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domingo, junio 13, 2010

NARCOTRÁFICO / REPORTE ESPECIAL

Los sospechosos de San Lázaro
La sombra del crimen organizado planea sobre el Palacio Legislativo de San Lázaro... Los nombres de 21 representantes populares -13 del PRI, 6 del PAN y 2 del PRD- han aparecido en diversos documentos oficiales de México y Estados Unidos, unas veces como sospechosos de complicidad con la delincuencia, otras como testigos o víctimas de amenazas o ataques. Cada vez más palmaria, la realidad de la narcopolítica en el país se impone con crudeza...
Por Jesusa Cervantes y Esteban David Rodríguez
Proceso 1754 / 13 de junio de 2010
En diferentes momentos, 21 diputados de la LXI Legislatura federal han sido señalados como benefactores o protectores de la delincuencia organiazada o se les ha acusado de recibir financiamiento del narcotráfico. Es más: sus nombres incluso han figurado en documentos de la DEA o de la Procuraduría General de la República (PGR) vinculados con el crimen organizado.
En algunos casos los legisladores fueron involucrados, a partir de testimonios judiciales, con estructuras delictivas; fueron testigos de descargo de personas sujetas a averiguaciones; tienen familiares implicados en actividades del narcotráfico o han sido amedrentados por sicarios.
Proceso investigó los señalamientos acerca de las posibles relaciones de diputados con organziaciones criminales. Aunque fuentes judiciales ubicaron como sospechosos a cuando menos 40 legisladores federales, este semanario sólo da cuenta de los casos que logró documentar.

Alejandro Cano Ricaud, diputado priista, entró a la política en 2001 como candidato suplente de Jorge Barousse a la alcaldía de Chihuahua. En julio de 2002, menos de ocho meses después de asumir el cargo, un infarto mató a Barousse. Cano asumió entonces la presidencia municipal.
El 4 de julio de 2003 el ayuntamiento adjudicó la "concesión para la construcción y operación del rastro municipal" -concurso RM-02/03- a Corrales San Ignacio, empresa de los hermanos Arriola, investigados desde 2002 en México y Estados Unidos como líderes de una red de tráfico de cocaína y "blanqueo de capitales". El 16 de diciembre de 2003, el estado de Colorado solicitó la detención de Óscar Arriola, presunto cabecilla de la organización. El 24 de agosto de 2004, Cano, Arriola y el entonces gobernador Patricio Martínez pusieron la primera piedra del rastro.
El 16 de septiembre siguiente, la Agencia Federal de Investigación capturó a Miguel Ángel y Luis Raúl Arriola Márquez. En abril de 2005, el regidor panista Alonso Baeza, quien investigaba presuntas irregularidades en la adjudicación del rastro, fue asesinado. El 2 de febrero de 2006 la PGR capturó a Óscar Arriola. Se dijo que mensualmente introducía 2.5 toneladas de cocaína a Estados Unidos y se le tenían asegurados bienes por más de 70 millones de dólares. En enero de 2007 Miguel Ángel Arriola fue extraditado a Estados Unidos y el pasado 4 de marzo lo siguió Óscar.
En 2009, cuando buscaba la diputación federal, un video circuló en YouTube (www.youtube.com/watch?v=4Um0Q3kesoE): en él aparecen fotos de Arriola, Patricio Martínez y Cano Ricaud cuando colocaban la primera piedra del rastro. El diputado ahora preside la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación.

Héctor Agustín Murguía Lardizabal, El Teto, diputado priista y empresario de las ramas química e inmobiliaria, fue senador y alcalde de Ciudad Juárez (2004-2007). Durante su administración municipal, Saulo Reyes Gamboa fue jefe de la policía; el 18 de enero de 2008, éste fue aprehendido por agentes de la DEA en El Paso, Texas, cuando intentaba pasar 400 kilos de droga. Ese día El Teto negó haber recibido 100 mil dólares del narcotráfico de manos de Saulo Reyes. El 15 de septiembre siguiente Reyes fue sentenciado a 97 meses de prisión en Estados Unidos.
En marzo de 2009, cuando El Teto buscaba la diputación federal, un informe de la DEA (elaborado dos años antes) señaló: "El alcalde Héctor Murguía, también conocido como El Teto, podría haber financiado su campaña política con dinero del narcotráfico, administrado por Saulo Reyes". Junto a éste, la DEA señalaba al secretario de Seguridad Pública de Murguía, Marco Antonio Torres, como contactos del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes. El Viceroy.
El 25 de marzo de 2009, Murguía afirmó que el documento de la DEA era apócrifo y se deslindó de cualquier vínculo con el narcotráfico; sin embargo, el Diario de Juárez, en su edición del 19 de julio de 2006 y aún siendo alcalde El Teto, reveló que éste había adquirido propiedades por 11 millones 373 mil 463 pesos. Además, señalaba que en seis transacciones figura el nombre de Baldomero Fuentes, identificado por la PGR como "brazo derecho" de Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez. El Teto tiene licencia: busca un segundo periodo en la alcaldía de Juárez.

