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martes, julio 28, 2015

HOMICIDIO EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO





MATARON A UN HOMBRE EN PASEOS DEL MARQUÉS

Por Tania Talavera
Martes 28 de Julio/2015

Un hombre de aproximadamente treinta y cinco años de edad, fue asesinada ayer por la madrugada, en el exterior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Paseos del Marqués del municipio El Marqués.
Fueron vecinos los que dieron con el hallazgo sobre la privada Salamanca número 67, cuando se percataron que un hombres se encontraba lesionado por un arma blanca y el cual presentaba por lo menos tres lesiones graves en distintas partes del cuerpo, las cuales fueron las que la arrebataron la vida al instante.
Versiones de vecinos indicaron que era una persona tranquila, sin embargo no sabían más de él, ya que tenía muy poco tiempo de haber llegado a habitar la vivienda.
Sin embargo, expresaron que el fin de semana había tenido un convivio y que en algún momento se escuchó una discusión la cual no llegó a más ya que continuaron con la convivencia, no obstante, autoridades realizarán una investigación si ese pudo haber sido el causante de su homicidio.
Policía Estatal así como elementos de la Policía Municipal de El Marqués, tomaron conocimiento e informaron a las autoridades del Ministerio Público, quienes acudieron y realizaron las diligencias correspondientes y dieron inicio al número de averiguación previa 1/597/2015, para finalmente trasladarse el cuerpo a la morgue y realizarle la autopsia que marca la ley.

domingo, julio 26, 2015

NARCOTRÁFICO

Dice el gobierno intacta la red criminal del "Chapo"

Un documento de inteligencia de la Secretaría de Marína fechado en marzo de 2014 enlista una red de 242 compañías y al menos 203 empresarios y prestanombres -incluido un primo del expresidente Vicente Fox- que manejaban negocios legalmente registrados y sustentaban el enorme poder financiero del Chapo Guzmán. De acuerdo con el reporte. al que tuvo acceso este semanario, estaban por intensificarse las acciones contra las personas ahí señaladas, pero la Marina no actuó y ahora el capo está libre.

Por Anabel Hernándéz
Proceso 2021 / 26 de Julio de 2015

En marzo de 2014, días después de la detención del Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa, en las áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) se elaboró un documento que se refiere a una investigación sobre los contactos que el capo utiliza para su protección, "así como de las redes y los operadores financieros a su servicio a través de los cuales ha podido lavar cientos de millones de dólares en los últimos 13 años".
Este semanario tuvo acceso a ese análisis, según el cual forman parte de la red 242 empresas registradas en México y al menos 203 empresarios y prestanombres. Entre los señalados directamente está Gabriel Quesada Suárez, primo del expresidente Vicente Fox y representante del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México durante seis años (2017-2013) a petición del guanajuatense.
"La intensificación de las investigaciones no se centra únicamente en  las redes y actividades del Chapo -aclara el documento de la Semar-, sino también de los principales mandos del Cártel de Sinaloa, fundamentalmente Ismael Zambada, El Mayo; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Dámaso López Núñez, El Licenciado y su hijo Dámaso López, El Mini Lic, entre otros".
Por lo tanto, agregaban los redactores, "se espera que en el transcurso de las próximas semanas se asesten nuevos golpes contundentes a este cártel, con detenciones de varios de los principales, así como de sus cómplices, prestanombres y lavadores de dinero".
Pero eso no sucedió en los 17 mese que El Chapo permaneció tras las rejas: precisamente sus amplias redes de lavado de dinero y protección le permitieron fraguar su salida del penal de máxima seguridad del Altiplano, el sábado 11.
En junio de 2014 esta reportera, a través de la Ley Federal de Transparencia, hizo solicitudes de información a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) para conocer el número de empresas aseguradas, intervenidas o decomisadas al Chapo, sus familiares y socios, o relacionadas con el Cártel de Sinaloa, incluidos sus nombres y las fechas en que fueron afectadas.
La SHCP respondió que esa era competencia de la PGR, y ésta que la información era "inexistente".
El análisis de la Semar tiene una clara influencia del gobierno de Estados Unidos, pues incluye varias empresas y personas boletinadas por el Departamento del Tesoro desde hace años como parte de la red criminal del Cártel de Sinaloa. Por ese motivo se les prohíbe a los ciudadanos y empresas de ese país hacer negocios con dichas compañías.
Desde 2008 la Marina tiene una estrecha relación con los departamentos de Defensa y Estado del vecino país, tras la firma de un convenio de colaboración signado por el entonces titular de la Semar, Francisco Saynez, y el subsecretario del Departamento de Defensa Paul Mc Hale, el cual fue filtrado por wikileaks.
Para el gobierno estadunidense la Semar es la institución más confiable en México. Con ella ha organizado operativos como el del asesinato de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos, en diciembre de 2009, y la recaptura del Chapo Guzmán en febrero de 2014.
Según la Marina, esta es la red criminal directamente vinculada con Guzmán Loera.

