Demanda por “daño moral” REVIVE CASO BMW
Podrán ganarme legalmente pero no moral ni socialmente, afirma Julio Figueroa, uno de los demandado
Por Victor López Jaramillo
Tribuna de Querétaro 23 de junio de 2008 – Año XII – No. 4556
A tres años y medio del asesinato de Marco Antonio Hernández Galván, el crimen no ha sido resuelto y no hay nuevos indicios para dar con el responsable; sin embargo, el “caso BMW”, como es conocido popularmente, sigue latente en la opinión pública debido a una demanda por daño moral interpuesta contra Gerardo Miguel Rivera Alcántar, principal testigo de los hechos, dos empresas periodísticas, abogados que llevaron el caso y el escrito Julio Figueroa.
Ahora, en tribunales no se va a dirimir quién es al autor material del homicidio, sino en una demanda en detrimiento de la integridad moral, honor, decoro, reputación, vida privada, apreciación de los demás, y cualquier otra análoga, en perjuicio de Federico Humberto Ruiz Lomelí, quien fue señalado por Gerardo Miguel Rivera como presunto responsable del homicidio; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del estado, a través de su titular Juan Martín Granados, en abril de 2005, dijo que las imputaciones hechas eran jurídicamente insuficientes y veraces para ejercitar acción penal alguna contra el señalado.
Ruiz Lomelí, vía quince abogados, demanda a quienes lo acusaron por la afectación causada por concepto de daño moral generado por los tendenciosos señalamientos, injustificadas imputaciones y acusaciones sobre el caso BMW, en los que, de acuerdo con el expediente de la demanda entregada al escritor Julio Figueroa y difundido por éste, el demandante no tuvo participación, ni intervención.
Este jueves 12 de junio, el escrito Julio Figueroa Medina, quien desde 2004 ha dado seguimiento al caso exigiendo que se resuelva llegando al extremo de desnudarse en Plaza de Armas al cumplirse el primer aniversario del asesinato, presentó ante el juez de Primera Instancia en Materia Civil, Carlos Manuel Septién Olivares, se defensa jurídica.
En una carta pública difundida por Internet, Julio Figueroa Medina afirma que su pelea no es contra la familia Ruiz Lomelí, ni Ruiz Rubio ni Ruiz Obregón, “mi lucha ciudadana es contra la impunidad del poder y por la procuración de justicia”.
Asimismo, en el mismo documento se pregunta”¿Cómo conciliar ambos interéses: la libertad de expresión y la honra de un inocente? Diría que cediendo un poco cada una de las partes. Cediendo y concediendo una parte de uno para encontrarse a la mitad del puente democrático con el otro que defiende y da prioridad a un valor distinto al nuestro.
Bien. Por mi parte prometo libremente seguir ocupándome del caso BMW y de la procuración de justicia del mismo, procurando firmemente no ofender al joven hombre de bien Federico Humberto Ruiz Lomelí”.
Finalmente, el escrito concluye que esta demanda implica una doble batalla: “La pelea legal y la de la opinión pública. Y es un doble delito: el crimen real de la BMW y el presunto daño moral cometido por los hoy codemandados. Dos cosas distintas y sin embargo conectadas: la investigación jurídica de un crimen sin criminal, y la pelea legal y de imagen pública de un juicio civil. Por mi parte digo, con toda humildad, podrán ganarme y sentenciarme legalmente pero no moral ni socialmente”.
Por su parte, el también escritor Agustín Escobar Ledesma afirma en un texto entregado a este semanario que “a mi muy particular entender, el regimiento de abogados de Federico Ruiz Lomelí ha fallado en su estrategia, al acusar de daño moral a periodistas y empresas periodísticas, desconociendo de facto la Libertad de Expresión y de Prensa garantizadas en los artículos 6°. Y 7° de nuestra Carta Magna”.
“Si desde aquel fatídico 27 de noviembre de 2004, para evitar los señalamientos y los rumores sobre la probable implicación de Federico Ruiz Lomelí en el asesinato de Marco Antonio Galván Hernández, hubieran contratado los servicios de inteligencia de un grupo de investigadores privados, en coordinación con las autoridades judiciales, para dar con el paradero del asesino y presentarlo ante las autoridades correspondientes y a la opinión pública la inocencia de su defendido”.
