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domingo, febrero 16, 2014

ESTADOS / VERACRUZ

Sin paz, sin orden, sin ley

Con el asesinato de Gregorio Jiménez suman ya 10 los periodistas ejecutados en el estado de Veracruz en lo que va de la administración de Javier Duarte de Ochoa. Otra de esas víctimas fue Regina Martínez, cuya muerte enlutó a Proceso. A raíz de la tragedia de Goyo, el gremio periodistico se unió para exigir la renuncia del gobernador priista, durante cuyo mandato en la entidad han imperado la violencia, la inseguridad y la impunidad.

Por Noé Zavaleta
Proceso 1946 / 16 de Febrero de 2014

XALAPA, VER.- Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz, reportero de la fuente policiaca de los periódicos de Coatzacoalcos Liberal del Sur y Notisur, es el décimo periodista asesinado en los 38 meses que lleva al frente del gobierno de Veracruz el priista Javier Duarte de Ochoa, cuya administración se ha mostrado incapaz de enfrentar la violencia que envuelve a la entidad.
Los veracruzanos viven ahora -sobre todo en los últimos dos meses- entrre levantones, asesinatos, secuestros, fosas clandestinas y tiroteos. La indignación ciudadana se refleja en marchas de familiares de los desaparecidos, quienes repudian la ineptitud de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
La semana pasada se efectuaron tres protestas del Colectivo por La Paz, dos en Xalapa y una en el puerto de Veracruz. Además, luego del secuestro y ejecución de Jiménez de la Cruz, el gremio periodistico veracruzano encabezó marchas de repudio contra el gobierno de Duarte, su aparato de seguridad y su sistema de procuración de justicia durante siete días consecutivos.
En Coatzacoalcos tuvieron lugar las protestas más airadas, pero en la capital estatal el rechazo fue más puntual: el miércoles 12 en la entrada principal del Palacio de Gobierno se colocó una cartulina que exigía "renuncia Bermúdez, renuncia Amadeo, renuncia Gina, renuncia Duarte, renuncia Macías, renuncia Namiko. Renuncien, renuncien".
Se aludía al titular de la SSP, Arturo Bermídez; al procurador Amadeo Flores; a la vocera del gobernador; Gina Domínguez; al propio mandatario; al diputado y empresario periodistico Eduardo Sánchez Macías -quien les aseguró a los reporteros que Goyo había sido rescatado con vida- y a la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Periodistas, Namiko Matsumoto, cuya oficina es un elefante blanco que le cuesta al erario 20 millones de pesos al año.
Ese mismo día en la red social Twitter la etiqueta #HastaQueRenuncieDuarte se convirtió en tendencia dominante entre periodistas tanto locales como de país entero y aun en Latinoamérica.
La evrsión de la PGJ asevera que el homicidio fue producto de una venganza por diferencias personales con Teresa de Jesús Hernández, dueña de un bar y quien según la dependencia pagó 20 mil pesos a cinco sicarios para secuestrar, asesinar y luego sepultar a Jiménez de la Cruz en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas.
Amnistía Internacional condenó el asesinato e hizo un llamado a que se haga una investigación pronta e imparcial a fin de determinar si el crimen fue consecuencia del trabajo periodístico de Goyo.
Por su parte la organización Artículo 19 consideró "inaceptable" para el gobierno de Duarte descarte el trabajo periodistico de Jiménez de la Cruz como "posible móvil" del homicidio.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también lamentó el crimen: "El fatal desenlace trae una vez más el luto a Veracruz. Combatir la impunidad que rodea muchos casos de agresiones contra las y los comunicadores sociales, así como a los múltiples ataques a las instalaciones de los medios, es un deber indelegable e irrenunciable de las autoridades", apuntó la institución en un comunicado.
Medios del mundo -como el periódico español El País, el estadunidense The Washington Post, y las páginas Cosecha Roja (de la Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica) y Periodistas de a Pie- dieron seguimiento al caso de Jiménez y condenaron la impunidad que impera en Veracruz, lo cual deriva en nulas garantías al ejercicio periodístico.