Hijos y lugartenientes

En el documento se explica que ninguno de los hijos del Chapo con conocida participación en el Cártel de Sinaloa tuvo alguna posibilidad de sucederlo en el manejo de su facción.
Sobre Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Guzmán Loera y de su primera esposa, Alejandrina Salazar Hernández, se afirma: "A pesar de que firma parte de círculo más cercano del Chapo, se considera que no tiene la capacidad y la fuerza suficiente para hacerse con el control de este cártel".
Acerca de su hermano menor, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, se señala: "Igualmente carece de la capacidad y fuerza para tomar el control de este cártel". El otro notorio hijo del Chapo es Ovidio Guzmán López, a quien procreó con Griselda López Pérez y que, según la inteligencia de la Marina, "no tiene peso significativo al interior del cártel".
Tras la captura de Guzmán Loera, la Semar consederama a Dámaso López Núñez, El Licenciado, de 53 años, "uno de los operadores más cercanos" del capo, como posible sustituto en su facción del cártel.
Excomandante de la Policía Estatal de Sinaloa, era subdirector de Seguridad en el penal federal de Puente Grande cuando Guzmán Loera tomó el control del mismo y escapó en 2001. El padre del Licenciado, Dámaso López García, era un terrateniente de Culiacán y formaba parte de la cúpula estatal del PRI.
En cuanto Dámaso López Jr., El Mini Lic -hijo del Licenciado-, es uno de los principales mandos de Los Atrax, "grupos de sicarios al servicio del Cártel de Sinaloa que se caracterizan por su violencia y crueldad (...) es ahijado del Chapo Guzmán y uno de sus colaboradores de más confianza. Se inició desde adolescente en el narcotráfico y tiene actualmente 28 años", indica la Marina.
Igualmente señala a Cenobio Flores Pacheco,  quien también se hace llamar Luis Fernando Castro Villa como jefe de plaza del Chapo en Mexicali y en la zona fronteriza de Sonora. El semanario Zeta lo ubicó en la célula de Gonzalo Inzunza, El Macho Prieto, presuntamente abatido por los marinos en Puerto Peñasco, Sonora, en diciembre de 2013.
A Armando López Aispuro se le ubica como el jefe de plaza en San Luis Río Colorado, Sonora; a Felipe de Jesús Sosa Canizalez, El Gigio, en Nogales, Sonora, y a José Javier Rascón Ramírez, El Khadafi, en Agua Prieta. Todos ellos fueron boletinados en mayo de 2013 como gente de Guzmán Loera por el Departamento del Tesoro estadunidense, a través de su Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Los operadores financieros

De acuerdo con el documento de inteligencia de la Marina, Alejandro Flores Cacho, también conocido como Abel Robles Valdez, es uno de los operadores financieros del Chapo. Su nombre fue mencionado por primera vez como tal por el Departamento del Tesoro en octubre de 2010, con sus principales cómplices y 18 empresas.
"Opera desde hace años una extensa red financiera al servicio del Chapo Guzmán -indica la Semar-. Asimismo, ha sido uno de los responsables de la transportación aérea de este cártel, tanto de drogas como de los mandos."
En octubre de 2012 el Diario Oficial de la Federación publicó un edicto en el que se informa as Flores Cacho que la PGR inició un procedimiento de extinción de dominio sobre tes propiedades suyas en la capital de Chihuahua: dos en el fraccionamiento Quintas del Sol y otra en Hacienda de Santa Fe.
"En México las empresas que opera Alejandro Flores Cacho se ubican principalmente en Baja California, Morelos, Distrito Federal, Estado de México y Chihuahua. Esta red viene siendo monitoreada desde hace varios meses y se han iniciado ya acciones legales sobre algunas de las empresas de esta red, aunque se espera que éstas se intensifiquen en breve", se indica en el documento de la Semar, pero no hay registros de que eso haya sucedido.
Entre las firmas que se mencionan están JR Controladora de Restaurantes, que en 2005 estaba dada de alta por la SHCP en el padrón general de importadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el número 255242. El 21 de octubre de 2013, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó la liquidación de dicha empresa en ceros. El liquidador fue Javier Román Vélez Paz.
También aparece la compañía Espinosa, Montenegro y Asociados, S.A. de C.V., que también formó parte del padrón de importadores y en 2005 fue rechazada por no presentar los pagos provisionales de impuestos.
Capacitación Aeronáutica Profesional, S.C., inició operaciones en Cuernavaca, Morelos, en 2004 y fungía como academia para pilotos. Desde hace años se sabe que el aeropuerto de esa ciudad es un centro de operaciones del Cártel de Sinaloa, del cual ahí descarga droga y dinero.
Actualmente la compañía aparece en una lista de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el permiso L-46, correspondiente a escuelas de capacitación y adiestramiento. Para ello registró una dirección en el Distrito Federal.
En el mismo caso está Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Sericios Aéreos, S.A. de C.V. (MATSA), que opera en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.
Su manejo está a cago de Administtradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), cuyo socio mayoritario es el controvertido consorcio español OHL y el minoritario es el gobierno mexiquense, que se encarga de la administración.
Aero Express Intercontinental, S.A. de C.V. (AIESA), con sede en el Distrito Federal, aparece en la Relación de Sociedades Inscritas en el Registro de Empresas Transportistas de Mercancías en Tránsito, de la Administración de Recintos Fiscalizados del SAT, entre las autorizadas para operar en las aduanas de Guadalajara, así como en la Ciudad de México y su aeropuerto internacional.
En 2003 fueron detenidos por la PGR sus dueños, José Widoblo Hernández y Antonio Anaya Silva, acusados de tráfico de droga y lavado de dinero. Entonces no se les asoció con el Cártel de Sinaloa. La empresa sigue operando en la calle Oriente 158, número 390-E, en el Distrito Federal, con Gustavo Ibarra Sánchez como gerente general y Widoblo Hernández como administrador.
Quien aparece como contacto de dicha empresa es Onésimo Amaya Alemán. Éste tiene la cédula 1320976 como profesional técnico en siderurgia del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. También fue boletinado por la OFAC y, según la Semar, sería detenido tras la captura de Guzmán Loera en febrero de 2014, lo cual no ocurrió.
Como parte de esa red financiera se menciona a Arturo Ruiz de Chávez Martínez, licenciado en derecho y apoderado legal de las empresas Flores Cacho. Se anuncia como integrante del bufete de abogados Martínez y Ruiz de Chávez y Asociados, así como representante de la Asociación Civil Promotora de Exposiciones de la Frontera Sur, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
También se señala a Arturo Massa Camacho, Diana Lorena Toro Díaz -la esposa colombiana de Flores Cacho, detenida en 2006 por no haber declarado su verdadera nacionalidad y por delincuencia organizada-; Javier Flores Cacho, hermano de Alejandro; Jair Fernando Urrea Lenis, y Óscar Arturo Jasso Rocha y Enrique Torres Gómez, identificados como "pilotos y responsables del manejo de las aeronaves de este grupo delictivo".
Según el documento de la Marina, también es parte de la red de Jorge Luis Llanos Gazia, de origen colombiano pero con ciudadanía mexicana, quien fue señalado por el Departamento del Tesoro desde 2011, junto con Agustín Reyes Garza, Don Pilo. Se detectó que ambos, hoy prófugos, tienen vínculos con la empresa Basaltos Tonalá, dedicada a la venta de materiales de construcción en Jalisco.