Podrán ganarme legalmente pero no moral ni socialmente, afirma Julio Figueroa, uno de los demandado
Por Victor López Jaramillo
Tribuna de Querétaro 23 de junio de 2008 – Año XII – No. 4556
A tres años y medio del asesinato de Marco Antonio Hernández Galván, el crimen no ha sido resuelto y no hay nuevos indicios para dar con el responsable; sin embargo, el “caso BMW”, como es conocido popularmente, sigue latente en la opinión pública debido a una demanda por daño moral interpuesta contra Gerardo Miguel Rivera Alcántar, principal testigo de los hechos, dos empresas periodísticas, abogados que llevaron el caso y el escrito Julio Figueroa.
Ahora, en tribunales no se va a dirimir quién es al autor material del homicidio, sino en una demanda en detrimiento de la integridad moral, honor, decoro, reputación, vida privada, apreciación de los demás, y cualquier otra análoga, en perjuicio de Federico Humberto Ruiz Lomelí, quien fue señalado por Gerardo Miguel Rivera como presunto responsable del homicidio; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del estado, a través de su titular Juan Martín Granados, en abril de 2005, dijo que las imputaciones hechas eran jurídicamente insuficientes y veraces para ejercitar acción penal alguna contra el señalado.
Ruiz Lomelí, vía quince abogados, demanda a quienes lo acusaron por la afectación causada por concepto de daño moral generado por los tendenciosos señalamientos, injustificadas imputaciones y acusaciones sobre el caso BMW, en los que, de acuerdo con el expediente de la demanda entregada al escritor Julio Figueroa y difundido por éste, el demandante no tuvo participación, ni intervención.
Este jueves 12 de junio, el escrito Julio Figueroa Medina, quien desde 2004 ha dado seguimiento al caso exigiendo que se resuelva llegando al extremo de desnudarse en Plaza de Armas al cumplirse el primer aniversario del asesinato, presentó ante el juez de Primera Instancia en Materia Civil, Carlos Manuel Septién Olivares, se defensa jurídica.
En una carta pública difundida por Internet, Julio Figueroa Medina afirma que su pelea no es contra la familia Ruiz Lomelí, ni Ruiz Rubio ni Ruiz Obregón, “mi lucha ciudadana es contra la impunidad del poder y por la procuración de justicia”.
Asimismo, en el mismo documento se pregunta”¿Cómo conciliar ambos interéses: la libertad de expresión y la honra de un inocente? Diría que cediendo un poco cada una de las partes. Cediendo y concediendo una parte de uno para encontrarse a la mitad del puente democrático con el otro que defiende y da prioridad a un valor distinto al nuestro.
Bien. Por mi parte prometo libremente seguir ocupándome del caso BMW y de la procuración de justicia del mismo, procurando firmemente no ofender al joven hombre de bien Federico Humberto Ruiz Lomelí”.
Finalmente, el escrito concluye que esta demanda implica una doble batalla: “La pelea legal y la de la opinión pública. Y es un doble delito: el crimen real de la BMW y el presunto daño moral cometido por los hoy codemandados. Dos cosas distintas y sin embargo conectadas: la investigación jurídica de un crimen sin criminal, y la pelea legal y de imagen pública de un juicio civil. Por mi parte digo, con toda humildad, podrán ganarme y sentenciarme legalmente pero no moral ni socialmente”.
Por su parte, el también escritor Agustín Escobar Ledesma afirma en un texto entregado a este semanario que “a mi muy particular entender, el regimiento de abogados de Federico Ruiz Lomelí ha fallado en su estrategia, al acusar de daño moral a periodistas y empresas periodísticas, desconociendo de facto la Libertad de Expresión y de Prensa garantizadas en los artículos 6°. Y 7° de nuestra Carta Magna”.
“Si desde aquel fatídico 27 de noviembre de 2004, para evitar los señalamientos y los rumores sobre la probable implicación de Federico Ruiz Lomelí en el asesinato de Marco Antonio Galván Hernández, hubieran contratado los servicios de inteligencia de un grupo de investigadores privados, en coordinación con las autoridades judiciales, para dar con el paradero del asesino y presentarlo ante las autoridades correspondientes y a la opinión pública la inocencia de su defendido”.
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