Hugo Héctor Martínez González, diputado priista coahuilense, fue alcalde de Múzquiz y secretario de Desarrollo Social, primero, y de Obras Públicas y Transporte, después, en el gobierno de Coahuila.
En enero de 2005 se publicó un oficio de la Subdirección de Investigación de Delitos Federales de la PGR que mencionaba a´Hugo Héctor Martínez -alcalde electo- como sujeto de una investigación por presuntos nexos con el narco. El entonces gobernador, Enrique Martínez, su secretario de Gobierno, José Abraham Cepeda Izaguirre, y varios diputados locales salieron en su defensa. Hugo Héctor Martínez envió una carta a los medios en la que consideraba sin sustento a las acusaciones de la PGR, basadas en señalamientos anónimos, "producto de una mente enfermiza, con negros intereses y seguramente con un trasfondo político".
La acusación contra Martínez González lo señalaba como cómplice del delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la región carbonífera, José Armando Dávila, en la siembra, cosecha, procesamiento y transporte de mariguana y cocaína.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la PGR inició la averiguación contra el priista. La denuncia se ratificó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y se abrió la averiguación previa 1043/2005, según la cual los sembradíos se ubicaban en la sierra de Santa Rosa de Lima, en Múzquiz. No se ha sabido más de aquella investigación.
Martínez González es secretario de la Comisión de Desarrollo Social.

Arturo Zamora Jiménez, legislador priista, es abogado y notario público en Jalisco. En el gobierno de esta entidad ocupó los cargos de subprocurador de Justicia, director general de Prevención y Readaptación Social y subsecretario de Seguridad Pública. En 2006, cuando buscaba la gubernatura de Jalisco, la DEA lo vinculó coin el cártel de Tijuana.
Antes, el 17 de enero de 1995, Zamora Jiménez fue víctima de un atentado (el segundo en su contra) del que salió ileso. En septiembre de ese año, dos gatilleros del cártel de Tijuana revelaron que ese ataque pretendía vengar la muerte de El Spunky atribuida a Zamora.
Ramón Méndez Torres, El Spunky, era un sicario implicado en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y quien a su vez fue ejecutado el 8 de septiembre de 1994 en el Reclusorio Preventivo Metropolitano de Jalisco. En mayo de 1995, fue aprehendido en Tijuana un grupo de asesinos del cártel de Tijuana. El 3 y 4 de septiembre siguientes, según la averiguación previa 261/MPINCD/95, esos sicarios rindieron declaración ante Williams Román García, agente del Ministerio Público del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD). Jaime Muñiz Cuevas, El Profe o El Paisa, admitió haber participado, junto con Guillermo Gómez Chávez y Rodrígo Villegas, en el atentado contra Zamora, "porque él ordenó la muerte de Méndez Torres".
El 13 de septiembre de 2004, Mario Sánchez Paniagua, socio de Zanora Jiménez en la notaría número 16, fue ejecutado. En principio, éste negó vínculo alguno con Sánchez Paniagua, pero después debió admitir que era su socio. Según un informe de la DEA, fechado en octubre de 2004, ese abogado era una especie de testaferro del actual diputado y su ejecución "fue una advertencia por sus vínculos narcopolíticos y el incumplimiento de favores políticos, específicamente (...) licencias de construcción que beneficiaban a Pedro Mireles Félix".
Para la Dea, a Zamora "se le ha conocido una estrecha relación con familias de tráfico de drogas asociadas con Rafael Caro Quintero y Juan José Quintero Payán".
Mireles Félix, primo lejano de los Arellano Félix, habría financiado la precampaña de Zamora por la alcaldía. Detenido en octubre de 2004 por posesión de cocaína, Mireles salió libre tras asegurar que le habían sembrado la droga. Más tarde cayó nuevamente. Versiones de prensa dicen que fue detenido gracias a un pitazo de Zamora. Mireles murió en 2008 en el penal de Puente Grande, Jalisco.
Como alcalde de Zapopan (2004-2006), Zamora sostuvo como jefe de la policía a Rodolfo Ramírez Vargas, teniente coronel retirado quien, según la averiguación previa AP/PGR/GDL/AG3M1/2005, vendía protección a los narcotraficantes José Gil Caro Quintero, El Jogil, y Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico (Proceso 1546). De igual forma, su administración facilitó distintas licencias de construcción a Mireles Félix.
A pesar de las averiguaciones del INCD y de los señalamientos de la DEA, en junio de 2006, como candidato a gobernador, Zamora Jiménez se las arregló para presentar ante la prensa un documento de la delegación de la PGR en Jalisco, fechado el 29 de mayo de ese año, que negaba cualquier investigación en curso que lo implicara. También tramitó un amparo federal. Perdió la gubernatura. Coordina la diputación priista de Jalisco y es integrante de las comisiones de Defensa Nacional, Jurisdiccional, de Gobernación y de Justicia.