Los proveedores y el primo de Fox

Piezas clave en la red financiera son Ezio Benjamín Figueroa Vázquez y su hijo Hssein Eduardo Figueroa, acusado en una Corte de Distrito estadunidense, en Virginia, de lavado de dinero y tráfico de precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas.
Se señala en el documento de la Marina que primero trabajaron para el Cártel de Los Valencia, pero cuando éste se deshizo empezaron a colaborar con El Chapo. "A finales de 2011 Enzo Benjamín Figueroa fue capturado en México", relata, pero su hijo "siguió adelante con el tráfico de precursores químicos y la red de lavado de dinero, encontrándose actualmente prófugo". Además, la Semar enlista 16 empresas boletinadas por Estados Unidos en abril de 2012, contra las que ya preparaba "acciones".
Entre otros objetivos, también se investiga actualmente a Gabriel Quesada Suárez, primo del expresidente Vicente Fox Quesada y exrepresentante del gobierno de Jalisco en el DF -indica el informe de inteligencia de la Semar-. A Quesada Suárez se le vincula con una red de lavado de dinero a favor del Cártel de Sinaloa operada por Saúl Saucedo (a) El Ingeniero, de acuerdo con el expediente 12-cr-02106, radicado en la Corte del Distrito Oeste de Texas, con sede en El Paso".
Es la primera vez que se sabe de una investigación del gobierno mexicano sobre Quesada Suárez. El 23 de enero de 2014 se le mencionó en el expediente 12-cr-02106, radicado en El Paso, Texas, como presunto cómplice de una operación para lavar 600 millones de dólares en Estados Unidos.
La operación era encabezada por el abogado mexicano Marco Antonio Delgado Licón, expareja sentimental de la primera esposa de Fox, Lillian de la Concha, y que el 24 de enero de 2014 fue sentenciado a 20 años de prisión por la Corte de Distrito Oeste de Texas.
En un documento fechado el día antes de la sentencia, el fiscal de Distrito Robert Pirtman refirió que, a decir de Delgado Licón, "si alguien estaba involucrado en el tráfico de drogas era Quezada (sic)".
Registros de la SCT indican que el primo de Fox tiene la concesión de la academia Aviación Integral Regional (Aire), que opera en el aeropuerto Jorge Jiménez Cantú, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

