EL ESTADO Y EL ABORTO, ¿Hasta dónde es reponsable?
Por. María del Carmen Gómez Ortega
Querétaro, Qro.
Agosto, 2009
En un ejercicio franco de retroceso hacia la inquisición, los legisladores queretanos, están discutiendo una propuesta de Ley impulsada por el Diputado panista Fernando Urbiola , en el sentido de reformar el Artículo segundo de nuestra Constitución local.
En esta discusión que se ha abierto a la ciudadanía queretana, los representantes de la ultraderecha defienden el derecho a la vida desde la concepción, los otros defienden la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y de los hijos que desean tener. Es notoria la tendencia moralista de quienes pretenden reformar la ley, bajo argumentos inspirados en valores y principios cristianos, olvidándose de que hace ya un buen rato, la iglesia y el Estado se han separado.
Aunque los jerarcas eclesiásticos han manifestado que se mantendrán al margen de la discusión, conminan a los legisladores para que “actúen con base en sus creencias” . Se les olvida que las creencias y la fe religiosa pertenecen al ámbito privado, mientras que la labor de los legisladores corresponde a un ámbito público, en el que no debería estar en discusión el derecho de las mujeres a elegir cuándo ser madres. Se les olvida también que el ejercicio de la fe no puede convertirse en un principio legislativo que acabe con la laicidad de asuntos penales y civiles, y en general con el estado laico que se supone, tenemos en México.
Para mi gusto, otra vez están discutiendo “al revés”. Se discute como puede resolverse el problema del embarazo no deseado o el embarazo “inconveniente”, en lugar de analizar las circunstancias y los factores que dan origen al mismo y legislar sobre las medidas para prevenirlo.
Histórica y culturalmente, se nos ha asignado a las mujeres la responsabilidad de “cuidarnos” durante el coito para no embarazarnos, y dado el caso después del parto, se nos ha responsabilizado también del cuidado, la educación y cada vez más, de la manutención de los hijos. Sin embargo, cuando se trata de decidir sobre abortar o no hacerlo, los hombres se atreven a proponer reformas legislativas que nos impiden a las mujeres ejercer nuestros derechos sobre nuestro propio cuerpo, la decisión sobre nuestra maternidad y sobre todo, la calidad de vida que podemos ofrecer a nuestros hijos.
Es necesario que previo a la aprobación o no de esta reforma, se revisen los aspectos que contribuirían a prevenir el problema.
Por ejemplo, urge un análisis y reestructuración de nuestro sistema Educativo, el cuál debe contemplar la ampliación de la información verás y oportuna sobre temas de sexualidad, sobre métodos anticonceptivos, sobre los riesgos y consecuencias sociales, económicos, psicológicos y de salud por un embarazo no deseados y por un aborto. En términos generales, educar e informar oportunamente, pero sin estigmatizaciones.
Asimismo, el análisis al sistema de Salud en nuestro país, debe ser mejorado y ampliado. Con una mayor cobertura y garantizar la atención médica a todas las mujeres durante el embarazo, durante el parto y después de éste, a los hijos; tener ingerencia en las escuelas promoviendo los métodos anticonceptivos sin dobles morales ni prejuicios, sino basados en una realdad social que exige conocimiento científico sobre este tema.
En materia legislativa, lejos de que se retroceda endureciendo las penas y eliminando las pocas causales existentes ya para la permisión del aborto, con lo que se castigaría a las mujeres que abortan el producto de una violación o a quienes lo hacen incluso por accidente, es necesario revisar y ampliar las causales que permitirán a las mujeres el ejercicio de su derecho a decidir.
En el aspecto laboral, debe garantizarse el cumplimiento de la ley laboral no discriminatoria contra las mujeres, asegurado la estabilidad laboral de las mujeres, aun en estado de gravidez, así como salarios justos e iguales a los de los hombres en puestos similares.
Se debe garantizar la efectividad de los organismos defensores de los derechos humanos, libres de todo conservadurismo y respetuoso de los derechos de las mujeres.
Cuando el Estado garantice condiciones adecuadas que permitan el desarrollo integral de los hombres y las mujeres; cuando genere las condiciones para que las mujer ejerza su derecho a la maternidad plena, así como a una vida sexual plena, mediante una educación de acuerdo a cada edad, asegurándole el soporte económico, laboral, alimentario y se promueva legal y culturalmente la participación responsable de los varones reconociendo derechos y obligaciones derivados de la paternidad, sólo hasta ese día, veremos reducirse el número de abortos practicados, criminalizado o no.
Mientras no asuma el estado estas responsabilidades y las ejecute conforme a derecho y justicia, el aborto seguirá siendo una práctica cotidiana que pone en riesgo la vida de las mujeres, que aniquila el derecho de la mujer. Una práctica discriminatoria permitida sólo para quienes poseen recursos económicos para practicarlo con seguridad y discreción.
Pero lo más lamentable en Querétaro será, que a pesar de las múltiples manifestaciones de las y los ciudadanos en contra de la penalización del aborto y la reforma al artículo segundo de la Constitución local, los legisladores terminarán por aprobar esta ley, otra vez sin escuchar al pueblo.
A los ciudadanos, nos queda mantenernos firmes en la lucha por cambiar el estado de cosas y el sistema político que nos reprime y nos ignora. Nos queda mantenernos alertas, porque así como esta ley ha pasado en otros estados, pasará en Querétaro. Y pasará en la Ley General, como harán pasar otras, por ejemplo la Reforma a la Ley Laboral. Pasarán, ante un pueblo que cada vez está más harto de no ver representados sus intereses e quienes se supone deberían velar por nuestro bienestar. Hasta que nos sacudamos el miedo y nos levantemos en nuestra propia defensa contra el enemigo.
