Aquiles Córdova Morán
Literalmente, todas las campanas políticas del país se echaron a vuelo para celebrar la prontitud y unanimidad con que el Congreso de la Unión aprobó la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el año que comienza. Todos –con muy contadas excepciones– coincidieron en que ésa es la conducta de diputados y senadores que el país necesita para enfrentar y resolver exitosamente los múltiples y difíciles problemas que lo agobian desde hace rato, y así lograr realmente un mejoramiento sensible en los niveles de bienestar de todos los mexicanos. Lo que se requiere, se nos sermonea en todos los tonos, no son los enfrentamientos ni las disputas estériles, sino la armonía y el acuerdo responsable, que pongan en primer lugar los siempre aclamados pero nunca precisados “intereses superiores” de la nación.
A primera vista el discurso parece plausible, pero es preciso recordar, una vez más, que los fundadores de la democracia contemporánea, quienes echaron las bases teóricas del estado moderno, no pensaban de la misma manera. Ellos postularon la división de poderes precisamente para evitar la unanimidad a ultranza a la hora de tomar decisiones trascendentes, para impedir que un solo criterio impusiera su sello al destino de una nación, para provocar, con toda intención, la confrontación de opiniones distintas y aun encontradas, la discusión libre, abierta y franca de todos los problemas y de todos los puntos de vista acerca de los mismos. Para estos gigantes del pensamiento social, la lucha de ideas no era algo que debía rehuirse como la peste, sino la condición necesaria para garantizar el triunfo de la lógica, la inteligencia y la razón, y no el del interés de quienes sean capaces de poner en juego más trampas o de comprar el mayor número de conciencias. Para ellos, la solidez y eficacia de una conclusión no brota del cabildeo, del contubernio o del reparto del botín, sino de la lucha decidida en defensa de los intereses que cada quien representa, lucha que será tanto más auténtica mientras más abierta y públicamente se libre. El “acuerdo”, en sentido lato, no era para ellos una transacción pactada entre los jerifaltes, sino una síntesis dialéctica nacida del combate de ideas y planteamientos opuestos, o, cuando menos, diferentes.
Es evidente, por tanto, que la aprobación del gasto público fue, cabalmente, lo contrario de lo que postulaban los teóricos de la democracia. No hubo la exposición abierta y transparente de los ideales e intereses de cada fracción parlamentaria, tampoco hubo la tenacidad y la rigurosa fidelidad a dichos intereses; lo que se dio fue un opaco acuerdo entre cúpulas con base en criterios que, si bien no necesariamente tienen que suponerse mezquinos e inconfesables, sí son, a todas luces, resultado sólo de la visión de esas mismas cúpulas, con exclusión de los puntos de vista de los directamente afectados. El resultado, lógico además, es que, a pesar de ciertos ángulos positivos del acuerdo, la problemática más esencial y directa de los menos favorecidos se quedó esencialmente intocada. En efecto ¿qué se hizo o qué se acordó, por ejemplo, en relación con la altísima tasa de desempleo que agobia a la población económicamente activa? ¿Qué se decidió en torno a la escandalosa pérdida de capacidad adquisitiva del salario en los últimos años, y acerca del ridículo aumento de un peso con 85 centavos que se acaba de otorgar al salario mínimo? ¿Qué se planteó sobre el sádico aumento al precio de la leche popular distribuida por LICONSA, uno de los poquísimos recursos al alcance de las familias pobres para combatir la desnutrición de sus hijos? ¿Qué medidas se tomaron en contra de los feroces aumentos al gas, a la gasolina y al diesel que, por cierto, todos los candidatos a la presidencia de la República prometieron bajar? ¿Qué en relación con la cascada inflacionaria desatada por dichos aumentos, para mayor agobio de quienes reciben ingresos fijos? ¿Qué con el transporte público, con las cuotas en autopistas, con las tarifas del agua potable, con el encarecimiento de las medicinas y de los propios médicos, con el problema educativo, con la falta de vivienda (que se ha convertido en pingüe negocio para las grandes constructoras y en un delito grave para quienes promueven vivienda popular)?
La respuesta a estas preguntas la conoce todo el mundo, o, en su defecto, es sumamente fácil de adivinar para los no enterados. Ello ilustra de modo inmejorable a dónde conduce la política de componendas entre cúpulas, de acuerdos pactados discretamente en la intimidad de las lujosas oficinas de los representantes populares, ese afán enfermizo de armonía, de plena coincidencia y de hermandad solidaria entre quienes gobiernan, es decir, a dónde lleva la falta de lucha decidida en favor de quienes menos tienen. Con el método del “cabildeo” sólo se asegura el triunfo de quienes, por su poder económico y político, pueden comprar conciencias y encubrir a quienes traicionan a sus electores, ahorrándoles la vergüenza de tener que exhibir su quiebra moral a plena luz del día. ¡Nadie puede negar que los acuerdos son buenos y necesarios, pero siempre que se tomen sobre la razón y la justicia y no mediante el reparto de utilidades!