jueves, julio 23, 2015

JOSÉ CALZADA ROVIROSA, ESENCIA








El gobernador de Querétaro enfurece con atleta que le pidió apoyo

23 de julio de 2015
Deportes



QUERÉTARO Qro., (apro).- El gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa se molestó hoy con un atleta queretano quien le solicitó apoyo para viajar a una competencia en Sarajevo, capital de Bosnia, en Europa.
“¡Ya los apoyé mucho!, contestó exasperado el mandatario priista al joven Samuel Facundo Ugalde Aguilar, quien triunfó en el Campeonato Panamericano de Cadetes de Luchas Asociadas celebrado hace unos días en Guadalajara.
Samuel se acercó para hacer su petición cuando el mandatario, acalorado, se quitaba el saco, después de participar en un acto realizado en la sede de la LVII Legislatura del estado.
Calzada Rovirosa le recomendó al joven acudir al Instituto del Deporte de Querétaro (Indereq). Samuel le expuso entonces que ya lo había hecho sin obtener algún tipo de ayuda.
Iracundo, el mandatario les dijo al joven y a su padre que no había cómo apoyarlos y además añadió que ya los había apoyado mucho. Enseguida Calzada se subió a su camioneta junto al diputado Braulio Guerra y se marchó.
Samuel permaneció unos minutos fuera del Congreso local junto con su padre, Jesús Ugalde, para intentar que alguno de los diputados aceptara apoyarlo. Según comentó el campeonato mundial de la especialidad está programado del 25 al 30 de agosto, en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia.
Jesús Ugalde es hermano del regidor electo de Querétaro, Paulino Ugalde González, así como del coordinador de comunicación social del Comité Directivo estatal del PAN, Saúl Ugalde González.
Este último expuso en su cuenta de Facebook, este jueves, que el mandatario se equivoca, porque su sobrino no ha recibido apoyo pese a sus méritos deportivos.
“Su frase de ‘ya los apoyé mucho’ aplica para sus amigos, para Juan José Ruíz, para Tonatiuh Salinas, los primos Foyo, el secretario de salud y sus camillas, el ineficiente procurador de injusticia y sus desaparecidas, el diputado Marco Antonio León Hernández y su jugosa jubilación de 47 mil pesos mensuales, los responsables del desastroso sistema de transporte y tantos otros funcionarios que usted encumbró. A esos si les puede gritar ‘ya los apoyé mucho’ y hasta rematar con un ‘bola de inútiles’”, escribió.
Saúl Ugalde lamentó la postura del mandatario queretano y también lo criticó porque “sigue aferrado a la imagen inventada de ser el mejor gobernador del universo”.
Durante este sexenio, los tres hijos del señor José Ugalde González han exhibido irregularidades y falta de apoyo en diferentes áreas vinculadas al deporte.
Además, el gobernador de Querétaro llega a su sexto y último informe de gobierno, que rendirá el próximo domingo, cuestionado por las deficiencias en el transporte público, un aumento en la inseguridad, por presuntamente haber incurrido en espionaje y la derrota de su candidato, Roberto Loyola Vera, en el pasado proceso electoral

REDES SOCIALES... LA TRAMPA

Es evidente el cambio registrado en la forma en que la gente se allega de información a raíz del surgimiento de las redes sociales. El posicionamiento de esta herramienta cibernética, ha potencializado el flujo de información y la rapidez de propagación de la misma, al tiempo que, ha evidenciado la carencia de criterio y  ética profesional de la enorme mayoría de medios convencionales que se manejan como un corporativo más de las instituciones públicas y privadas.
En México el 44.4 por ciento de la población de seis años o más  ha declarado ser usuaria de internet (reporte INEGI 2015), y aun cuando representa un porcentaje relativamente menor respecto al total de la población, dichos números han influido en cuestiones importantes en cuando al funcionamiento e incluso permanencia de funcionarios públicos en su cargo y del comportamiento mismo de la ciudadanía, pues por igual en las redes sociales han sido exhibidas conductas inapropiadas de senadores, diputados, policías y el mismo presidente de la República, hasta ciudadanos de a pie y del mismo clero.
Sin embargo, no todo lo que se proyecta en las redes sociales es de carácter social o utilitario. En esta modalidad de comunicación, lo mismo podemos encontrar videos, fotos, comentarios y editoriales, siempre dando pie a un acontecimiento que reviste importancia a un sector de la población.
Si bien es cierto que ahora es más fácil mantenerse informado, también lo es que dicha facilidad de informarse es proporcionalmente inversa a resultar engañados. Esto porque la mayoría de cibernautas carecen de los elementos suficientes que los lleve a identificar cuál y qué cosa de lo que ve en las redes sociales debe ser considerado para elaborar criterios propios.
Con suma frecuencia nos encontramos con personas ávidas de protagonismo que trasladan esta conducta a las redes sociales, y que denotan un profundo desconocimiento acerca del tema que están abordando. Es el caso que éstas mismas personas, resultan ser los referentes de otras más para formarse de sus propios criterios y opiniones, lo cual se convierte en un problema sistemático que termina en una deformación informativa igual o peor que la implementada en los medios de carácter institucional.
Es menester de quienes somos usuarios frecuentes de las redes sociales, tomar con reserva todo lo que vemos o leemos en el formato de información aquí expuesto, pues muchas ocasiones las imágenes y las palabras fuertes, afectan la objetividad con la que debe elaborarse un criterio y hacer eco de comentarios que adolecen de bases y fundamento.