Jorge Arana Arana, diputado priista jaliciense, fue empresario alfarero de 1980 a 2000 y militante de la CNOP en Tonalá desde los ochenta. Fue administrador general del ayuntamiento de Tonalá en 1984 y para 1986, cuando tenía 24 años, asumió las responsabilidades administrativas de la policía local. Después fue regidor, tesorero y alcalde de Tonalá (1998). En 2003 contendió por la alcadía de Guadalajara.
Según el libro Narcotráfico: el desafío de Calderón, de Alejandro Gutiérrez, Arana fue quien puso en contacto a Zamora con Mireles Félix, y ambos habrían recibido financiamiento del narcotraficante, aunque después se distanciaron. Es secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Leonicio Alonso Morán Sánchez, diputado panista, fue vicepresidente (2001-02) de la Concanaco y de ahí pasó a la alcalcía de Colima (2003-06). Según un reporte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional difundido en julio de 2009, en su campaña por la presidencia municipal, Morán y otros representantes populares, entre ellos el senador panista Jesús Dueás Lleneras, evidenciaron vínculos con el narcotraficante Germán Torres Anguiano, quien habría apoyado "las campañas políticas panistas con 800 mil dólares" en 2003.
Según el informe, Torres Anguiano, "a solicitud de Dueñas", cubrió gastos de contratación de una avioneta, con matrícula XB-LIY, que el 3 de diciembre de 2003 sobrevoló Isla Navidad -donde había una reunión de la Conago- y la zona conurbada de Colima para vocear desde un alto parlante proclamas contra un presunto fraude electoral.
Morán es integrante de la Comisión de Economía.

Humberto Benitez Treviño, legislador priista, ha sido subprocurador de Justicia del Distrito Federal, así como produrador y secretario de Gobierno en el Estado de México.
Noé Sánchez Avendaño, narcomenudista ligado a Los Zetas y testigo protegido de la PGR, declaró que el secuestro de uno de sus hermanos era consecuencia de una consigna de Enrique Peña Nieto para favorecer en el Estado de México a La Familia (PGR/SIEDO/UEJDCS/280/08).
La PGR descubrió que su delegado en esa entidad, José Manzur, y colaboradores de Benitez cumplían dicha consigna en colaboración con La Familia (Proceso 1738). Preside la Comisión de Justicia.

Miguel Antonio Osuna Millán, legislador panista y hermano del gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, fue detenido en Tijuana en marzo de 2009, junto con otras 60 personas, en la fiesta de una sobrina de Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil, lugarteniente de Teodoro García Simental, El Teo, quien dejó la organización de los hermanos Arellano Félix para sumarse al cártel de Sinaloa, y al que se le atribuye la matanza de 40 personas ocurrida en 2008.
Los detenidos fueron trasladados al centro de arraigo de la SIEDO, salvo algunos policías por quienes intercedió el gobernador Osuna. De esos, uno había sido escolta suyo y otro del propio Miguel Antonio Osuma, sobre quien no se esclareció si había declarado como los demás. Volvió a su campaña por la diputación federal. Preside la Comisión de Salud.

Leonardo Arturo Guillén Medina, legislador panista, en 200 pasó de asesor jurídico de la alcaldía de San Luis Río Colorado a coordinador regional de Giras Presidenciales durante la gestión de Vicente Fox. El director de la Coordinación de Giras Presidenciales, Nahum Acosta Lugo, fue detenido el 3 de febrero de 2005 acusado de tener vínculos con Arturo Beltrán Leyva. La PGR presentó grabaciones en las que, presuntamente, Acosta daba información al narcotraficante.
Guillén compareció el jueves 7 de abril de 2005, según resolución asentada en el expediente 5/2005, como testigo de descargo de Acosta en el proceso seguido por el juez VI de Distrito de Procesos Penales Federales, José Luis Gómez Martínez. Acosta fue exonerado por Gómez Martínez, contra cuyas resoluciones la PGR presentó distintas querellas ante el Consejo de la Judicatura Federal. Es integrante de la Comisión de Justicia.

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