El secretario de Gobernación está atrapado entre la espada y la pared. Entre los poderosos intereses económicos de su familia y sus intereses políticos.
Por Anabel Hernández
Si el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño se maneja en la política en la forma turbia y enredada como lo hace en los negocios de su familia, el resultado será desastroso.
JC está inmerso en un claro conflicto de intereses desde que era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Con una mano firmaba contratos para Transportes Especializados Ivancar en Pemex y con otra planeaba políticas públicas en materia de energía.
Hoy sigue enfrascado en el mismo conflicto. Ahora como responsable de la política interna del país y cabeza de las negociaciones de la reforma energética.
El secretario de Gobernación está atrapado entre la espada y la pared. Entre los poderosos intereses económicos de su familia y sus intereses políticos.
Lo peor es que no sólo no quiere salir de ese conflicto, sino que pretende ocultarlo. Pero entre más se mueve, más se hunde. Entre más se quiere deslindar, más se involucra.
Grupo Energético del Sureste (GES) y el titular de gobernación se empeñan en negar que el funcionario federal es parte activa de la empresa que hoy gana contratos millonarios con Pemex, el IMSS, Diconsa y la SCT, entre otras dependencias.
Documentos oficiales notariados muestran todo lo contrario.
Reporte Índigo obtuvo copia de los tres poderes notariales sin cancelación ni restricción alguna que tiene JC para manejar los asuntos de las compañías de su familia y para representar en ellas a su padre, Manuel Carlos Mouriño Atanes, quien radica en Vigo, España.
También se tiene copia del acta de la asamblea extraordinaria de GES celebrada el 17 de febrero de 2006, en plena campaña presidencial, cuando Mouriño operaba como brazo derecho del entonces candidato Felipe Calderón.
En dicho documento, el hoy titular de Gobernación aparece como socio. El acta fue inscrita ante notario público por su propio hermano Carlos Mouriño Terrazo, y tiene la firma de Juan Camilo.
Este hecho desmiente lo dicho por Mouriño en su defensa y exhibe el engaño.
Más aún, aquí entramos a una cuestión que no es sólo de ética o moral. Entendamos.
Para que una empresa pueda licitar en el sistema de compras del gobierno federal, debe pasar por el Padrón de Proveedores.
Las condiciones establecen que todas las compañías deben presentar, entre otros documentos, el acta constitutiva de la sociedad, tal como aparece en el Registro Público de la Propiedad. Lo mismo sucede con las solicitudes de préstamos bancarios, ya que las corporaciones deben mostrar sus actas constitutivas.
Fue el 29 de noviembre de 2003 cuando supuestamente Juan Camilo Mouriño cedió sus acciones del Grupo Energético del Sureste, el pilar de los negocios de la familia Mouriño en Campeche.
También se mantuvo hasta enero de 2003 como apoderado de Tesorera GES, S.A. y, según él, hasta septiembre de 2003 fue tesorero de Gasovales, S.A.
Todo ello al mismo tiempo que era diputado federal, presidente de la Comisión de Energía y coordinador de asesores del secretario de Energía Felipe Calderón.
A pesar de que Juan Camilo Mouriño dice haber cedido sus acciones de GES en noviembre de 2003, los documentos dicen otra cosa.
En febrero de 2006, en plena campaña de Calderón para la Presidencia, el hoy titular de Gobernación asistió a una asamblea extraordinaria del Corporativo GES en calidad de accionista. Y firmó el acta.
De ahí se desprende que si la PGR y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigaran a fondo la participación del secretario de Gobernación en sus empresas, podrían fincarle responsabilidades con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.
Pero eso no es todo, también podrían inhabilitar a la empresa Grupo Energético del Sureste y sus filiales: Gasovales GES, ESGES y Transportes Especializados Ivancar, por la forma irregular en que se manejan.
Por Anabel Hernández
Si el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño se maneja en la política en la forma turbia y enredada como lo hace en los negocios de su familia, el resultado será desastroso.
JC está inmerso en un claro conflicto de intereses desde que era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Con una mano firmaba contratos para Transportes Especializados Ivancar en Pemex y con otra planeaba políticas públicas en materia de energía.
Hoy sigue enfrascado en el mismo conflicto. Ahora como responsable de la política interna del país y cabeza de las negociaciones de la reforma energética.
El secretario de Gobernación está atrapado entre la espada y la pared. Entre los poderosos intereses económicos de su familia y sus intereses políticos.
Lo peor es que no sólo no quiere salir de ese conflicto, sino que pretende ocultarlo. Pero entre más se mueve, más se hunde. Entre más se quiere deslindar, más se involucra.
Grupo Energético del Sureste (GES) y el titular de gobernación se empeñan en negar que el funcionario federal es parte activa de la empresa que hoy gana contratos millonarios con Pemex, el IMSS, Diconsa y la SCT, entre otras dependencias.
Documentos oficiales notariados muestran todo lo contrario.
Reporte Índigo obtuvo copia de los tres poderes notariales sin cancelación ni restricción alguna que tiene JC para manejar los asuntos de las compañías de su familia y para representar en ellas a su padre, Manuel Carlos Mouriño Atanes, quien radica en Vigo, España.
También se tiene copia del acta de la asamblea extraordinaria de GES celebrada el 17 de febrero de 2006, en plena campaña presidencial, cuando Mouriño operaba como brazo derecho del entonces candidato Felipe Calderón.
En dicho documento, el hoy titular de Gobernación aparece como socio. El acta fue inscrita ante notario público por su propio hermano Carlos Mouriño Terrazo, y tiene la firma de Juan Camilo.
Este hecho desmiente lo dicho por Mouriño en su defensa y exhibe el engaño.
Más aún, aquí entramos a una cuestión que no es sólo de ética o moral. Entendamos.
Para que una empresa pueda licitar en el sistema de compras del gobierno federal, debe pasar por el Padrón de Proveedores.
Las condiciones establecen que todas las compañías deben presentar, entre otros documentos, el acta constitutiva de la sociedad, tal como aparece en el Registro Público de la Propiedad. Lo mismo sucede con las solicitudes de préstamos bancarios, ya que las corporaciones deben mostrar sus actas constitutivas.
Fue el 29 de noviembre de 2003 cuando supuestamente Juan Camilo Mouriño cedió sus acciones del Grupo Energético del Sureste, el pilar de los negocios de la familia Mouriño en Campeche.
También se mantuvo hasta enero de 2003 como apoderado de Tesorera GES, S.A. y, según él, hasta septiembre de 2003 fue tesorero de Gasovales, S.A.
Todo ello al mismo tiempo que era diputado federal, presidente de la Comisión de Energía y coordinador de asesores del secretario de Energía Felipe Calderón.
A pesar de que Juan Camilo Mouriño dice haber cedido sus acciones de GES en noviembre de 2003, los documentos dicen otra cosa.
En febrero de 2006, en plena campaña de Calderón para la Presidencia, el hoy titular de Gobernación asistió a una asamblea extraordinaria del Corporativo GES en calidad de accionista. Y firmó el acta.
De ahí se desprende que si la PGR y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigaran a fondo la participación del secretario de Gobernación en sus empresas, podrían fincarle responsabilidades con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.
Pero eso no es todo, también podrían inhabilitar a la empresa Grupo Energético del Sureste y sus filiales: Gasovales GES, ESGES y Transportes Especializados Ivancar, por la forma irregular en que se manejan.
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