PROPONEN TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PESCA
ACCIONES PARA SALVAR DE LA CRISIS AL SECTOR
Denuncian política fragmentaria e ineficaz en la pesquería
Baja participación de la pesca en alimentación y fomento al empleo; más alto los costos de producción que de comercialización
Necesario hacer coherentes y con sentido social la producción y los financiamientos
El sector pesquero atraviesa una crisis evidenciada por la disminución de las capturas, falta de rentabilidad y eficiencia, a lo que se suman conflictos sociales e incoherencias en la protección ambiental y desmantelamiento de las instituciones encargadas del ramo. Ante esa situación las y los trabajadores del Sindicato de Pesca hemos decidido tomar la iniciativa y además de denunciar la situación del sector queremos hacer públicas propuesta que pueden mejorar el panorama crítico de la pesquería.
La política gubernamental para enfrentar la crisis ha sido insuficiente y fragmentaria, basada únicamente en el incremento de subsidios, que llegan ya a 30 por ciento del PIB sectorial. La desatención a la pesca condujo, incluso, al desmantelamiento institucional del sector durante el sexenio de Vicente Fox.
La pesquería ha sido presentada siempre como una fuente de proteínas de bajo costo y buena calidad; también de empleo y divisas, sin embargo no hay una administración que considere cuidadosamente los límites e interacciones entre los recursos explotados y el número de usuarios con acceso a los mismos, así como la dimensión real del sector.
Desde los años 80 las capturas totales se han estancado en cerca de un millón 200 mil toneladas y el crecimiento de las principales pesquerías es muy pequeño o negativo. Dividido entre los habitantes del país el consumo aparente de productos pesqueros anual, es de 7.0 kgs per cápita. La contribución en porcentaje del consumo de proteínas a la dieta nacional es de 5.7 por ciento, contra el 17 por ciento promedio mundial.
La captura de atún, uno de los productos más populares, tuvo un crecimiento muy dinámico en los 80, gracias a la tecnología de cerco. Sin embargo, una década después su crecimiento promedio fue negativo, de –0.46 por ciento anual. A partir de 1997, la pesquería de camarón tuvo una tendencia descendente de –2 por ciento anual, en promedio. Si se resta de la captura total las producciones de atún, camarón (pesquerías y cultivo), y pelágicos menores, las capturas globales de las otras especies tienden a disminuir en un promedio de 1.4 por ciento por año desde inicios de los 90.
Asimismo, la producción de las pesquerías de agua dulce (acuacultura), ha descendido 30 mil toneladas desde 1990 (de 130 mil 143 a 102 mil 979, un promedio de dos mil toneladas menos por año.
La política pesquera se ha montado sobre un modelo orientado hacia altas tasas de extracción en corto tiempo, en especial de especies cotizadas en el mercado exterior. Sin embargo, ese modelo ha llegado a sus límites. Aunque en los últimos 15 años el valor de las exportaciones pesqueras nacionales ha aumentado en términos absolutos, cuando se estandariza el valor al precio del dólar en 1992, el valor económico de éstas tiene una tendencia decreciente.
La contribución de la pesca en el PIB del sector agropecuario es de alrededor de 3 por ciento. Respecto al PIB nacional. La participación alcanzó su máximo a mediados de la década de los 80 (0.35 por ciento). En el caso de la pesca nacional existen tendencias a la disminución de su participación en el PIB (-8.2 por ciento anual en el periodo 1988-93 y –6 por ciento anual de 1993 a 1998). La participación de la pesca en el PIB total ha disminuido en 4 por ciento anual en promedio de 1999 a 2004
A pesar del discurso oficial, tampoco la pesca ha servido como creadora de empleos, aunque se dijo que sería así y por tanto debía “fomentársele”. De acuerdo con cifras del INEGI, las personas empleadas directamente en la pesca pasaron de 109 mil a 196 mil 481 entre 1998 y 2003. Entre ellas la proporción de no asalariados (sin seguridad social) se quintuplicó hasta alcanzar 70.5 por ciento en el mismo periodo. Alrededor de 61 por ciento del empleo se encuentra en la pesca artesanal que recibe apenas 5.92 por ciento de la masa salarial. En conjunto, el sector pesquero contribuye con alrededor del 1 por ciento del empleo en la economía mexicana (1).
