En Querétaro, los menores infractores de 12 a 18 años, serán consignados por el Procurador Juan Martín Granados Torres y juzgados por la que es su esposa, Mariela Ponce Villa.
La magistrada Celia Maya García, la única que se opuso al nombramiento de la señora Granados como Juez para justicia de menores, ve un “conflicto de intereses”.
En realidad, se eligió a una persona inexperta por puro “compadrazgo”, resume Héctor Parra Rodríguez, especialista jurídico y ex presidente del Consejo Tutelar para Menores.
Doce de los trece magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, permitieron que los menores que hayan delinquido, sean consignados por el procurador Juan Martín Granados Torres, a través de los Ministerios Públicos a su cargo, y juzgados por su esposa, Mariela Ponce Villa.
Y es que el 18 de enero pasado, los magistrados de Querétaro, excepto Celia Maya García, eligieron a Mariela Ponce Villa, esposa del procurador, Juan Martín Granados Torres, como la juez “especializada” en juzgar a los menores, sin importarles el detrimento que esta decisión puede causar al Poder Judicial y a la justicia misma.
A decir de la magistrada, Celia Maya, a quien se le solicitó que explicara la razón de negar su voto a Mariela Ponce, existe un conflicto de intereses debido al matrimonio entre el procurador y la juez, y el trabajo que van a desempeñar. “Porque él es el jefe del Ministerio Público, entonces se iba a dar la situación de que el esposo consigna y que la esposa juzga y que esto nos ocasiona un conflicto de intereses, un conflicto que tendría que tomar en cuenta el Tribunal”, puntualizó.
Maya agregó que la situación puede generar una “mala imagen” en el Poder Judicial, porque existe un conjunto de intereses en la juez “que la colocaban en una situación de impedimento”.
¡Aquí y donde quieran!
A Jesús Garduño Salazar presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se le preguntó sobre el asunto, e inmediatamente, surgió un envalentonado presidente del Poder Judicial que retó a quien quiera discutir la decisión de él y de los otros 11 magistrados o cualquier otro tema en materia jurídica a un “foro público”.
“Yo sigo invitando al que tenga interés a un foro público, a discutir como profesionista en derecho, sin apasionamientos y sin tendencias malignas, solo con la ley en la mano, el tema que ellos quieran discutir”, se jactó.
Además, el representante del poder judicial destacó la “capacidad” de la ahora juez para la justicia de menores y el hecho de que no podían “marginarla” nada más por ser esposa del procurador.
“Hoy, me extraña que en el estado de Querétaro, siguiendo la corriente internacional, se hable de proteger a las mujeres, se hable de la marginación, e insistan en querer marginar a una persona por el solo hecho de ser mujer y esposa” alegó.
Agregó que esta mujer tiene doctorado en derecho, 17 años de servicio dentro del Poder Judicial, una reconocida trayectoria académica y obtuvo la mejor calificación de los aspirantes, razones por la que no le podían negar el derecho de “ejercer sus aspiraciones y ejercer su profesión, hasta el grado máximo que pudiera optar”.
En contraste para Celia Maya, precisamente el que tenga 17 años de trabajar en el Poder Judicial, es muestra de que no existe una violación a su derecho de trabajar, sino que esta vez existe un conflicto de interés, por lo que se debió impedir esta situación.
Negarlo es mentir
El especialista en materia jurídica, Héctor Parra Rodríguez, da “en el clavo”. Mariela Ponce Villa, en realidad no tiene experiencia en la impartición de justicia para menores, como tampoco la tienen los magistrados que la eligieron. “Alguien que hable lo contrario simplemente está mintiendo”.
El ex presidente del Consejo Tutelar para Menores, explicó que a diferencia de antes, el nuevo sistema de impartición de justicia, para los adolescentes, consiste en aplicar la justicia a “raja tabla”, lo que obligaba a elegir un juez con la experiencia suficiente y el conocimiento integral sobre los menores y no a una persona joven y por consecuencia inexperta.
“Quién esté al frente, pues requiere sin lugar a dudas, el conocimiento no solo del derecho, sino el conocimiento de la conducta del ser humano, la conducta del menor que requiere ser ayudado en el aspecto educacional, en el aspecto psicológico, en el aspecto social, en el aspecto académico y en el aspecto, incluso, de preparación, que se le denomina la capacitación”.
Parra recordó que estos jóvenes apenas están en formación como seres humanos, por lo que no se trata de una readaptación, sino de una rehabilitación y por consecuencia el Estado les debe proporcionar ayuda.
Sin embargo explico que “todo parece indicar que empezamos de cero, que vamos a probar, a ver, a través del paso del tiempo, que las cosas pueden resultar de acuerdo al espíritu de la ley y no anticipadamente como debió haber sido”.
Los alegres compadres
El especialista en materia jurídica, Héctor Parra Rodríguez, fue más allá y concluyó que aún prevalece la política del “amiguismo”, del “compadrazgo” y del “padrinazgo”, en la designación de las personas que estarán en cargos importantes en la administración pública.
“De ahí (que) veamos figuras tan importantes como el presidente del TSJ, (Jesús Garduño Salazar), que se inclina a favor de un compromiso, cuando menos eso es lo que deja ver, cómo el presidente municipal se inclina por un sentimiento y una emoción eminentemente personal (al promover a su hermano como Secretario de Servicios Municipales), lo mismo sucedió con el magistrado Salvador García cuando fue promovido por su hermano (como magistrado) y ejemplos podría haber muchos más, si hurgamos dentro de lo que corresponde a la administración pública” aseguró.
Aunque aclaró que a la licenciada, Mariela Ponce Villa, le guarda respeto y estima, explicó que no pierde la objetividad sobre el asunto. “En el caso particular, parece ser que la carrera judicial, en el caso que analizamos, no tuvo nada que ver, ni (la) tomaron en cuenta los magistrados, cuando es un principio fundamental consagrado en la propia constitución del estado”.
Por ello, dijo que comparte, el criterio jurídico de la magistrada Celia Maya García.
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