A LA QUIEBRA Y A LA FUGA

Liquidación justa piden despedidos de Sensor Cables

Les quieren pagar con la mercancía, acusan

Por Luis Montes de Oca

Martes 22 de Abril/2008

El número de despidos de la empresa Sensor Cables Automotive de México S.A. de C.V. -que los quiere liquidar con los cables que no se vendieron y están en el almacén-, asciende a 350; al 50 por ciento de ellos con antiguedades superiores a los tres años y en genreal de seis meses a ocho años.

De este conflicto laboral, del cual Noticias informó oportunamente trasendió ayer que la presencia de la Policía Estatal y la Guardia Municipal el pasado viernes 18 de abril por la mañana, cuando se hicieron acompañar por un cerrajero, fue para la realización de un embargo precautorio por parte de una Casa de Bolsa.

La mañana de ayer, una representación de la empresa y otra de los trabajadores, junto con un Notario, volvieron a entrar a la planta ubicada en la Av. De la Cañada No. 31 en el Parque Industrial Bernardo Quintana, para levantar -dijeron los despedidos- otro inventario, ya que su abogado les ha dicho que tienen preponderancia sobre cualquier embargo previo, por ser ellos los directamente afectados.

Los trabajadores de esta empresa dedicada a la dedicación de arneses para la industria automotriz manifestaron que de ninguna manera aceptarán que se les pague su liquidación con los cables obsoletos que no pudo colocar la planta en el mercado y aseveran que nunca fueron notificados de que se cerraría.

Aclararon que Sensor Cables de México S.A. de C.V. tiene un socio mayoritario y uno minoritario, siendo el mayoritario el señor Mathias K Honrad y su esposa Lidia Honrad, quienes tienen el 63 por ciento y el Grupo Wamex Fondo MIF que posee el 37 por ciento.

Cabe destacar que información recabada de la Internet, mediante datos proporcionados por los trabajadores, indica que el "Multinacional Industrial Fund, MIF, forma parte de la Wamex Private Equity Management, la cual tiene una red de contactos que abarca la industria manufacturera y los sectores financiero y de gobierno.

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Ya ni la chingan los dueños de esta empresa, cómo que quieren liquidar a los trabajadores con cables, para lo único que les pueden servir es para usarlos como tendederos.
En teoría, la ley debe de categorizar prioridades y la primera de ellas deberían ser los trabajadores, pero eso es sólo en teoría, pues si ya comenzaron los embargos precautorios por parte de otras empresas acreedoras, esto quiere decir que ya valió madres y que a los exempleados los están dejando al último haber qué sobra.
Por otro lado, el discurso oficial (el que se deja escuchar en radio y televisión día y noche) es de que llegan empleos a montones y que los trabajadores se encuentran “protegidos”, pero la realidad es otra, traen inversión extranjera sin saber cómo se constituirá en el estado, cuáles son las garantías que ofrecen a quienes en ella vayan a laborar y por el contrario, se les ofrecen condonación de impuestos, terrenos gratis y hasta capacitación de su personal con tal de que se establezcan aquí.
Estas empresas no llegan a iniciar un negocio, llegan a expandirse, lo cual quiere decir que cuentan con subsidiarias en otros países y bien pueden acudir a ellas para liquidar los adeudos que dejan aquí pero de por sí es difícil exigírselo, cuanto más con un gobierno displicente que le interesa un comino el sector laboral.