"No se metan con mi familia"

Conmocionados aún por el asesinato, amigos de Gregorio Jiménez sueltan un rosario de adjetivos para dibujarlo: "Era risueño, humilde, honesto, trabajador, solidario... su notas siempre le daban voz a los más jodidos".
Un reportero de Coatzacoalcos comenta, horas antes de asistir al sepelio de Goyo: "¿Ya viste las fotos de su casa? ¡Vivía en el pantano! Él rellenó ahí para hacer su casita. No tiene ni piso (la vivienda), siempre fue muy sencillo, lo recuerdo trepado en su moto, con una cangurera donde guardaba sus cosas de trabajo. Vivía siempre preocupado por sus hijos".
A Jiménes de la Cruz lo levantó un comando el miércoles 5. Un día después fue asesinado y el martes 11 fuerzas federales y estatales hallaron su cuerpo enterrado en una fosa clandestina."Fue interceptado por una camioneta cuando volvía de llevar a su hija a la escuela. Bajaron cinco personas, preguntaron si era la casa del fotógrafo. 'No se metan con mi familia', pidió Goyo. Ya sabía lo que le esperaba", han narrado una y otra vez sus amigos.
El resto de la historia corrió a cargo de la PGJ. En la investigación ministerial 4/058/2014 concluyó que Jiménez de la Cruz fue asesinado por manifestar "diferencias personales y familiares" con Teresa de Jesús Hernández Cruz, dueña de un bar. Cuatro de los cinco sicarios que según la PGJ lo mataron ya están detenidos:  José Luis Márques Hernández (líder de la célula criminal), Santiago González, Jesús Antonio Pérez Herrera y Gerardo Contreras Hernández.
Para la procuraduría estatal el homicidio del periodista no tuvo relación con las publicaciones que hacía en Notisur y Liberal del Sur. Sin embargo -dicen sus amigos- el secuestro de Ernesto Ruiz Guillén, El Cometierra, a finales de enero fue reportado y publicado por Gregorio, cuyo cadáver apareció en la fosa junto al del Cometierra y al de una persona no identificada.
Las diferencias con la dueña del bar eran reales, cuentan a este semanario sus colegas, y agregan que Jiménez había documentado y publicado que ese lugar funcionaba también como casa de seguridad para retener a migrantes centroamericanos. La región de Coatzacoalcos y Las Choapas -más de 400 kilómetros al sur de Xalapa- se destaca por el flujo constante de migrantes centroamericanos y la presencia de grupos criminales como Los Zetas y escisiones de la Mara Salvatrucha.
Un dato más: el Diario de Acayucan -que circula en el sur del estado- publicó el jueves 13 que Gerardo Contreras Hernández, uno de los detenidos por su presunta participación en el homicidio, había sido detenido en abril de 2012 por formar parte de una célula zeta en el sur de Veracruz. Esa vez fue acusado junto el jefe de sicarios de Los Zetas, Marcos Jesús Hernández Rodríguez, El Chilango, y el jefe de plaza, Romero Domínguez Vélez, El Chaparro, por la tortura y ejecución de cuatro marinos cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en la carretera a Actotpan -Xalapa.
Dos días después de su detención, José Luis Márquez y Jesús Antonio Pérez, presuntos implicados en el homicidio, se quejaron desde la rejilla de prácticas del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Coatzacoalcos de haber sido golpeados y torturados por policías ministeriales "para que estamparan" sus firmas en las confesiones.
En el desaseo de la investigación ministerial tampoco quedó claro cómo salieron los sicarios en una camioneta y llevando a Goyo. La congregación Villa Allende tiene tres salidas: una es hacia Coatzacoalcos, por lancha; otra es un camino ejidal hacia Las Choapas, que implica un viaje de una hora -tiempo suficiente para que reaccionaran el Mando único o las fuerzas federales del programa Veracruz Seguro- y por último la carretera federal a Coatzacoalcos, donde hay filtros y retenes de seguridad pública y fuerzas federales.
Con el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz el gobierno de Duarte acumula la vergonzante cifra de 10 periodistas asesinados: Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan; Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Gabriel Huge y Yolanda Ordaz,de Notiver; Regina Martínez, corresponsal de Proceso; Guillermo Luna Varela, de Veracruz News; Esteban Rodríguez, de Diario AZ, y Victor Manuel Báez Chino, de Milenio.
Además la PGJ aún tiene abiertas tres averiguaciones previas por las desapariciones de Gabriel Fonseca, del Diario de Acayucan; Sergio Landa, del Diario de Cardel, y Miguel Morales Estrada, reportero independiente de Poza Rica.