Un efecto evidente del estancamiento de las capturas y el aumento de las embarcaciones es la disminución de la captura y las ganancias económicas por embarcación, junto con un aumento de los costos de explotación al buscar un recurso más escaso. El valor de la captura mundial llegó a casi 80 mil millones de dólares en 1997, sin embargo, el costo de las operaciones pesqueras, en el mismo año, ascendió a 120 mil millones de dólares (The Economist, Mayo 23-29, 1998). Es decir, en la pesca mundial los costos de explotación superan ampliamente las ganancias económicas obtenidas. En México, los subsidios han servido para mantener en operación la planta productiva y conservar empleos.
Hay una percepción muy extendida de que la pesca es una actividad productiva no relacionada con la obligación de proteger el ambiente. Esto, sumado a la situación económica de muchos pescadores, ha llevado a diseñar políticas que en muchas ocasiones se contraponen con otras ramas del gobierno encargadas de preservar el medio ambiente.
En años recientes se han hecho manifiestas las deficiencias y la negligencia en el manejo de los centros acuícolas. Aunque se habla de programas de acuacultura rural, los centros acuícolas se encuentran en el abandono, con una notable reducción de personal y problemas de mantenimiento y equipamiento. De los miembros de la OCDE, sólo Turquía tiene inversión menor que México en este rubro. A esto hay que agregar los problemas de presupuesto, porque a pesar de que durante 2005 la Sagarpa y la Conapesca recibieron un aumento notable del presupuesto que debió ser aplicado en proyectos productivos, la mayor parte se quedó sin ejercicio
En nuestra visión ni las reformas legislativas ni los programas sectoriales propuestos hasta ahora pueden transformar positivamente al sector; en cambio, propenden a repetir, maquillándolos, planteamientos que sólo apuntalan la política pesquera impuesta desde arriba: más de lo mismo. Requerimos una nueva política económica que fomente y consolide una orientación de soberanía alimentaria, mercado y consumo internos, así como sustentabilidad de la actividad y de los actores sociales. Una política económica que ponga como prioridad la organización, reordenamiento y apoyo a las pesquerías artesanales, a la acuacultura rural y a la producción e incremento de la oferta alimentaria hacia el mercado interno.
Los actores sociales del sector debemos impulsar la creación de un programa de apoyo productivo y de restauración de recursos pesqueros, una especie de Pro-Pesca orientado al fomento que este regido por criterios productivos y sociales, para las organizaciones de pescadores, campesinas e indígenas y que cuente con mecanismos de supervisión comunitaria y regional.
Es preciso, también, propugnar por un reordenamiento territorial, pesquero y acuícola que sirva para planear reorientación de la actividad. Vinculado con este reordenamiento está pendiente la puesta en marcha de un programa nacional de recuperación y rehabilitación de cuencas hidrológicas, cuerpos lacustres, palustres, lagunas costeras y humedales, pues de ello depende la viabilidad de la actividad acuícola y pesquera.
El financiamiento a los pescadores debe dirigirse a recapitalizarlos, a apoyarlos en innovación y desarrollo biotecnológico, a la organización y capacitación, a diversificar la presentación del producto (recuperar el seco salado); para apoyarlos en la articulación de acciones de comercio justo en los ámbitos local y regional.
Se debe dar financiamiento para programas sociales dirigidos a las comunidades (infraestructura básica, centros de salud, aulas, campañas de alfabetización, mejoramiento de la vivienda, canchas y centros de esparcimiento y cultura), y de esa manera resarcirlos de la exclusión de los beneficios de la economía productiva de que han sido objeto.
Se debe buscar la descentralización de facultades y funciones hacia los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios que poseen embalses continentales y litorales en su territorio y que pueden asumir la responsabilidad de constituir organismos dedicados al estudio de sus problemas costeros y de los embalses continentales; dado lo cual podrían obtener un aprovechamiento cabal de los recursos, más acorde a la realidad local.
La revisión de instituciones y leyes para una profunda transformación organizativa, de gestión y productiva, con la participación de los tres niveles de gobierno y el conjunto de pescadores artesanales y acuicultores comunitarios del país. Capacitación para la organización, educación ambiental y producción, con el fin de generar conocimientos, compromisos y comportamientos acordes con los cambios sociales que habrán de introducirse a partir de los acervos culturales concretos de los segmentos sociales diversos.
Además, es indispensable garantizar asesoría técnica integral y capacitación para sustentar los procesos productivos y el desarrollo artesanal de las pesquerías y la organización democrática para el desarrollo sectorial, con el propósito de alcanzar un Manejo Participativo con sustentabilidad.
