REPORTE ESPECIAL / NARCOTRÀFICO

Guerrero: La batalla por la plaza

Quince años atrás los soldados mexicanos abatìan, a rostro limpio, a los embozados y mal armados miembros del EZLN. Hoy los embozados son los integrantes del Ejército Mexicano en una guerra imposible contra el enemigo invisible -mucho mejor armado que los zapatistas, por supuesto- que quizá incluye al compañero de al lado. En el fondo de la matanza de elementos castrenses en Guerrero está la realidad: el narcotráfico no sólo ha infiltrado a las fuerzas militares, sino que existe entre unos y otros una imbricación tal que las vanganzas entre cárteles implican, necesariamente, la eliminaciòn de militares, inclusive de oficiales.

Por Jorge Carrasco Araizaga y Ezequiel Flores Contreras
Proceso 1678/28 de diciembre de 2008 p. 6

CHILPANCINGO, Gro.- A pesar de la afrenta, la decapitación de siete militares adscritos a esta ciudad ehtre el 20 y le 21 de diciembre, y de uno más le martes 9, no tomó por sorpresa al Ejército. Desde octubre pasado se había difundido la supuesta protección de un coronel del Ejército al cártel de Sinaloa en la Costa Grande de Guerrero, así como de un teniente coronel presuntamente vinculado a Los Zetas.

Además, poco antes del secuestro y asesinato de los militares, se había producido un enfrentamiento co sicarios de Teloloapan, en la zona norte del estado donde actúan Los Pelones, grupo vinculado a los hermanos Beltrán Leyva. En meses recientes, también ha incursionado La Familia, procedente de Michoacán.

En las primeras horas del domingo 21, las cabezas de siete militares y de un exjefe policial fueron encontradas en un centro comercial de Chilpancingo ubicado en las salida hacia Acapulco.

La acción, asumida públicamente por el Ejército como una ofensa, se produjo en medio de enfrentamientos entre los distintos grupos del crimen organizado que se disputan el control del estado y en las que se han hecho señalamientos contra jefes militares.

El coronel Victor Manuel González Trejo, comendante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, fue acusado desde hace dos meses por darle protección al exlíder de la Unión Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez, y al cártel encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. Las mismas imputaciones en su contra se repitieron a principios de diciembre.

En las últimas semanas, tanto en Guerrero como en Michoacán aparecieron mantas que señalan a otro militar relacionado con José Ángel Pineda Sánchez, alias El Calentano. En los municipios de Acapulco, La Unión y Petatlán, en la Costa Grande, y en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se dieron a conocer mensajes en puentes peatonales y edificios públicos en los que se vincula con Los Zetas al teniente coronel José Alfaro Zepeda Soto, comandante del grupo de Morteros en Zacatula, del municipio de La Unión, Guerrero.

El mensaje, dirigido al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, asegura que el teniente coronel Zepeda Soto y El Calentano están relacionados económicamente con Jaime González Durán, El Hummer, líder de Los Zetas detenido a principios de noviembre en Reynosa, Tamaulipas.

La afrenta

La violencia tuvo su expresión más cruenta el fin de semana del 20 a 21 de diciembre. Llamadas anónimas a la policía federal avisaron sobre la ubicación de las cabezas a un costado de un centro comercial y de los cuerpos en dos puntos de la ciudad: en una estación de gas en el acceso principal de Chilpancingo, donde convergen la Autopista del Sol y la Carretera federal a Iguala; el segundo punto fue 500 metros adelante.

En ambos lugares se encontraron cartulinas con el mismo mensaje: "Esto les pasa a todos los putos guachos... una de cal por una de arena. Les vamos a matar a diez por cada uno de nosotros...". Los textos están firmados por "ya saben quien".

Los decapitados, todos pertenecientes al arma de Infantería, fueron el capitán Ervin Hernández Umaña; los sargentos Juan Humberto Tapia Romero y Ricardo Marcos Chino; los cabos José González Mentados, Juan Muñoz Morales y los soldados Julián Teresa Cruz y Catarino Martínez Morales. Todos realizaban labores administrativas y fueron "levantados" entre sl sábado 20 y el domingo 21 cuando se encontraban francos.

