DE CILAS PRENSA

REPRUEBA GOBIERNO MEXICANO EN MATERIA DE TRABAJO

DECENTE; SIGUEN VIOLACION A LIBERTAD SINDICAL

México, D.F., 6 de octubre de 2009

• Apenas de 0.3 el índice de respeto al trabajo decente en México
• Inadmisible intervención del secretario Lozano en la vida interna del SME
• Llama CILAS a la unidad y consolidación del Tribunal Internacional de Libertad Sindical

Mientras en todo el mundo se celebra este 7 de octubre el Día Internacional de Trabajo Decente, en México la administración calderonista refuerza su política económica de defensa patronal haciendo pagar a las y los trabajadores los costos de la crisis, a través de reducción en salarios, prestaciones y derechos laborales, e incrementa el desempleo de manera dramática, lo que agudiza la miseria de millones. De manera particular atenta contra la libertad sindical, como lo hace ahora con el Sindicatos Mexicanos de Electricistas. En esta materia, el gobierno federal está reprobado.

A pesar del discurso oficial, cada vez más cínico y prepotente, en México no existe el trabajo decente. Una reciente evaluación realizada por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que el índice de respeto al trabajo decente es de apenas 0.32 (1.0 sería el nivel máximo), lo cual evidencia que los derechos de las y los trabajadores son lo que menos importa a las autoridades federales.

De acuerdo con el concepto definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y adoptado internacionalmente, el trabajo decente es un trabajo productivo para hombres y mujeres en condición de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Implica oportunidades de trabajo con un ingreso justo, proporciona seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las y los trabajadores y sus familias.

Ofrece, además, perspectivas para el desarrollo personal y favorece la integración social; da a las personas libertad de expresar sus opiniones, organizarse y participar en la toma de decisiones que inciden en sus vidas y garantiza la igualdad de oportunidades y de trato para todas y todos.

Evidentemente, en México esas premisas no son cumplidas, primero porque no se garantiza el empleo: en el último año no solamente no se crearon los empleos necesarios sino que más de un millón de personas perdieron su trabajo. La tasa de empleo creció 50 por ciento y se ubica en 7.35 por ciento. Además, el gobierno mexicano ha promovido sólo empleos precarios. No se trata solamente de hacerle pensar a la opinión pública que se cumple creando miles de empleos sino de generar empleos dignos, con todos los derechos que les otorga la Constitución y no con la modalidad cada vez más extendida de la tercerización, que genera trabajadores semiesclavos, sin prestaciones y con contratos que van de una semana a los tres meses solamente.

Si tenemos en cuenta que el universo de trabajadores tercerizados o subcontratados se encuentra por debajo de las condiciones laborales de quienes son contratados directamente, la situación se agrava dada la progresión exponencial de este tipo de contratación ­—más de 40 por ciento de los nuevos puestos en los últimos 15 años—, puesto que con este fenómeno se promueve una marginalización galopante de los trabajadores mexicanos.

En el caso de México es flagrante la violación a la libertad sindical establecida tanto en al Constitución Política como en el Convenio 87 de la OIT. La “sindicalización” forzada, la represión, la existencia de bandas de golpeadores y pistoleros “sindicales”, la vulneración de la autonomía de los sindicatos auténticos por la intromisión abierta del estado, la arbitrariedad de las autoridades laborales para el registro de sindicatos o reconocimiento de sus direcciones electas, la expansión de sindicatos y contratos de protección patronal, la expansión abusiva del outsourcing vulneran sistemáticamente los derechos laborales y sindicales de millones de trabajadores mexicanos, quienes deben atravesar un verdadero viacrucis para contar con un sindicato auténtico y casi nunca lo consiguen.

A las viejas prácticas se ha sumado en los últimos tiempos algo todavía más perverso: los sindicatos y contratos de protección patronal. Se trata de un negocio entre verdaderas mafias y empresas, incluyendo trasnacionales, que pactan “contratos” con “sindicatos” fantasmas con el desconocimiento absoluto de los trabajadores sobre su existencia y de sus supuestos dirigentes.

Es risible que México sea parte del Comité de Libertad Sindical de la OIT cuando es evidente su política de intromisión en la vida de las organizaciones. Un ejemplo de ello es la negativa de la toma de nota a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a quien se le ha atacado sistemáticamente para desaparecerlo. En su doble moral, el secretario Javier Lozano otorga este trámite por adelantado a sindicatos corporativos aliados, como el de petroleros y a los democráticos se les niega arbitrariamente.

El SME se ha distinguido durante décadas como una organización democrática y combativa; defensora irrestricta de los derechos de sus afiliados, pese a las campañas gubernamentales y patronales que los quieren hacer aparecer como “privilegiados”, sólo para provocar animadversión entre la opinión pública y poder destruir su sindicato.

Es vergonzoso que el secretario Javier Lozano, quien constitucionalmente es el funcionario obligado a defender los derechos de los trabajadores, sea el primero en atacarlos y declarar con desvergüenza que “le tiene sin cuidado el juicio político”, a que se le quiere someter por sus arbitrariedades. No es novedad que este siniestro personaje se comporte así, su labor ha sido la de golpear cotidianamente al sindicalismo.

Para enfrentar la impunidad de los patrones y autoridades laborales, más de 30 organizaciones y sindicatos mexicanos y del extranjero han decidido organizar el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, una instancia civil de peso internacional y de indiscutible calidad moral que juzgue y resuelva sobre este grave problema y que tendrá una primera sesión del 26 al 28 de octubre de 2009 en la Ciudad de México (en la Antigua Escuela de Jurisprudencia) y una sesión resolutiva a fines de abril de

2010.

La jornada mundial en favor del trabajo decente debe convertirse en un llamado de unidad y lucha para los trabajadores mexicanos y sus organizaciones; de reflexión en estrategias que conduzcan a enfrentar la ofensiva patronal contenida en la llamada “Reforma Lozano”, que pretende legalizar el trabajo precario, el robo de derechos a los trabajadores; instamos a frenar las políticas de la derecha en el gobierno que seguirá buscando inversión extranjera y competitividad a costa del sacrificio del nivel de vida de los trabajadores y sus familias.

Hacemos también un llamado a todos los sindicatos y organizaciones auténticas y democráticas a solidarizarse activamente con el Sindicato Mexicano de Electricistas ante el criminal embate del gobierno federal para avasallarlo.