Sindicato Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura de la Sagarpa
Calle Tlaxcala No. 35, Esq. Monterrey, Col. Roma Sur
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06760
Tel. (01 55) 55 64 28 92 y 55 64 25 83
e-mail.- sidtpa_sg@prodigy.net.mx sidtpa_org@prodigy.net.mx
ACCIONES PARA SALVAR DE LA CRISIS AL SECTOR
Denuncian política fragmentaria e ineficaz en la pesquería
Baja participación de la pesca en alimentación y fomento al empleo; más alto los costos de producción que de comercialización
Necesario hacer coherentes y con sentido social la producción y los financiamientos
El sector pesquero atraviesa una crisis evidenciada por la disminución de las capturas, falta de rentabilidad y eficiencia, a lo que se suman conflictos sociales e incoherencias en la protección ambiental y desmantelamiento de las instituciones encargadas del ramo. Ante esa situación las y los trabajadores del Sindicato de Pesca hemos decidido tomar la iniciativa y además de denunciar la situación del sector queremos hacer públicas propuesta que pueden mejorar el panorama crítico de la pesquería.
La política gubernamental para enfrentar la crisis ha sido insuficiente y fragmentaria, basada únicamente en el incremento de subsidios, que llegan ya a 30 por ciento del PIB sectorial. La desatención a la pesca condujo, incluso, al desmantelamiento institucional del sector durante el sexenio de Vicente Fox.
La pesquería ha sido presentada siempre como una fuente de proteínas de bajo costo y buena calidad; también de empleo y divisas, sin embargo no hay una administración que considere cuidadosamente los límites e interacciones entre los recursos explotados y el número de usuarios con acceso a los mismos, así como la dimensión real del sector.
Desde los años 80 las capturas totales se han estancado en cerca de un millón 200 mil toneladas y el crecimiento de las principales pesquerías es muy pequeño o negativo. Dividido entre los habitantes del país el consumo aparente de productos pesqueros anual, es de 7.0 kgs per cápita. La contribución en porcentaje del consumo de proteínas a la dieta nacional es de 5.7 por ciento, contra el 17 por ciento promedio mundial.
La captura de atún, uno de los productos más populares, tuvo un crecimiento muy dinámico en los 80, gracias a la tecnología de cerco. Sin embargo, una década después su crecimiento promedio fue negativo, de –0.46 por ciento anual. A partir de 1997, la pesquería de camarón tuvo una tendencia descendente de –2 por ciento anual, en promedio. Si se resta de la captura total las producciones de atún, camarón (pesquerías y cultivo), y pelágicos menores, las capturas globales de las otras especies tienden a disminuir en un promedio de 1.4 por ciento por año desde inicios de los 90.
Asimismo, la producción de las pesquerías de agua dulce (acuacultura), ha descendido 30 mil toneladas desde 1990 (de 130 mil 143 a 102 mil 979, un promedio de dos mil toneladas menos por año.
La política pesquera se ha montado sobre un modelo orientado hacia altas tasas de extracción en corto tiempo, en especial de especies cotizadas en el mercado exterior. Sin embargo, ese modelo ha llegado a sus límites. Aunque en los últimos 15 años el valor de las exportaciones pesqueras nacionales ha aumentado en términos absolutos, cuando se estandariza el valor al precio del dólar en 1992, el valor económico de éstas tiene una tendencia decreciente.
La contribución de la pesca en el PIB del sector agropecuario es de alrededor de 3 por ciento. Respecto al PIB nacional. La participación alcanzó su máximo a mediados de la década de los 80 (0.35 por ciento). En el caso de la pesca nacional existen tendencias a la disminución de su participación en el PIB (-8.2 por ciento anual en el periodo 1988-93 y –6 por ciento anual de 1993 a 1998). La participación de la pesca en el PIB total ha disminuido en 4 por ciento anual en promedio de 1999 a 2004
A pesar del discurso oficial, tampoco la pesca ha servido como creadora de empleos, aunque se dijo que sería así y por tanto debía “fomentársele”. De acuerdo con cifras del INEGI, las personas empleadas directamente en la pesca pasaron de 109 mil a 196 mil 481 entre 1998 y 2003. Entre ellas la proporción de no asalariados (sin seguridad social) se quintuplicó hasta alcanzar 70.5 por ciento en el mismo periodo. Alrededor de 61 por ciento del empleo se encuentra en la pesca artesanal que recibe apenas 5.92 por ciento de la masa salarial. En conjunto, el sector pesquero contribuye con alrededor del 1 por ciento del empleo en la economía mexicana (1).
