El Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC), integrante del Espacio DESCA, manifiesta su preocupación y rechazo a la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) presentada el pasado 18 de marzo por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), ante la Cámara de Diputados.
Para el CIPROSOC es preocupante el hecho de que la propuesta presentada por el grupo parlamentario del PAN, contemple serias regresiones en materia del derecho al empleo estable y serias violaciones a los derechos colectivos de las y los trabajadores.
De acuerdo con la observación general número 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho al trabajo estable es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana; el derecho al trabajo implica no ser privado injustamente del empleo, por ello resulta sumamente grave que la propuesta de reforma presentada, pretenda violentar este derecho con figuras como la contratación a prueba la subcontratación, la contratación de capacitación inicial e incluso que se creé la posibilidad de que el patrón pueda dar por terminadas las relaciones laborales sin responsabilidad de su parte.
Alarma que se proponga la reducción del pago de salarios caídos hasta por un período máximo de seis meses cuando se demanda un despido injustificado, sin proponer una reforma al derecho de justicia laboral para garantizar el debido proceso en tribunales del poder judicial.
Asimismo nos resulta preocupante que el Secretario del Trabajo, Javier Lozano, señale como única alternativa de crecimiento económico y de generación de empleos, la reforma regresiva a la LFT, sobre todo cuando la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha señalado en el informe Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica, 2006-2015 que en el plano laboral y social, los resultados de las reformas realizadas durante la década de los noventa fueron bastante decepcionantes en América Latina, ya que, el producto por trabajador creció a un ritmo muy bajo al tiempo que se observó un incremento del desempleo y del empleo informal.
Es importante señala que en países como Argentina, Colombia y Perú en donde se efectuaron reformas que flexibilizaron la contratación y el despido, se abandonaron mecanismos solidarios de la protección social tanto en relación con las pensiones como con la salud, la protección contra accidentes y enfermedades profesionales, además de que se produjo un debilitamiento en las instituciones de negociación colectiva (en términos de cobertura y de contenido) y de los medios tradicionales de solución de conflictos, medios que resultaron insuficientes y fueron cuestionados por ineficaces.
De acuerdo con dicho informe, el argumento que justificó estos procesos se basaban en que todas estas instituciones laborales constituían elementos de «rigidez» que debían eliminarse para poder crear empleo formal. Sin embargo, luego de poco más de un decenio, la experiencia de varios países ha mostrado que pese a estas reformas no se logró incrementar el empleo formal, ni una reducción del desempleo y del sector informal, por el contrario, se acentuó el fenómeno de la precarización de los empleos, asociada a la inseguridad de los ingresos, menor protección social, mayor rotación laboral, entre otras.
Aceptar esta medida regresiva es dejar de lado la característica tutelar que tiene el derecho del trabajo a favor de las y los trabajadores. Es inaceptable alegar que en las relaciones laborales existe igualdad y equidad entre las partes, ya que las y los trabajadores sólo cuentan con su fuerza de trabajo frente al poder económico y de propiedad de los medios de producción que tiene la empresa, de ahí la urgencia de ponderar el carácter tutelar de la Ley. De la misma manera resulta preocupante que con esta reforma se pretendan limitar los derechos colectivos de las y los trabajadores, inhibiendo la posibilidad de ejercer el derecho de libertad sindical, contratación colectiva y huelga.
Por ello consideramos importante abrir la discusión y el dialogo entre los sindicatos, los y las trabajadores, los abogados laboralistas y la sociedad en general para consensar una reforma laboral que garantice el respeto y protección de los derechos humanos laborales, una reforma que reivindique el movimiento sindical, fortalezca la negociación colectiva y acabe con los contratos de protección patronal.
Por lo anterior el Centro de Investigación y Promoción Social exige a las y los Diputados Federales, detener todo intento de reforma que sea regresiva en materia de protección de los derechos humanos laborales de las y los trabajadores, haciendo un llamado urgente a que se tome como punto de partida los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, principalmente los relacionados con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
A T E N T A M E N T E
Lic. Rita Marcela Robles Benítez
Área de Defensa
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