DELITOS: SER MUJER, SER INDÍGENA..., SER POBRE

Ratifican pena a dos indígenas por secuestro

Miembros de Amnistía Internacional dicen que apelarán la sentencia

Por Rosa Álvarez

Martes 23 de Febrero/2010

QUERÉTARO, Qro. El juez cuarto de Distrito, Rodolfo Pedraza, confirmó la sentencia, de 21 años de prisión, en contra de Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de secuestrar en 2006 a seis integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigación durante un operativo antipiratería que se realizó en el municipio de Amealco.

Motivo por el cual, integrantes de Amnistía Internacional realizaron una movilización en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, exigiendo de nueva cuenta la revisión de este caso, luego de lograr la libertad de la indígena Jacinta, en septiembre pasado.

De acuerdo con Alberto Herrera, de la organización Aministía Internacional, recurrirán a apelar la sentencia de 21 años de prisión por el presunto delito de secuestro, para posteriormente realizar diversas acciones jurídicas.

En tanto, Amalia Juan Arreguín, madre de Alberta Alcántara Juan, exigió la inmediata liberación de su hija y aseguró que contrario a lo que dice la PGR no comercializaba cocaína ni era comerciante de la localidad, y que en el día que se realizó el operativo su hija únicamente acudió a comprar al tianguis de la localidad.

Además, Amalia Juan acusó a Rodolfo Pedraza de “no dar la cara” y que sólo fabricaron los delitos: “Es pura mentira, nunca hubo un secuestro, porque no la detuvieron en ese momento el 6 de marzo,sino hasta agosto. No era tianguista como se había señalado, ni vendía droga, dijeron que era una güera de México, nosotros somos de Santiago Mexquititlán”.

Ayer, la organización Amnistía Internacional realizó una movilización como medida de apoyo a quienes llamó presas de conciencia, y se reunieron con el secretario de gobierno estatal, Jorge García Quiroz.

El gobierno del estado dijo que comparte los ideales del movimiento, y entabló diálogo con la PGR, en torno a este presunto delito.

Por su parte, el gobernador José Calzada dijo que se mantienen respetuosos y que no comparten la situación jurídica que mantiene en reclusión a estas mujeres.

Además solicitaron la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR), para apoyar en la liberación de estas mujeres indígenas, aunque la delegación estatal dijo que existen indicios que permiten confirmar que una de ellas incurrió en delitos contra la salud y la otra participó directamente en el secuestro de los elementos.