He tenido la oportunidad de asistir a conferencias, presenciar debates televisivos y leer cuanto ha caído en mis manos (incluyendo el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social integrado por 221 páginas) respecto a la iniciativa de reforma laboral presentada por el Ejecutivo federal, actualmente en manos de los senadores.
Con base en lo anterior, emitir un juicio concluyente sobre el tema resulta demasiado sencillo: es una reforma perjudicial no solamente para el trabajador en activo, sobre todo, para los jóvenes que llegarían totalmente desamparados al momento de insertarte al mercado laboral; además, es una reforma netamente de carácter patronal, en la cual, se han cuidado todos los detalles para evitarle al empresario contratante, la mayor cantidad de responsabilidades (que actualmente tiene) respecto al trabajador que habrá de contratar.
Realmente no hay defensa coherente hacia esta iniciativa que, de aprobarse en el Senado (lo dudo) tal como actualmente se encuentra, sería un retroceso brutal hacia las garantías del trabajador asalariado.
Recuerdo la participación de Ricardo Anaya Cortés, diputado panista por Querétaro, defender durante las sesiones de predictamen, la posición del pago por hora, fue algo vergonzoso, penoso ver, cómo ese tipo, quien va en representación de los queretanos, es capaz de clavarles un cuchillo por la espalda y en cadena nacional, y no fue lo peor, más adelante, se presento un pesonaje de nombre David Aguilar Robles, quien ostenta el cargo de Coordinador de la Comisión Política de la CROC (central obrera parásita comparsa del PRI), defender y, además, cuestionar, el por qué no se apoyaba la posición oficialista planteada por PRI, PAN, PVEM y Panal, sí, ese sujeto "representante" de un sector importante de trabajadores, cabildear en contra de los derechos de sus representados.
Lo arriba expuesto, son acciones que nos dejan ver el grado terrible de descomposición en el cual se encuentra nuestro país, pues no solamente la violencia física traducida en delincuencia, es indicador del mal pandémico que nos aqueja, también, las componendas, las prácticas clientalares y la falta de sensibilidad política, nos permiten medir y explicar, el por qué nos encontramos en esta situación.
Asimismo, la parte patronal argumenta, que la limitación del pago de salarios caídos a un año solamente, permite que la empresa no caiga en problemas financieros, ¿y el trabajador? Arturo Alcalde, reconocido abogado laboralista, señala que, contraria a esta posición, debió establecerse la reducción de a duración de los juicios, incluso, abogó por la creación de los juicios orales, tal como ya se da en otros países, principalmente sudamericanos como Chile, Brasil, entre otros.
La patronal revira (tratando de confundir al la gente) que en España no se pagan salarios caídos después de un juicio laboral; claro que se pagan: el patrón paga los primeros tres meses y el resto del tiempo que dure el juicio, lo paga el Estado, lo cual obliga a darle celeridad a las demandas laborales, de lo contrario, el Estado es quien sale mayormente perjudicado.
La gente debe tener bien presente quiénes están a favor de esta regresiva reforma (tanto partidos políticos como personas que la aprueben), no olvidarlo y guardarlo bien como moneda de cambio, y en su momento, gastarla en contra de quienes nos apliquen esta afrenta perjudicial, lesiva a todas luces para el grueso de la población.
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