martes, julio 21, 2015

EJECUTAN ABOGADO EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO





Ultiman a abogado

Por Francisco Javier Maldonado
Martes 21 de Julio/2015


Atado de pies y manos, así como amordazado y con varios disparos de arma de fuego en todo el cuerpo, uno de ellos en la cabeza, familiares encontraron al abogado, Héctor Uribe Pérez, mejor conocido como "El Tortas", de 64 años de edad, en su casa en la calle Río Blanco, en la comunidad de Agua Azul, El Marqués (por la Telesecundaria), la madrugada de ayer.
Al abogado, lo encontraron tirado con varios impactos de bala en el cuerpo y una toalla cubriéndole la cabeza así como una gran mancha de sangre en torno al cuerpo; al quitarle la toalla, fue como descubrieron que tenía un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Vecinos de la comunidad que pidieron el anonimato, refirieron que este abogado tenía varias propiedades y se había hecho de ellas con base a su actividad como abogado y que uno de los móviles podría ser el robo, ya que había desorden al interior de toda la casa.
Al arribo de policías municipales de El Marqués, de la PID y del Estado, se acordonó la zona y se fijo la cadena de custodia a la llegada de los peritos de la PGJ, quienes recabaron todos los indicios del asesinato.
El agente del MP, dio fe del levantamiento del cadáver y su traslado al anfiteatro para la necropsia de ley y así saber las causas reales del deceso.
En tanto se abrió la carpeta de investigación por homicidio calificado y se dieron instrucciones a elementos de la PID para que inicien las investigaciones en torno al caso.

lunes, julio 20, 2015

DELINCUENCIA / QUERÉTARO





5 Hombres armados atracan un domicilio

Por Tania Talavera
Lunes 20 de Julio/2015

Cinco hombres armados, realizaron un robo a una casa habitación en San José el Alto, en donde amagaron e intimidaron a los habitantes de la vivienda para poder realizar el atraco.
El despojo ocurrió sobre la carretera a Chichimequillas sobre el kilómetro 6+500 a la altura de San José el Aloto, cuando los sujetos aprovecharon que la zona se encuentra sola y cometieron el delito.
Información recabada indicaron que los delincuentes ingresaron a la casa, y los habitantes fueron amagados y al mismo tiempo les pidieron que se fueran al fondo de la casa para poder realizar el robo.
Fueron cerca de 60 mil pesos los que se robaron los sujetos, mismos que al haber realizado el robo, huyeron con rumbo fijo, a bordo de una camioneta.

domingo, julio 19, 2015

REPORTE ESPECIAL

Funcionarios del gobierno dieron vía libre

Tras la segunda fuga del Chapo Guzmán, el gobierno federal parece empeñado en enterrar la atención pública en el túnel que suúestamente utilizó el capo. Pero una investigación iniciada antes del escape con base en decenas de entrevistas a abogados y familiares de presos, personal penitenciario y exdirectivos de penales de máxima seguridad, revela que es imposible construir un túnel o salir de cualquier otra forma sin la complicidad de autoridades del más alto nivel. Esa información señala también a los actores que, dentro y fuera del penal, dejaron vía libre al Chapo Guzmán.


Por Anabel Hernández
Proceso 2020 / 19 DE JULIO DE 2015

A las nueve de la noche del sábado 11, los presos d módulo de Tratamientos Especiales del penal de máxima seguridad  del Altiplano fueron despertados violentamente por los guardias, que los sacaban de sus celdas, los desnudaron y les echaron encima a los perros. Los animales les oliesqueaban cada centímetro mientras los custodios revisaban las celdas. Era una práctica común en cualquier día, en cualquier momento y sin aviso. Pero en la madrugada se enteraron de la fuga del preso 3578, ubicado en la celda 20: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
El gobierno federal le informó a una comisión del Congreso que la alerta de fuga se dio en 15 minutos; sin embargo abogados y familiares de internos entrevistados por Proceso, señalan que demoró varios minutos más. Reos de los módulos 4 y 5 comentan que a las 9:30 de la noche aún podían hacer las llamadas telefónicas reglamentarias. Aproximadamente una hora después corrió el rumor de que El Chapo había muerto. Se escuchaba mucho movimiento. A la media noche los internos escucharon que el primer helicóptero sobrevolaba la zona.
