DE LA REVISTA BUZOS

Regresión constitucional en Querétaro

El conservadurismo avanza en Querétaro. Ahora, una sorpresiva operación en el Congreso local, calificada como un auténtico “tamal legislativo”, cocinado al vapor y en lo oscurito, en 8 días escasos, con el respaldo del PAN, PRI y Convergencia, modificó la Constitución local, que perdió o redujo, así, la mayoría de los artículos con que contaba, con lo que se eliminan del texto la totalidad de las garantías individuales, antes expresamente enunciadas y ahora no escritas “para no repetir las que están en la Carta Magna”; desaparecen formas de participación ciudadana, como el referéndum y la iniciativa popular, antes escritas literalmente en el texto, y ahora relegadas a una formulación general de una futura reglamentación; se quita obligatoriedad a las decisiones del Órgano estatal de transparencia, que ahora se juntará con la Comisión de Derechos Humanos y compartirá con ésta el carácter no obligatorio de sus recomendaciones; se elimina la facultad del Congreso de revisar las cuentas públicas, se otorga facultades al gobernador para otorgar indultos, y se le blinda ante posibles sanciones, pues deja como única vía, que el Tribunal Superior de Justicia interponga una controversia constitucional, lo que se ve imposible, pues con la presente reforma, la mayoría de sus miembros actuales han sido declarados inamovibles, lo que ha sido interpretado como el sellamiento de un pacto de no agresión con el actual grupo gobernante, quien también hizo amarres para que los consejeros electorales gocen en lo sucesivo de fuero y el actual Auditor Superior pueda prolongar su estadía en el puesto hasta por ocho años más. Al mismo tiempo, se deshizo de compromisos con instancias con las que el actual partido en el poder ha tenido problemas, como la Universidad, que en la nueva Constitución local deja de aparecer en el listado de entidades autónomas.

Ahora, casi al final del segundo gobierno panista en Querétaro, se generaliza lo que hace algunos años reportábamos en buzos como rasgos iniciales de una política regresiva y anti popular en la formulación de las leyes en Querétaro, que dio como resultado, en aquel entonces, la modificación del Código Penal, en las postrimerías del sexenio de Ignacio Loyola Vera, lo que elevó a delito grave, sin derecho a fianza, la promoción de fraccionamientos por la vía de la organización popular, es decir, al margen de las compañías fraccionadoras que, al amparo gubernamental, han amasado enormes fortunas, llenando el territorio estatal con un gran número de pequeñas y costosas casas, y a la postre ha llevado a la cárcel a varios dirigentes populares.

“La filosofía” que alentó aquel primer paso represivo se asoma en las célebres palabras del gobernador de entonces: ‘’a los detractores del Partido Acción Nacional hay que tratarlos como al perro de la tía Cleta. Al primer ladrido hay que partirles el hocico”. Años después, bajo el gobierno filoyunquista de Francisco Garrido Patrón y con el voto cómplice de los partidos mencionados, la partida de madre alcanza rango constitucional en Querétaro, donde hoy se respira, literalmente, intolerancia y persecución.