas detenidas en flagrancia delictiva sin demora son puestas a disposición inmediatamente ante la autoridad ministerial correspondiente, quien conforme a sus facultades es la que acuerda su detención".

El espaldarazo del IFAI

El 28 de septiembre el Centro Prodh impugnó la resolución de la Sedena, a la cual considera "lisa y llanamente falsa", tomando en cuenta registros de la CNDH.
Además de citar la recomendación 26/2001 sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares en instalaciones castrenses durante la Guerra Sucia, el Centro Prodh hizo referencia en su escrito a la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, del mismo organismo, en la cual hay mil 155 quejas por "retenciones en instalaciones militares", de 2005 a 2012.
E los alegatos se incluyó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Israel Arzate Meléndez, detenido y torturado por militares en el Vigésimo Regimiento de Ciudad Juárez, para ser acusado de participar en la masacre de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, en enero de 2010, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso de los ecologistas guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, retenidos en instalaciones militares en 1998.
El recurso fue admitido por el pleno del IFAI, expedientes 4164/14 y 4269/14, que estudiaron los comisionados Joel Salas Suárez y Areli Cano, respectivamente.
El 3 de diciembre pasado, el plano del IFAI aprobó el proyecto de Salas Suárez, según el cual de la respuesta de la Sedena "no puede considerarse que hubo una búsqueda exhaustiva de la información" en las instalaciones militares, ni oficinas de la dependencia como la Dirección General de Derechos Humanos, con facultades para conocer de ese tipo de datos.
El ponente complementa las referencias que hizo el Centro Prodh con algunas recomendaciones emitidas por la CNDH "con motivo de la participación de personal militar en negociaciones ilegales".
Tomando tres ejemplos de la larga lista de recomendaciones, el comisionado determinó que "ha habido casos de retención en instalaciones militares", así como "acuerdos de retención" entre el Ministerio Público federal y el Ejército, para que civiles sean custodiados por personal castrense.
Por esos antecedentes y porque la propia Sedena tiene en su sitio de internet un apartado con la relación de recomendaciones recibidas de la CNDH, el IFAI falló a favor del solicitante de información.
En el resolutivo, notificado el 9 de diciembre al Centro Prodh, reconocen la necesidad de "reforzar el deber que tiene el sujeto obligado a llevar a cabo esfuerzos razonables para reunir información... toda vez que, tratándose de violaciones a derechos humanos, las víctimas y la sociedad en general tienen derecho a saber las razones, circunstancias y, en general, toda la información sobre los hechos constitutivos de os delitos".
Los comisionados aprobaron por unanimidad el proyecto de Joel Salas por el que instruye a la Sedena "a que realice una nueva búsqueda respecto de la cantidad de personas retenidas temporalmente en las instalaciones militares".
El pleno de IFAI recomendó a la Sedena a publicar en su sitio de internet y proporcionar los datos a los solicitantes de información para que tengan acceso.
"Hasta el momento no hemos sido notificados del cumplimiento del resolutivo, pero estimamos que se debe a que falta por resolverse el recurso que está siendo analizado por la comisionada Areli Cano, que esperamos que resuelva en el mismo sentido que el comisionado Salas", apunta el abogado Aguirre.
Esta muestra de reticencia de los mandos castrences por transparentar lo que ocurre en los cuarteles militares, e incluso ante órganos del Estado como el IFAI, dice, explican en parte el recelo manifiesto de familiares de los normalistas de Ayotzinapa y organizaciones sociales que los acompañan.
"La solicitud de los padres de que se abran los cuarteles es un reflejo de la exigencia de que el Ejército reconozca que tiene un historial de graves violaciones a los derechos humanos, que debe generar otras pautas de transparencia", señala.
Esa exigencia de los agraviados, recalca, "nos muestra que todavía está pendiente en la agenda tener unas Fuerzas Armadas de verdad comprometidas con los derechos humanos. Ese es uno de los muchos temas en los que la alternancia no generó cambios, pues la transición no tocó al Ejército".

jueves, enero 15, 2015

MERO TRÁMITE







Niega funcionario que se aprobara centro comercial en Querétaro
Por Mariana Chávez
Jueves 15 de Enero/2015
 El director de ecología de este municipio, César Chávez Nava, señaló que el cambio de uso de suelo autorizado a la empresa Impulsora y Promotora de Negocios Inmobiliarios no implica que ya tenga el permiso para construir un centro comercial con 550 cajones de estacionamiento en un predio de 47 hectáreas. Dijo que ahí se ubica un vaso regulador y los interesados deberán entregar estudios de impacto ambiental. Se negó a dar su opinión sobre los posibles efectos hidrológicos del cambio de uso de suelo y aseguró que no existe registro de algún proyecto de edificación en el terreno. En abril de 2014 el cabildo queretano autorizó el cambio de uso de suelo del predio, ubicado en la delegación Villa Cayetano Rubio, donde existe un bordo.