Zona de riesgo

En Cosamaloapan, en la cuenca del Papaloapan, ha habido más de 26 desapariciones forzadas de habitantes de ese municipio y de otros de la región.
El pasado 15 de enero vecinos de la zona reportaron la existencia de dos fosas clandestinas. La PGJ lo negó, pese a que familiares de los desaparecidos abarrotaron la sede regional de la Procuraduría para saber si entre los cuerpos estaban los de sus allegados.
"Sí hay (cuerpos). Tenemos una pila de cadáveres, pero son de un accidente automovilístico", contestó vía telefónica, de mala gana, el asesinato de Miguel Palacios, encargado de Servicios Periciales en la Región.
Una docente de Cosamaloapan le comenta a Proceso: "Se han ido muchos alumnos míos por la inseguridad. Entre otros casos tengo niños que van mal y sus papás los justifican diciendo que es porque tienen secuestrada a una tía, a un primo, a un familiar cercano. Cosamaloapan tiene mucho rato que está mal. En la noche no ves prácticamente a nadie, parece pueblo fantasma. La gente que tenía dinero, comerciantes o políticos, ya no viven aquí".
Apenas en octubre pasado Alberto Jiménez Rivera, excandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Cosamaloapan, fue acribillado por un comando. En un evento aparte, su hermano José, empleado de la Comisión Federal de Electricidad, fue levantado y sigue desaparecido.
El pasado 26 de enero más de 600 personas marcharon vestidas de blanco por la ciudad para hacer una protesta pacífica y silenciosa a fin de exigir que aparezcan sus familiares.
Un caso más: Mary Molina, de 19 años, hija del expresidente municipal de Carlos A. Carrillo, Enrique Molina Ríos, fue encontrada muerta el 14 de enero en una fosa clandestina, pese a que su familia había pagado un rescate de 300 mil pesos.
También de Cosamaloapan, Giovanni Palmero Arciga -sobrino del exdiputado federal Diego Palmeros- está desaparecido desde el 26 de enero. La investigación ministerial 98/2014/2014/1eraBR/V radicada en el Ministerio Público de Boca del Río consigna que fue levantado al salir de la discoteca La Cantinita.
Amigos de Palmero Arciga acusan a policías de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), quienes para investigar les han pedido dinero "para la gasolina", pues no hay recursos "para moverse".

Desapariciones, extorsiones, chivos expiatorios...