Un efecto evidente del estancamiento de las capturas y el aumento de las embarcaciones es la disminución de la captura y las ganancias económicas por embarcación, junto con un aumento de los costos de explotación al buscar un recurso más escaso. El valor de la captura mundial llegó a casi 80 mil millones de dólares en 1997, sin embargo, el costo de las operaciones pesqueras, en el mismo año, ascendió a 120 mil millones de dólares (The Economist, Mayo 23-29, 1998). Es decir, en la pesca mundial los costos de explotación superan ampliamente las ganancias económicas obtenidas. En México, los subsidios han servido para mantener en operación la planta productiva y conservar empleos.
Hay una percepción muy extendida de que la pesca es una actividad productiva no relacionada con la obligación de proteger el ambiente. Esto, sumado a la situación económica de muchos pescadores, ha llevado a diseñar políticas que en muchas ocasiones se contraponen con otras ramas del gobierno encargadas de preservar el medio ambiente.
En años recientes se han hecho manifiestas las deficiencias y la negligencia en el manejo de los centros acuícolas. Aunque se habla de programas de acuacultura rural, los centros acuícolas se encuentran en el abandono, con una notable reducción de personal y problemas de mantenimiento y equipamiento. De los miembros de la OCDE, sólo Turquía tiene inversión menor que México en este rubro. A esto hay que agregar los problemas de presupuesto, porque a pesar de que durante 2005 la Sagarpa y la Conapesca recibieron un aumento notable del presupuesto que debió ser aplicado en proyectos productivos, la mayor parte se quedó sin ejercicio
En nuestra visión ni las reformas legislativas ni los programas sectoriales propuestos hasta ahora pueden transformar positivamente al sector; en cambio, propenden a repetir, maquillándolos, planteamientos que sólo apuntalan la política pesquera impuesta desde arriba: más de lo mismo. Requerimos una nueva política económica que fomente y consolide una orientación de soberanía alimentaria, mercado y consumo internos, así como sustentabilidad de la actividad y de los actores sociales. Una política económica que ponga como prioridad la organización, reordenamiento y apoyo a las pesquerías artesanales, a la acuacultura rural y a la producción e incremento de la oferta alimentaria hacia el mercado interno.
Los actores sociales del sector debemos impulsar la creación de un programa de apoyo productivo y de restauración de recursos pesqueros, una especie de Pro-Pesca orientado al fomento que este regido por criterios productivos y sociales, para las organizaciones de pescadores, campesinas e indígenas y que cuente con mecanismos de supervisión comunitaria y regional.
Es preciso, también, propugnar por un reordenamiento territorial, pesquero y acuícola que sirva para planear reorientación de la actividad. Vinculado con este reordenamiento está pendiente la puesta en marcha de un programa nacional de recuperación y rehabilitación de cuencas hidrológicas, cuerpos lacustres, palustres, lagunas costeras y humedales, pues de ello depende la viabilidad de la actividad acuícola y pesquera.
El financiamiento a los pescadores debe dirigirse a recapitalizarlos, a apoyarlos en innovación y desarrollo biotecnológico, a la organización y capacitación, a diversificar la presentación del producto (recuperar el seco salado); para apoyarlos en la articulación de acciones de comercio justo en los ámbitos local y regional.
Se debe dar financiamiento para programas sociales dirigidos a las comunidades (infraestructura básica, centros de salud, aulas, campañas de alfabetización, mejoramiento de la vivienda, canchas y centros de esparcimiento y cultura), y de esa manera resarcirlos de la exclusión de los beneficios de la economía productiva de que han sido objeto.
Se debe buscar la descentralización de facultades y funciones hacia los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios que poseen embalses continentales y litorales en su territorio y que pueden asumir la responsabilidad de constituir organismos dedicados al estudio de sus problemas costeros y de los embalses continentales; dado lo cual podrían obtener un aprovechamiento cabal de los recursos, más acorde a la realidad local.
La revisión de instituciones y leyes para una profunda transformación organizativa, de gestión y productiva, con la participación de los tres niveles de gobierno y el conjunto de pescadores artesanales y acuicultores comunitarios del país. Capacitación para la organización, educación ambiental y producción, con el fin de generar conocimientos, compromisos y comportamientos acordes con los cambios sociales que habrán de introducirse a partir de los acervos culturales concretos de los segmentos sociales diversos.
Además, es indispensable garantizar asesoría técnica integral y capacitación para sustentar los procesos productivos y el desarrollo artesanal de las pesquerías y la organización democrática para el desarrollo sectorial, con el propósito de alcanzar un Manejo Participativo con sustentabilidad.
Sindicato Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura de la Sagarpa
Calle Tlaxcala No. 35, Esq. Monterrey, Col. Roma Sur
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06760
Tel. (01 55) 55 64 28 92 y 55 64 25 83
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