INSEGURIDAD / QUERÉTARO





Asaltaron a cuentahabiente y la despojaron de 169 mil
Jueves 15 de Enero/2015

Una pareja con arma de fuego en mano despojó a una señora saliendo de Bancomerd de poco más de 169 mil pesos, que acababa de retirar del banco.
El hecho ocurrió minutos después del mediodía, en la sucursal ubicada sobre Constituyentes, a un costado de avenida Tecnológico.
De acuerdo con la señora Esperanza Cayetano, de aproximadamente 50 años de edad, después de ser víctima de estas ratas amantes de lo ajeno solicitó ayuda a un uniformado de la policía.

miércoles, enero 14, 2015

EL MITO DE LA BONANZA




El desempleo en Querétaro
Por Filiberto López Díaz
El Universal Querétaro
Miércoles 14 de Enero/2015

El INEGI ha desmentido, que por lo menos en el ámbito del empleo formal y estable, Querétaro no es el paraíso como nos han querido “pintar” desde el gobierno. En noviembre la tasa de desempleo era del 6.32%; es decir, un incremento de 0.65 puntos con relación al mismo mes del 2013, cuando en octubre del 2014 era del 5.74%, porcentajes basados en la Población Económicamente Activa (PEA).
En Querétaro, 2014 no fue un buen año para el empleo: en enero el indicador registró 4.99% de desempleo, en mayo aumentó a 5.89% y se disparó en septiembre hasta el 6.69%, para disminuir en octubre, como ya lo apuntamos, al 5.74%. Querétaro se encuentra entre los estados que rebasaron el 6.00% de desempleo, muy por arriba de Guerrero (a pesar de la situación social) con el 2.22%, Yucatán (el estado más seguro de la República Mexicana) con el 2.64% y Durango con el 6.18%.
Extrañan las declaraciones de Marcelo López Sánchez, secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU) en el sentido de que en “noviembre pasado Querétaro alcanzó 34,000 nuevos empleos” El funcionario se basa en datos de la delegación del IMSS la que, según sus datos, en noviembre del 2014, el estado “generó 3,149 plazas con lo cual se registra un total de 454, 756 trabajadores afiliados al organismo (IMSS)”.
Es de notarse que ambos funcionarios, se concretan a citar cifras sin especificar, la rama comercial, de servicios o industrial en las cuáles se crearon, según ellos, “los nuevos empleos”; síntoma de época preelectoral. El error garrafal que administración tras administración, tanto local como federal han venido incurriendo, es basarse en las supuestas altas al IMSS de “nuevos trabajadores”, como si el Instituto fuese una fuente fidedigna e irrefutable de que efectivamente son nuevas fuentes de trabajo. Nada más alejado de la verdad y esto demuestra parte de la institucionalización de la mentira en Querétaro y en México, además del poco o nulo conocimiento de la Ley del Seguro Social, que por lo menos los dos funcionarios citados tienen.
En efecto, la Ley del Seguro Social contempla los siguientes seguros:
1.- Obligatorio que se divide (Art. 11) en 5 ramas: a.- Riesgos de Trabajo; b.- Enfermedades y Maternidad; c.- Invalidez y vida; d.- Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; e.- Guarderías y prestaciones sociales. Este tipo de seguro le corresponde a todo trabajador sujeto a una relación obrero patronal. Empero los otros seguros, no necesariamente corresponden a “la creación de fuentes de trabajo”, como el Seguro Voluntario (Art. 6 fracc.
2.- Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio; Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio y el Seguro Facultativo; así es que, quien utiliza vías distintas al Seguro Obligatorio, el IMSS los registra y da de alta como creación de fuentes de trabajo, lo que ya hemos visto que es falso.
Cuánta razón tenía Platón al expresar: “El precio de no involucrarse en política, es ser gobernado por los peores hombres” y no porque en Querétaro los tengamos, pero los que sí tenemos carecen no sólo de conocimientos en la materia, sino también en asesores especialistas en el tema.
Desde luego, amig@ lector@, usted tiene una mejor opinión.