Por. María del Carmen Gómez Ortega
Querétaro, Qro.
Agosto, 2009
En un ejercicio franco de retroceso hacia la inquisición, los legisladores queretanos, están discutiendo una propuesta de Ley impulsada por el Diputado panista Fernando Urbiola , en el sentido de reformar el Artículo segundo de nuestra Constitución local.
En esta discusión que se ha abierto a la ciudadanía queretana, los representantes de la ultraderecha defienden el derecho a la vida desde la concepción, los otros defienden la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y de los hijos que desean tener. Es notoria la tendencia moralista de quienes pretenden reformar la ley, bajo argumentos inspirados en valores y principios cristianos, olvidándose de que hace ya un buen rato, la iglesia y el Estado se han separado.
Aunque los jerarcas eclesiásticos han manifestado que se mantendrán al margen de la discusión, conminan a los legisladores para que “actúen con base en sus creencias” . Se les olvida que las creencias y la fe religiosa pertenecen al ámbito privado, mientras que la labor de los legisladores corresponde a un ámbito público, en el que no debería estar en discusión el derecho de las mujeres a elegir cuándo ser madres. Se les olvida también que el ejercicio de la fe no puede convertirse en un principio legislativo que acabe con la laicidad de asuntos penales y civiles, y en general con el estado laico que se supone, tenemos en México.
Para mi gusto, otra vez están discutiendo “al revés”. Se discute como puede resolverse el problema del embarazo no deseado o el embarazo “inconveniente”, en lugar de analizar las circunstancias y los factores que dan origen al mismo y legislar sobre las medidas para prevenirlo.
Histórica y culturalmente, se nos ha asignado a las mujeres la responsabilidad de “cuidarnos” durante el coito para no embarazarnos, y dado el caso después del parto, se nos ha responsabilizado también del cuidado, la educación y cada vez más, de la manutención de los hijos. Sin embargo, cuando se trata de decidir sobre abortar o no hacerlo, los hombres se atreven a proponer reformas legislativas que nos impiden a las mujeres ejercer nuestros derechos sobre nuestro propio cuerpo, la decisión sobre nuestra maternidad y sobre todo, la calidad de vida que podemos ofrecer a nuestros hijos.
Es necesario que previo a la aprobación o no de esta reforma, se revisen los aspectos que contribuirían a prevenir el problema.
Por ejemplo, urge un análisis y reestructuración de nuestro sistema Educativo, el cuál debe contemplar la ampliación de la información verás y oportuna sobre temas de sexualidad, sobre métodos anticonceptivos, sobre los riesgos y consecuencias sociales, económicos, psicológicos y de salud por un embarazo no deseados y por un aborto. En términos generales, educar e informar oportunamente, pero sin estigmatizaciones.
Asimismo, el análisis al sistema de Salud en nuestro país, debe ser mejorado y ampliado. Con una mayor cobertura y garantizar la atención médica a todas las mujeres durante el embarazo, durante el parto y después de éste, a los hijos; tener ingerencia en las escuelas promoviendo los métodos anticonceptivos sin dobles morales ni prejuicios, sino basados en una realdad social que exige conocimiento científico sobre este tema.
En materia legislativa, lejos de que se retroceda endureciendo las penas y eliminando las pocas causales existentes ya para la permisión del aborto, con lo que se castigaría a las mujeres que abortan el producto de una violación o a quienes lo hacen incluso por accidente, es necesario revisar y ampliar las causales que permitirán a las mujeres el ejercicio de su derecho a decidir.
En el aspecto laboral, debe garantizarse el cumplimiento de la ley laboral no discriminatoria contra las mujeres, asegurado la estabilidad laboral de las mujeres, aun en estado de gravidez, así como salarios justos e iguales a los de los hombres en puestos similares.
Se debe garantizar la efectividad de los organismos defensores de los derechos humanos, libres de todo conservadurismo y respetuoso de los derechos de las mujeres.
Cuando el Estado garantice condiciones adecuadas que permitan el desarrollo integral de los hombres y las mujeres; cuando genere las condiciones para que las mujer ejerza su derecho a la maternidad plena, así como a una vida sexual plena, mediante una educación de acuerdo a cada edad, asegurándole el soporte económico, laboral, alimentario y se promueva legal y culturalmente la participación responsable de los varones reconociendo derechos y obligaciones derivados de la paternidad, sólo hasta ese día, veremos reducirse el número de abortos practicados, criminalizado o no.
Mientras no asuma el estado estas responsabilidades y las ejecute conforme a derecho y justicia, el aborto seguirá siendo una práctica cotidiana que pone en riesgo la vida de las mujeres, que aniquila el derecho de la mujer. Una práctica discriminatoria permitida sólo para quienes poseen recursos económicos para practicarlo con seguridad y discreción.
Pero lo más lamentable en Querétaro será, que a pesar de las múltiples manifestaciones de las y los ciudadanos en contra de la penalización del aborto y la reforma al artículo segundo de la Constitución local, los legisladores terminarán por aprobar esta ley, otra vez sin escuchar al pueblo.
A los ciudadanos, nos queda mantenernos firmes en la lucha por cambiar el estado de cosas y el sistema político que nos reprime y nos ignora. Nos queda mantenernos alertas, porque así como esta ley ha pasado en otros estados, pasará en Querétaro. Y pasará en la Ley General, como harán pasar otras, por ejemplo la Reforma a la Ley Laboral. Pasarán, ante un pueblo que cada vez está más harto de no ver representados sus intereses e quienes se supone deberían velar por nuestro bienestar. Hasta que nos sacudamos el miedo y nos levantemos en nuestra propia defensa contra el enemigo.
“Nadie hará por el pueblo, lo que el pueblo no haga por si mismo”
LIC. MARIA DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA
Un mundo mejor es posible.
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