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lunes, noviembre 30, 2015

POLÍTICA









Miente Anaya: No declaró una empresa


 Ricardo Anaya, quien trabaja para ser candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), ha hecho públicas de manera voluntaria sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, pero cuando la ley sí lo obligaba a declarar todos sus bienes como funcionario de Felipe Calderón, mintió.

En efecto, en febrero de 2012, concluyó su gestión de menos de un año como subsecretario de Turismo para irse a la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota y, por mandato legal, presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) su declaración patrimonial de conclusión del cargo.
En ella, Anaya –a quien sus propagandistas llaman “joven maravilla”– describe sus bienes: Una casa de cinco millones que le regaló su mamá en 2005 y cuentas bancarias e inversiones bursátiles por cinco millones 800 mil pesos.
Pero ahora que ha difundido sus declaraciones de bienes, fiscal y de interés, como parte de las decisiones que tomaría en sus primeros 100 días como presidente del PAN –que hoy se cumplen–, Anaya da a conocer datos que revelan que no sólo mintió, sino que podría haber incurrido en uno o varios delitos.
Este es el asunto: Anaya declara ser accionista de dos empresas del sector inmobiliario: Cintla de S de RL de CV y de Juniserra S de RL de CV, con 50% y 42% de las acciones, respectivamente.
Según su declaración pública de intereses, disponible en la plataforma candidatotransparente.mx, en la inmobiliaria Cintla es accionista desde hace “cuatro años”, es decir, desde 2011, año en que de presidente del PAN en Querétaro pasó a subsecretario de Turismo en el gobierno de Calderón.
En la declaración patrimonial correspondiente a 2011, Anaya no quiso hacer público sus bienes, pero en la del año siguiente, que puede ser consultada en el portal servidorespublicos.gob.mx, no aparece la empresa Cintla S de RL de CV que, por ley, debió declarar como servidor público.
¿Por qué no lo hizo? Quizá por descuido. Pero esa omisión podría ser violatoria de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, quizá, pudo incurrir en falsedad de declaración ante autoridad distinta a la judicial.

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