Uno de los presos más sorprendidos del módulo de Tratamientos Especiales fue Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, quien había regresado a ese penal tres meses antes, como resultado de una batalla de amparos, pues fue trasladado a la prisión federal de Puente Grande cuando El Chapo llegó al Altiplano.
La corrupción ya predominaba en ese penal y crecía. Por eso Treviño Morales peleó por volver. Existen datos sobre el deterioro en la seguridad del penal desde 2010, pero a raíz de la llegada del Z-40 en 2013 y del Chapo en 2014, la corrupción escaló a niveles de escándalo.
Todo esto ante la impasibilidad de los operadores de Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el presidio, de los efectivos de la Policía Federal (PF), cuya División de Inteligencia es la responsable de manejar las cámaras y micrófonos, así como de pasar lista a los reos.
Igual actitud mostró el personal del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (ODPRS), responsable de los penales federales, y de la Dirección General de Políticas y Desarrollo Penitenciario, ambos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Todas estas instancias dependen de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, y el subdirector de Gobierno, Luis Enrique Miranda.
En una investigación que inició antes de la fuga del Chapo, este semanario confirmó con testimonios de empleados, abogados y familiares de internos, que el consumo de droga y la corrupción en el penal del Altiplano era tal, que pese a los supuestos dispositivos para inhibir las señales telefónicas, en los módulos funcionaban aparatos telefónicos.
Por 150 mil pesos se podía comprar un celular "encajuelado", es decir, introducido por un preso en su recto, envuelto en una bolsa de plástico. Quienes no alcanzaban ese privilegio tenían que pagar 25 mil pesos por una llamada y 10 mil por un mensaje de texto; el caso era que los capos pueden seguir manejando sus negocios delictivos desde la prisión.
El narcotraficante Gerardo Álvarez, El Indio, presume de tener en su nómina a la mitad del penal, principalmente directivos y custodios.
Y durante los siete meses que estuvo preso ahí el Z-40 era el amo. Así como pagaba a los abogados de los zetas presos, también hacia que sus defensores y operadores depositaran dinero para otros internos. Muchos de ellos, olvidados por sus familias, podían así comprar jabón, galletas, agua embotellada, papel de baño y otros productos. Los convirtió en sus incondicionales.
Ejercía el mando con dinero y una fuerte campaña de intimidación, que incluyó el asesinato del testigo protegido de la PGR con clave Karen en las plazas Outlet Lerma, en las inmediaciones de Toluca. El propio Treviño Morales divulgó en la prisión que dio esa orden para mostrar su poder y dar un escarmiento (Proceso 2017).
Sin embargo, ni El Indio ni el Z-40 lograron escapar. Para salir de ese penal corrupto se requería de otro nivel de complicidad.
En julio de 2014 y febrero de 2015 Guzmán Loera había vulnerado los esquemas de seguridad en el penal del Altiplano, como lo hizo en el de Puente Grande antes de su primera "fuga" (Proceso 1968, 1969 y 2000.
Fuentes del reclusorio federal afirman que, tras la recaptura de Guzmán Loera, el presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones para poner ahí otro círculo de seguridad a cargo del Ejército y con vigilancia permanente del Cisen. De acuerdo con la información recabada, ninguna de esas instancias hizo su trabajo. El Chapo pudo huir gracias a funcionarios del gobierno federal dentro y fuera del penal, y con el apoyo de Ismael Zambada García, El Mayo, quien nunca dejó de ser su aliado e incluso fue responsable de enviar al grupo de abogados encabezado por Óscar Gómez para atender todas sus necesidades, Gómez también fue abogado de su hijo, Vicente Zambada.
"Todo se escucha y todo se ve", comenta sobre el sistema de seguridad del Altiplano un exfuncionario de alto nivel en el área de penales federales.

