COMUNICADO DE CILAS SOBRE TERCER INFORME DE GOBIERNO

México, D.F., 31 de agosto de 2009

DESEMPLEO, POBREZA Y CRISIS, LA REALIDAD
MEXICANA QUE CALDERON NO PUEDE OCULTAR

Un millón de personas perdieron su empleo en el último año
Indispensable la denuncia de la política laboral del gobierno federal que sólo favorece a los empresarios
Como siempre, para la mayoría de los mexicanos la crisis no tiene final



El rito de la mentira presidencial se cumple puntualmente. Como antes lo hicieron los priistas y Vicente Fox, ahora el panista Felipe Calderón intentará hacernos creer en su Tercer Informe de Gobierno las bondades de su mandato, pero la farsa muestra un evidente punto débil: en el año más reciente, un millón de personas quedó sin empleo. Con la desocupación crecen, además, los trabajos precarios, la carestía y la pobreza

Mienten Felipe Calderón, y la derecha que gobierna con él, cuando afirman que la crisis que agudiza la pobreza de 50 millones de mexicanos y la pobreza extrema de 30 millones, es sólo producto de la debacle de mundial del capitalismo, cuando en realidad es consecuencia de la imposición, en nuestro país, de la más rígida ortodoxia neoliberal.

Una nación en ruinas, sin industria propia, con su producción agrícola destruida, importador de la mayoría de los bienes de consumo, con una política económica que solo sirve a los grandes capitales, y con orientaciones laborales que provocan la baja de los derechos de los trabajadores y los salarios, conforman el resumen de la realidad actual de México.

Y es una crisis que, pese a lo que diga Calderón, no está por terminar, no para millones de mexicanos empobrecidos que están pagando los platos rotos de las políticas neoliberales. Para ellos, lo peor de la crisis está por venir, porque no se trata únicamente de un problema financiero, sino de una crisis alimentaria, ambiental, energética, cuya solución es de largo plazo y se verá sólo con la sustitución del régimen neoliberal.

Realidad que Felipe Calderón será incapaz de reconocer a tres años de gobierno que desacreditan su imagen durante la campaña electoral de “presidente del empleo”, puesto que administra un país con una tasa de desocupación que en julio ascendió a 6.12 por ciento, llevando la cifra de desocupados oficialmente a 2.8 millones. Esto según los siempre desconfiables datos oficiales.

El propio Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), indicó que este nivel no se veía desde la crisis de 1995, y en particular desde marzo de 2006, cuando la tasa fue de seis por ciento. Entre junio y julio alrededor de 400 mil personas se sumaron a la larga fila de personas sin laboral, y casi un millón lo han hecho en un año.

Además, en el mismo periodo cerraron más de seis mil 700 empresas en el país, lo que se traduce en pérdidas de fuentes de empleo directas e indirectas. La perspectiva, según especialistas, es todavía más sombría, dado que, aun cuando se diera un repunte en la economía eso no significaría, necesariamente, que se creen más empleos.

La ocupación es el parámetro económico que se ajusta de forma más lenta al ciclo de la economía, es decir, que tarda más en recuperarse al finalizar las crisis. La OCDE estimó que el próximo año este parámetro en México alcanzará una tasa de 6.9 por ciento, pese a que prevé un crecimiento de la economía doméstica de 2.5 por ciento en 2010.

Como ya es costumbre, el gobierno federal intentará lavarse las manos, responsabilizando de la devastadora situación a la crisis externa y a las reformas estructurales que el Poder Legislativo ha dejado de hacer en los terrenos económico, fiscal y laboral.

En lo laboral, esa tan repetida reforma no busca sino legitimar la merma pronunciada de los salarios y su poder adquisitivo; la anulación de prestaciones sociales en materia de salud, educación, vivienda y pensiones. Esto se traduce, sencillamente, en mano de obra todavía más barata, sin derecho a una vida digna, precarizada, empobrecida, que garantice las tasas de ganancia del capital.

Para los poderosos de siempre, en nombre de la competitividad, la reforma laboral debe constreñir al máximo la capacidad organizativa de los trabajadores, anulando, en la práctica, el derecho a la sindicalización y a la huelga; y restringir la capacidad jurídica de defensa de los derechos de la clase obrera.


Las y los trabajadores mexicanos y sus organizaciones están obligados a manifestarse este primero de septiembre contra las mentiras presidenciales; a movilizarse para denunciar la política proempresarial del panismo en el poder y combatirla desde la unidad.

Aun más importante, las organizaciones obreras deben aliarse con otros sectores sociales para buscar una salida a la crisis, diferente a la que busca imponer el gran capital, una salida popular que entierre para siempre al neoliberalismo.

En el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), reiteramos que la crisis económica que sufre el país es producto de las políticas neoliberales impuestas en el país por los gobiernos priistas y continuadas por el panismo; los trabajadores no tienen por qué pagar sus consecuencias. La crisis la crearon los capitalistas, que la paguen ellos.