DE ANTORCHA CAMPESINA

LIBERTAD Y POBREZA.

Aquiles Córdova Morán.

Como “Libertad” quiere decir muchas cosas, aclaro que me refiero a la libertad política de los ciudadanos en un régimen que se autodefine como democrático. Y esto porque todo mundo sabe que la pobreza, que ya era inmensa y agobiante antes de la crisis, hoy es más aguda e insoportable precisamente por culpa de esa crisis y de la famosa “influenza humana”, que casi quebró la actividad turística nacional. A estas calamidades se suman otras, derivadas de las dos primeras: la caída vertical del precio del petróleo; la disminución de las remesas de los migrantes; el encarecimiento de los productos de primera necesidad, en primer lugar los granos alimenticios (maíz, arroz, trigo, soya), ya que ahora se destinan a la producción de “etanol”, un sustituto de la gasolina, y la contracción de la actividad productiva ante la baja de nuestras exportaciones a los Estados Unidos. Esto último se ha traducido en cierre de empresas, “paros técnicos”, etc., y, por tanto, en más desempleo, menores salarios y más pobreza. En resumen, pues, que la situación está lejos de ser boyante, a pesar del optimismo que nos asegura que “lo peor de la crisis ya pasó”.
Ahora bien, es muy sabido que más del 30% de los ingresos del gobierno dependen de las ventas de petróleo; esto quiere decir que la brusca caída de su precio afectó, en primerísimo lugar y de manera cuantiosa, al gobierno mismo. Además, el sector turístico requirió de fuertes inyecciones de recursos públicos para su reactivación, y muchas otras actividades económicas también han recibido apoyos (en efectivo o en forma de condonación de impuestos y del pago de otras obligaciones) para poder seguir funcionando y no tener que cerrar sus puertas incrementando el desempleo. Hoy, el empresariado nacional, apoyado abiertamente por varios miembros del nuevo Congreso de la Unión, está pugnando por la derogación del llamado IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) y por la revisión a la baja del ISR (Impuesto Sobre la Renta), lo que quiere decir, en pocas y entendibles palabras, que no hay ni siquiera la esperanza de que el gobierno reciba mayores ingresos provenientes del petróleo y de los impuestos de los empresarios y banqueros, o sea, de la clase alta y adinerada del país.
Hace pocos días salió a los medios el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para anunciarnos un recorte de 50 mil millones de pesos al presupuesto nacional, mismo que se suma a un recorte anterior por 35 mil millones, o sea que, cuando menos hasta hoy, el gobierno ha recortado en 85 mil millones de pesos el dinero disponible para atender la necesidades del país. El señor Secretario de Hacienda se apresuró a tranquilizarnos diciendo que el recorte no afectará el presupuesto destinado al “gasto social”, valga decir, el destinado a atender (o cuando menos a paliar) las necesidades de los más pobres. Pero, al mismo tiempo, Hacienda ha comenzado a manejar la urgencia de incrementar la recaudación del gobierno; y para lograrlo propone, junto a otras medidas que por ahora no hacen al caso, gravar con el IVA (impuesto al valor agregado) a medicinas y alimentos. Es obvio: si el petróleo no puede y los señores del dinero no quieren aportar más al erario, sólo queda el recurso de siempre: más impuestos a los pobres, que son los más indefensos. Al perro más flaco se le cargan las pulgas. Prueba de esto es el círculo vicioso con que se pretende justificar la medida anti popular: como no hay dinero suficiente para atender las necesidades de los pobres, hay que incrementar la recaudación saqueando a esos mismos pobres; o sea: con una mano te doy lo que previamente te he quitado con la otra. Pero el absurdo es sólo aparente; su verdadera lógica aparece cuando se estudia el reparto del presupuesto nacional. Ahí se ve que a los pobres sólo les tocan, en el mejor de los casos, sólo migajas de ese presupuesto; el grueso se destina a “desarrollar la infraestructura del país”, es decir, a obras faraónicas, algunas necesarias y otras no tanto, pero todas en beneficio de la clase alta, así como a reactivar sus negocios y preservar sus intereses.
Aquello de que “no se tocará el gasto social” es tierra a los ojos de los pobres para que no vean la realidad y no se alarmen; pero ahí están ya los aumentos en las autopistas. Y que no nos salgan con el cuento chino de que eso sólo perjudica a quienes tienen coche, pues también pagarán más los autobuses de pasajeros, los tráileres que acarrean los alimentos y aun los dueños de fábricas, bancos y comercios; y todos ellos, júrelo usted, trasladarán el aumento al “consumidor final”, esto es, a quienes no vendemos más que nuestros brazos a cambio de un mísero salario. Y es sólo el comienzo. Los antorchistas podemos dar otra prueba de la inequidad: cada vez son más los gobiernos estatales que, con maniobras de diversa índole, se niegan a resolver peticiones elementalísimas de la gente pobre como vivienda, agua, drenaje, medicina, educación, caminos, etc. Puedo mencionar a los gobiernos de Puebla, de Hidalgo, de Tabasco, de Chihuahua, de Campeche, y la perla de la corona que es el gobierno panista de Querétaro. Todos ellos, cuando se sienten “entre amigos”, confiesan paladinamente que “no resolverán” las demandas antorchistas “porque tienen otras prioridades”.
Y la miseria va de la mano de la represión: como los pobres se niegan a aceptar pasivamente el “argumento” de que “no hay dinero” y salen a la calle a protestar y a plantarse, los gobernadores y sus policías han desatado una guerra, en los medios y en los hechos, en contra de quienes protestan. Tampoco esto es inusitado; quien sepa un poco de historia y de luchas sociales, sabe que a toda época de agudización de la miseria y de la injusticia corresponde siempre la agudización de la represión, la negación de los derechos básicos del pueblo, los palos, la cárcel y cosas peores. Una época así parece despuntar en el país, a menos que el pueblo agredido se organice y luche para evitarlo. No hay otro camino.


México, D. F., a 5 de agosto de 2009.