Los responsables de la "fuga"

Antes del segundo escape del Chapo algunos funcionarios tenían información sobres sus actos corruptores y por lo tanto la tarea de darle seguimiento. Sin embargo, permitieron que su poder en la prisión siguiera aumentando. Uno de ellos es Ramón Pequeño García, quien era jefe de la División de Inteligencia de la PF.
Él era el responsable de las cámaras de seguridad y micrófonos, que se ubican en el centro de control y en las celdas, incluida por supuesto la del Chapo Guzmán.
Un exfuncionario de alto nivel del sistema penitenciario federal, quien pidió el anonimato por precaución, explica que todas las cárceles de alta seguridad en México tienen un esquema de redundancia para "vigilar al que vigila" en caso de corrupción. La celda de Guzmán Loera no sólo era monitoreada en el centro de control del Altiplano, sino a través de Plataforma México por el equipo de Pequeño García.
En el video difundido por Gobernación es evidente la conducta irregular del Chapo al meterse en área de regadera en horas prohibidas, vestido y con zapatos. Si el policía federal en el Altiplano no lo vio -argumenta la fuente-, en la Plataforma México hay otro equipo monitoreando que debió haberlo detectado. De lo contrario, dice, hay una clara complicidad.
Asimismo, los pases de lista le corresponden a la PF. El último es las nueve de la noche, y los llamados "delfines" o "corzos" -elementos de la división de Pequeño García- están en todos los pasillos desde las 8:15.
Pequeño García es uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y fue acusado con su equipo de recibir pagos del crimen organizado, particularmente del Cártel de Sinaloa y sus aliados.
En noviembre de 2012 Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quien fuera aliado del cártel de Sinaloa por muchos años y luego de los Beltrán Leyva, denunció que él personalmente y otras organizaciones criminales pagaron sobornos a Pequeño García. Pero éste fue despedido apenas el martes 14, tras el escape de Guzmán Loera.
Sólo su equipo tenía acceso al Centro de Control del penal, y pese a que hay sistemas de videovigilancia y grabación de audio, ninguno dio pie a medidas preventivas, aun cuando había señales de que el capo había corrompido a todo el penal. Menos aún fueron eficaces el día en que el famoso recluso se fue de la cárcel.
En el Altiplano la PF graba las conversaciones de los internos con sus familiares y con los abogados. Esta reportera tiene transcripciones de las pláticas de Alfredo Beltrán Leyva con uno de sus abogados, en los que se queja de la poco actividad de su otro defensor, Américo Delgado, quien fue ejecutado en Toluca en 2009.
Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, fue subsecretario de la SSP cuando García Luna era el titular. Pequeño García entregaba un reporte diario sobre las tareas de inteligencia realizadas en los penales federales de alta seguridad. Si por esa vía le dio informes reales a Rubido, éste debió actuar de inmediato para evitar que El Chapo controlara la prisión.
El titular del Cisen es Eugenio Ímaz, que trabajó con Osorio Chong cuando éste fue gobernador de Hidalgo; pero durante los primeros dos años del sexenio, hasta hace cinco meses, el responsable de área de inteligencia -y de esas tareas en los penales federales- era Gerardo Elías García Benavente, hombre de confianza del subsecretario Luis Enrique Miranda, a quien llama compadre, y que se ostenta como amigo del presidente "Enrique".
García Benavente también trabajó en la PF. Actualmente ostenta el cargo de coordinador general de Contrainteligencia, y Daniel Santos Gutiérrez Córdova es el coordinador general de inteligencia, pero en el interior del Cisen se afirma que García Benavente controla esas dos áreas y le reporta directamente a Miranda.
La investigación también arrojó que Juan Ignacio Hernández, titular del ODPRS y exsubprocurador de Quintana Roo, lo mismo que Celina Oseguera, directora general de Políticas y Desarrollo penitenciario, extitular de la Agencia Federal de Investigación, fueron advertidos de que el Altiplano era una bomba de tiempo. No hicieron nada. El día de la "fuga", Oseguera no estaba en su puesto; argumentó que fue a cuidar una propiedad que tiene en Colima ante la alerta emitida por el volcán.
Valentín Cárdenas, director general del Altiplano, lleva 20 años trabajando en cárceles federales. Era el responsable directo del presidio y en su escritorio tenía seis u ocho monitores de las áreas de mayor riesgo, como Tratamientos Especiales y Medidas Especiales. Es tal su responsabilidad que debe vivir en el penal; sólo sale cada 15 días.
Personal vinculado a las actividades del Altiplano afirma que Cárdenas siempre fue muy servicial con Guzmán Loera, su familia y abogados, siempre dispuesto a atender cualquier petición suya.
Cuando El Chapo llegó a la prisión de alta seguridad, hubo un reacomodo de jefes de plaza por módulo, Por ejemplo, se obtuvo información de que al regresar Treviño Morales al Altiplano, mandó golpear a La Barbie.
El director técnico, Librado Carmona García, junto con el jefe del Centro de Observación y Clasificación .presuntamente, su compadre- es el responsable directo  haber asignado la celda 20, en Tratamientos Especiales: la de Guzmán Loera.
Esto llama la atención porque la 20 es la celda más cercana a la colonia Santa Juana. Se afirma que las reubicaciones de los presos son decididas por Carmona García "ante el mejor postor", a veces sin razón, para extorsionar a los internos: son llevados al área de Medidas Especiales, donde el único contacto es con el guardia, no hay llamadas ni visitas, no se puede comprar en las tienditas. Las autoridades del penal "le ponen el precio al aislamiento".
El senador Alejandro Encinas fue parte de la comisión bicamaral que hizo el recorrido por el penal del Altiplano tras el escape de Guzmán Loera. Al preguntarle si la celda 20 es donde siempre había estado el capo, señaló que eso afirmó Gobernación, pero nunca le mostraron un documento. De igual forma, el gobierno les dijo a los legisladores que la PF y los directivos del penal emitieron la alerta de fuga 15 minutos después de la huida, pero tampoco presentó pruebas de eso.