Los jóvenes Karla Nayelli Saldaña Hernández, su medio hermano Jesús Alberto Estrada Martínez e Itzel Quintanilla desaparecieron en Xalapa el 30 de noviembre de 2011, según consta en la investigación ministerial 2009/11/3º/Xal-12. También se esfumó un Peugeot azul modelo 2005, propiedad de Karla.
Desde entonces Carlos Saldaña Grajales, padre de Nayelli y padrastro de Jesús Alberto, los ha buscado por todos los rincones de Veracruz, el Distrito Federal y otros estados; siempre carga fotografías de sus hijos y copias de las denuncias ministeriales.
En noviembre de 2013 recurrió a autoridades federales para denunciar que el auto de su hija apareció en manos de Isaac Moreno, quien fue recluido en el penal de Pacho Viejo y confesó que el vehículo se lo había "dado a reparar" Filiberto Rojano. Ambos son expolicías de Xalapa. La PGJ nunca los investigó. Y Moreno salió libre.
La misma noche en que Karla, Itzel y Jesús Alberto no volvieron a su casa, otros 10 jóvenes desaparecieron en Xalapa, según le dijo a Saldaña el comandante de la AVI Alejandro Ortega Cueto.
Casos parecidos han ocurrido en otros puntos de Veracruz. Carmen Sánchez, de Coatepec, tiene un hijo desaparecido desde hace 10 meses: "Se lo llevaron el 16 de abril en pleno día y no aparece, fueron unas patrullas (de la SSP). Sólo quiero encontrarlo vivo".
Hugo Benitez asegura que su hijo, el taxista Alejandro Benitez, fue levantado por policías estatales, marinos y militares en un operativo en Cardel el 30 de septiembre de 2013.
Josefa Lara Ramírez muestra la foto de su hija Karen Janeth Martínez Lara, de Cosamaloapan: "A mi hija la Policía Estatal la sacó de la casa el día 5 de agosto de 2013".
Los denunciantes pertenecen al Colectivo por La Paz, organización civil dedicada a buscar a personas desaparecidas. Su portavoz, Anaís Palacios, asegura que la PGJ tiene documentadas 484 "desapariciones forzadas" en los últimos tres años.
Palacios asegura que el número podría ser mucho mayor.
En su protesta más reciente -el miércoles 12- dicho colectivo "cercó" el Palacio de Gobierno para decirles a Duarte, al procurador Flores y al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, que si no pueden con el paquete de la inseguridad y los desaparecidos, "mejor renuncien".
Proceso solicitó una entrevista con Amadeo Flores para conocer la postura del gobierno veracruzano sobre esta nueva escalada de violencia e impunidad. La respuesta fue: "Amadeo no quiere dar entrevistas".
Miguel Ángel Mateos Escamilla fue sentenciado a 65 años de prisión por homicidio calificado y secuestro agravado contra Karina Reyes Luna, sobrina del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios. Han pasado cinco años y medio del asesinato y el padre y un hermano del reo, Roberto Mateos Sánchez y José Manuel Mateos Escamilla -quien fuera novio de la joven asesinada-, aseguran que Miguel Ángel no cometió ese delito.
Para ello han emprendido en las redes sociales la campaña #soy_inocente, donde detallan que la investigación ministerial (138/2008/11) estuvo plagada de vicios e irregularidades. El abogado de Mateos, Ramón Ángel López Mendoza, enumera algunas: "Nunca hubo reconstrucción de hechos en el homicidio, las huellas dactilares halladas en el cuerpo de la víctima no coinciden con las de mi defendido, los otros dos implicados, ya presos, exoneran a Miguel Ángel del homicidio".
En el infierno que vive Veracruz está también de regreso de los tiroteos en las principales ciudades. Apenas el miércoles 5 un grupo de sicarios ultimó a un vendedor de autos en la colonia Higueras, al norte de Xalapa. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río los reporteros de la fuente policiaca han dejado de consignar los hechos por su propia seguridad.
En la zona de Los Tuxtlas y en la cuenca de Papaloapan, vecinos de estas regiones se han quedado con cargas anónimas enviadas a medios nacionales de que la delincuencia organizada ya cobra derecho de piso y diezmo hasta por la venta de terrenos o autos.

2 comentarios:

Paulina Núñez dijo...

Hola, me interesa tu blog, me puedes mandar la dirección de URL? Para añadirte, hiciste un artículo sobre el barrio de San Francisquito en diciembre del 2012, estoy haciendo un artículo de investigación sobre la zona desde el punto de vista social y de educación, no se sí tienes más información del barrio, que me puedas compartir, es para un trabajo de investigación de mi maestría en educación, te dejo mi correo para que nos contactemos. Me interesa mucho, ya te platicaré mi proyecto, saludos.
Paulina Núñez , mi correo es panu19@me.com

Jose Manuel Mateos dijo...

Hola quisiera compartir este video, es sobre el caso de Miguel Angel Mateos Escamilla, acusado injustamente por la procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz por el secuestro y asesinato de Karina Reyes Luna, sobrina del Azobispo de Xalapa, por favor ayudanos a difundir.
https://www.youtube.com/watch?v=TVvaXZcc5UU