Literalmente, todas las campanas políticas del país se echaron a vuelo para celebrar la prontitud y unanimidad con que el Congreso de la Unión aprobó la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el año que comienza. Todos –con muy contadas excepciones– coincidieron en que ésa es la conducta de diputados y senadores que el país necesita para enfrentar y resolver exitosamente los múltiples y difíciles problemas que lo agobian desde hace rato, y así lograr realmente un mejoramiento sensible en los niveles de bienestar de todos los mexicanos. Lo que se requiere, se nos sermonea en todos los tonos, no son los enfrentamientos ni las disputas estériles, sino la armonía y el acuerdo responsable, que pongan en primer lugar los siempre aclamados pero nunca precisados “intereses superiores” de la nación.
A primera vista el discurso parece plausible, pero es preciso recordar, una vez más, que los fundadores de la democracia contemporánea, quienes echaron las bases teóricas del estado moderno, no pensaban de la misma manera. Ellos postularon la división de poderes precisamente para evitar la unanimidad a ultranza a la hora de tomar decisiones trascendentes, para impedir que un solo criterio impusiera su sello al destino de una nación, para provocar, con toda intención, la confrontación de opiniones distintas y aun encontradas, la discusión libre, abierta y franca de todos los problemas y de todos los puntos de vista acerca de los mismos. Para estos gigantes del pensamiento social, la lucha de ideas no era algo que debía rehuirse como la peste, sino la condición necesaria para garantizar el triunfo de la lógica, la inteligencia y la razón, y no el del interés de quienes sean capaces de poner en juego más trampas o de comprar el mayor número de conciencias. Para ellos, la solidez y eficacia de una conclusión no brota del cabildeo, del contubernio o del reparto del botín, sino de la lucha decidida en defensa de los intereses que cada quien representa, lucha que será tanto más auténtica mientras más abierta y públicamente se libre. El “acuerdo”, en sentido lato, no era para ellos una transacción pactada entre los jerifaltes, sino una síntesis dialéctica nacida del combate de ideas y planteamientos opuestos, o, cuando menos, diferentes.
Es evidente, por tanto, que la aprobación del gasto público fue, cabalmente, lo contrario de lo que postulaban los teóricos de la democracia. No hubo la exposición abierta y transparente de los ideales e intereses de cada fracción parlamentaria, tampoco hubo la tenacidad y la rigurosa fidelidad a dichos intereses; lo que se dio fue un opaco acuerdo entre cúpulas con base en criterios que, si bien no necesariamente tienen que suponerse mezquinos e inconfesables, sí son, a todas luces, resultado sólo de la visión de esas mismas cúpulas, con exclusión de los puntos de vista de los directamente afectados. El resultado, lógico además, es que, a pesar de ciertos ángulos positivos del acuerdo, la problemática más esencial y directa de los menos favorecidos se quedó esencialmente intocada. En efecto ¿qué se hizo o qué se acordó, por ejemplo, en relación con la altísima tasa de desempleo que agobia a la población económicamente activa? ¿Qué se decidió en torno a la escandalosa pérdida de capacidad adquisitiva del salario en los últimos años, y acerca del ridículo aumento de un peso con 85 centavos que se acaba de otorgar al salario mínimo? ¿Qué se planteó sobre el sádico aumento al precio de la leche popular distribuida por LICONSA, uno de los poquísimos recursos al alcance de las familias pobres para combatir la desnutrición de sus hijos? ¿Qué medidas se tomaron en contra de los feroces aumentos al gas, a la gasolina y al diesel que, por cierto, todos los candidatos a la presidencia de la República prometieron bajar? ¿Qué en relación con la cascada inflacionaria desatada por dichos aumentos, para mayor agobio de quienes reciben ingresos fijos? ¿Qué con el transporte público, con las cuotas en autopistas, con las tarifas del agua potable, con el encarecimiento de las medicinas y de los propios médicos, con el problema educativo, con la falta de vivienda (que se ha convertido en pingüe negocio para las grandes constructoras y en un delito grave para quienes promueven vivienda popular)?
La respuesta a estas preguntas la conoce todo el mundo, o, en su defecto, es sumamente fácil de adivinar para los no enterados. Ello ilustra de modo inmejorable a dónde conduce la política de componendas entre cúpulas, de acuerdos pactados discretamente en la intimidad de las lujosas oficinas de los representantes populares, ese afán enfermizo de armonía, de plena coincidencia y de hermandad solidaria entre quienes gobiernan, es decir, a dónde lleva la falta de lucha decidida en favor de quienes menos tienen. Con el método del “cabildeo” sólo se asegura el triunfo de quienes, por su poder económico y político, pueden comprar conciencias y encubrir a quienes traicionan a sus electores, ahorrándoles la vergüenza de tener que exhibir su quiebra moral a plena luz del día. ¡Nadie puede negar que los acuerdos son buenos y necesarios, pero siempre que se tomen sobre la razón y la justicia y no mediante el reparto de utilidades!
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