El ostentoso control del capo

En el Altiplano hay ocho módulos divididos en las secciones A y B. Existe un cuerpo de Seguridad Penitenciaria y la de Guarda y Custodia. La primera se encarga de la seguridad interna, de sacar y meter a los internos de sus estancias, trasladarlos a locutorios, enfermería, visita familiar o íntima. La segunda se encarga de vigilar que no haya ataques externos, que los visitantes no introduzcan cosas prohibidas o que ingresen personas sin permiso o con documentos falsos.
Una de las fuentes consultadas afirmó que el túnel por el que escapó Guzmán Loera, según el gobierno, es imposible de construir "a menos que las tres compañías lo permitieran", la Policía Federal y los cuerpos de Seguridad Penitenciaria y Guarda y Custodia.
De acuerdo con los datos obtenidos, tras la llegada del Chapo la situación empeoró´. El capo no sólo vulneró los sistemas de seguridad en el penal y en el juzgado donde se llevaban a cabo sus audiencias, sino también en el exterior.
Desde hace seis meses el líder del cártel de Sinaloa formó un equipo de colaboradores que se desplazaban en un automóvil Tsuru de color claro y modelo reciente, sin rótulos ni marcas distintivas. Se le veía rondando las inmediaciones del penal y dejando paquetes o sobres en tienditas cercanas a la entrada principal de la prisión, en Santa Juana: la colonia donde se construyó la casa adonde desemboca el túnel. El equipo de abogados de Guzmán Loera, incluido Óscar Gómez, también dejaba sobres con mensajes o dinero.
Las tienditas alrededor del penal también sirven como servicio de correspondencia. Abogados, familiares o empleados de los internos pueden dejar mensajes en papel, dentro de sobres cerrados, por 10 pesos; la persona que los recoge paga otros 10 pesos.
A través de ese sistema no sólo Guzmán Loera sino también el Z-40 y El Indio sobornaron al personal penitenciario. Todo esto bajo la supuesta vigilancia de la PF y del Ejército, en dos cercos de seguridad colocada a raíz de que fue recluido Guzmán Loera. Los testigos afirman que ni la operación del Tsuru ni la entrega de sobres era discreta, pues se realizaba de día y frente a quienes debían vigilar el exterior.
"La PF y el Ejército estaban ahí como el parapeto perfecto", dijo uno de los informantes consultados. No supervisaban los vehículos por más llamativos u ostentosos que fueran.
Personas involucradas con los internos narran que desde hace dos meses había nueva forma de meter teléfonos celulares a las celdas: en las televisiones a las que las reas tienen derecho, siempre y cuando el consejo se los autorice. Que dejaran pasar los aparatos costaba 5 mil dólares. Al menos tres de los narcotraficantes más importantes contaban ya con sus teléfonos mediante esa modalidad.
Un suceso que mostró la falta de seguridad en el penal fue el de abril pasado, cuando la Comisión Nacional de Seguridad informó que en el área de prácticas judiciales del penal una mujer con papeles falsos entró a ver al Chapo Guzmán, por lo que el organismo responsable de los penales federales iba a presentar una denuncia ante la PGR. Hace un mes se supo que la presunta visitante fue Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local panista de Sinaloa.
De acuerdo con los entrevistados, después de ese incidente se hizo mucho más rígido el ingreso al penal; se exigía estampar las huellas digitales. Pero la medida duró cerca de 15 días.
Las fuentes añaden que uno de los puntos de mayor relajación en el sistema de seguridad del penal es cuando los presos van a juzgado. Es cuando el abogado, con documentación apócrifa, puede hacer que una persona confiable para el interno entre para conversar con él. Ahí no hay micrófonos y es una práctica común porque los juzgados son los que autorizan la entrada de las personas.
Esto recuerda la situación que predominaba en la prisión federal de Puente Grande antes de la huida de Guzmán Loera en enero de 2001: diversas voces dentro y fuera del penal advirtieron de la corrupción y control del capo, quien recibía comida de los mejores restaurantes de Guadalajara, prostitutas, cocineras o internas en su celda. También tenía una red de presos a su servicio y hasta un secretario particular.
El expediente judicial del caso, del cual tiene copia Proceso, revela que desde 1999 Jorge Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública de Gobernación; Miguel Ángel Yunes, director general de Prevención y Readaptación Social, y Enrique Pérez Rodríguez, sobdirector de Prevención y Readaptación Social, contaban con informes directos sobre el pleno control que Guzmán Loera ejercía en el penal.
Personas como Guadalupe Morfín, entonces presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, y Antonio Aguilar Garzón, supervisor de seguridad y Traslados dentro de penal, dieron información precisa, pero fueron ignorados. Las consecuencias son conocidas.
Cuando ocurrió la primera fuga, Tello Peón era responsable de los penales federales en la recién creada Secretaría de Seguridad Pública y Pérez Rodríguez fue nombrado director general de Prevención  y Readaptación Social.
Las sanciones por aquel escape del Chapo nunca llegaron a los altos niveles de gobierno, pese a las pruebas contundentes de negligencia o complicidad. Unos cuantos custodios y directivos de Puente Grande fueron encarcelados, y liberados poco a poco por falta de pruebas o condenados a penas cortas, y aun en estos casos nunca pisaron una cárcel de máxima seguridad, sino penales locales del Distrito Federal, en los que gozaron de privilegios.
Uno de los últimos en salir fue LeonardoBeltrán Santana, nada menos que el director del penal cuando ocurrió la primera fuga, a quien la SSP a cargo de García Luna le concedió la preliberación por buena conducta en junio de 2010, tras cumplir nueve de los 18 años a que estaba condenado.

sábado, julio 18, 2015

SAQUEADORES





Querétaro: avalan por primera vez jubilar a diputado en funciones

Por Mariana Chávez
Sábado 18 de Julio/2015

Diputados locales aprobaron en la sesión del pleno de este viernes que su homólogo y presidente de la mesa directiva, Marco Antonio León Hernández, se jubile con un salario de 47 mil pesos al mes tras haber tenido en 41 años puestos en la administración pública estatal y municipal.
Es la primera vez en la historia que legisladores autorizan una jubilación a un representante popular en funciones,porque la ley en la materia no lo prohíbe y León Hernández obtuvo un laudo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El diputado también solicitará en enero próximo su jubilación como docente de la Universidad Autónoma de Querétaro con salario de 40 mil pesos más y tendrá derecho a recibir alzas salariales, como lo estipula la Ley de Trabajadores del estado.
La propuesta fue aprobada con 21 votos en favor y una abstención (la de León Hernández), con lo que concedieron la jubilación al legislador del partido Movimiento Ciudadano, el cual perdió el registro estatal tras los resultados electorales del pasado 7 de junio.
En la misma sesión, 354 dictámenes de jubilación fueron aprobados por el pleno. Personal de comunicación social prohibió a reporteros el acceso al salón por disposición de la Fuerza Aérea Mexicana, cuyo nombre quedó inscrito en el lugar en una ceremonia solemne desarrollada después de la sesión.
León Hernández dijo tener la conciencia tranquila porque el trámite lo realizó apegado a la ley. Señaló que no es la primera vez que un representante popular se jubila, entre éstos, ediles y regidores’, de quienes no reveló nombres por considerar queatentaría contra ellos.
En los artículos 136 al 138 de la ley laboral se decreta que tienen derecho a jubilación los trabajadorescon 30 años de servicio, sin importar la edad, y en la cuantía del sueldo será tomado sólo el empleo de mayor jerarquía, si el trabajador disfruta de dos o más.