Junto con ellos fue decpaitado el exsubdirector de la Policía Judicial del estado Simón Wences Martínez, quien había sido secuestrado el sábado anterior cuando participaba en la feria de fin de año que se realiza a un costado de la plaza de toros de la ciudad. Wences Martínez trabajó en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y fue asesor del exgobernador René Juárez. Desde 2005 formaba parte de la dirección de una empresa de seguridad privada que daba protección a las instalaciones de la Unión Ganadera de Guerrero en esta capital, organización que fue fundada por Rogaciano Alba, quien fue además alcalde de Petatlán.

Días antes de la decapitación coletiva había corrido la misma suerte el sargento primero de Infantería Carlos Alberto Navarrete Moreno. El 9 de diciembre, su cabeza fue depositada en una cubeta con este mensaje: "Según los militares andan combatiendo a la delincuencia organizada y resultan secuestradores. Estos les va a pasar, putos".

El lunes 22, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los cuerpos de los militares presentaban signos de la tortura y desprendimiento de cràneo. Aseguró que esos "actos cobardes" fueron "consecuencia de los fuertes golpes que el Ejèrcito y la Fuerza Aérea Mexicanos han dado a las organizaciones criminales de esa entidad".

Ese mismo día, el Ejército organizó un acto en las instalaciones del 50 Batallón de Infantería de la 35 Zona Militar, a la que pertenecían las víctimas. En la ceremonía participaron el general Galván y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

El orador fue el comandante de la IX Región Militar, el general Enrique Alonso Garrido Abreu, quien calificó como "un grave error de los delincuentes ese atrevimiento".

La madrugada del martes 23, dos días después de que fueron encontrados los siete militares decapitados, unos 150 efectivos del propio 19 Batallón, al que pertenece el señalado coronel Victor Manuel González Trejo, participaron en un operativo en Zihuatanejo en el que detuvieron en un palenque al subdirector municipal de Seguridad Pública Timoteo Mata Cruz, un excapitán del Ejército al que la Sedena vincula con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, exaliados de El Chapo.

Durante horas, el Ejército tomó el control de la Policía Municipal. Además de Mata Cruz fueron aprehendidos Luis Antonio Romero de Los Santos, alias El Chavo; el expolicía ministerial Javier Cortés Osorio, El Oso, a quien relacionó con Los Pelones, El Lupillo, al que el área de Inteligencia de la Sedena identifica como el principal distribuidor de droga de Ixtapa y Zihuatanejo.

En total 23 personas fueron arrestadas y trasladadas a las 27 Zona Militar, en el Ticuí, en el municipio de Atoyac de Álvarez; de ahí las llevaron a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delicneuncia Organizada (SIEDO).

La reacción del Ejército no se limitó a Zihuatanejo. Desde las primneras horas del domingo, inmediatamente después de que se conoció la agresión, efectivos de la 35 Zona Militar desplegaron retenes a la salida de Chilpancingo, helicópteros realizaron vigilancia aérea y un comando realizó cateos sin orden judicial, lo que derivó en siete quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por allanamiento, robo y ejercicio indebido de la función pública.

Además, elementos de la misma 35 Zona Militar fueron desplegados en los límites con Michoacán, mientras que unos 300 paracaidistas fueron enviados desde el Campo MIlitar Búmero Uno, de la Ciudad de México.

En forma paralela a las acciones del Ejército en Chilpancingo, la Policía Federal realizó cateos en Tlanicuilulco, población serrana del municipio de Quechultenango. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del estado, el general retirado Heriberto Salinas Saltés, en la zona opera un grupo que es conocido como Los Ardillos.

Localizado en el centro del estado, a unas dos horas de la capital, y al que se llega por un camino de terracería, Tlanicuilulco fue escenario en julio pasado de un enfrentamiento en el que intervino un comando de 50 pistoleros y dejó por lo menos tres muertos. Salinas Saltés asegura que esa zona del centro de Guerrero es la mayor productora de goma del opio en el país, con cuatro o cinco cosechas de amapola al año.

El lunes 22 y el martes 23, un convoy de 40 unidades de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal, reforzado con dos helicópteros, se internó en esa zona serrana sin que la corporación diera a conocer los resultados de su intervención, aunque pobladores de Tlanicuilco confirmaron a Proceso que los efectivos policiales catearon varias casas.

Las acciones del Ejército afectaron a la población civil. Hasta el miércoles pasado, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (CDDHG) había documentado siete quejas contra militares por cateos ilegales en casas de personas a las que acusaban de haber participado en la decapitación.

(avance)