DESCOMPOSICIÓN IV

Ángela, víctima de sus héroes: cuarta y última

La justicia se esconde

TRAS TRES MESES, FINALMENTE SUS PADRES DESCUBRIERON QUE ÁNGELA ESTABA MUERTA. LAS AUTORIDADES MEXIQUENSES HABÍAN SIDO INCAPACES DE RELACIONAR LA DESAPARICIÓN DE LA MENOR CON EL HALLAZGO DEL CADÁVER DE UNA NIÑA COMO LA QUE BUSCABAN.

Por Eduardo Sierra
Jueves 23 de Octubre/2008

CHIMALHUACÁN.- La incertidumbre tenía devastada a la familia de Ángela, pero la esperanza murió al llegar la certeza de que ella estaba muerta.
Luego de tres meses de búsqueda, Longino Rodríguez y Patricia Martínez llegaron la mañana del 14 de agosto de 2006 a las oficinas de la Cuarta Visitaduría de Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Ahí, un funcionario les mostró las fotografías de una menor que apareció muerta en las inmediaciones de Amecameca y que fue sepultada en la fosa común.
-Al principio no quise aceptar que mi hija estaba muerta, sólo me engañe a mi mismo –se lamentó Longino.
Luego de identificar a “Sol”, como llamaban a Ángela Solanch, la pareja se dirigió al Ministerio Público de Amecameca para exigir la exhumación del cuerpo. Tras cumplir los trámites administrativos se efectuó el sepelio en el Panteón Civil de Chimalhuacán, en el Barrio de San Agustín. La ansiada justicia por el asesinato de Ángela se escondía entre las lápidas.
Aunque las autoridades de la PGJEM aseguran que ya les habían mostrado esas imágenes a los papás, el matrimonio Rodríguez Martínez niega tal afirmación y demanda la destitución de los mandos a cargo de la indagatoria.
Las abogadas cuentan que el 15 de agosto, Mario González Gámez, subdirector de la Policía Ministerial de Neza, designado para investigar el caso, aceptó que hubo negligencia de parte de las autoridades en una reunión con el entonces procurador Abel Villicaña, el subprocurador de Neza, Ernesto Santillana Santillana y Eduardo Yañez, subprocurador de Amecameca.
El 23 de mayo, cuando Ángela fue asesinada y su cuerpo abandonado, el coordinador de investigaciones de Amecameca, Álvaro Federico Saucedo Hernández, giró un oficio de colaboración a los mandos adscritos a la Policía Ministerial de Nezahualcóyotl-Amecameca.
“Se solicita la colaboración para la debida integración de las investigaciones llevadas a cabo y derivadas de la averiguación previa AME/III/847/2006, por el delito de homicidio en agravio de persona de identidad desconocida del sexo femenino en contra de quien resulte responsable”, dice un fragmento del oficio.
-Yo tenía los documentos en mi escritorio, el oficio de colaboración y el acta de desaparición. Cometí un error –reconoce ahora el agente Gámez.
Tras las falla de la subprocuraduría de Neza, a partir de agosto se turnó el caso a Heberto Garza Jácome, fiscal general de Asuntos Especiales de la Procuraduría y al Cuerpo Especializado de Investigación para Situaciones de Alto Riesgo (CEISAR).
Entonces se esclarecieon el móvil y los ejecutores del homicidio la esposa del policía estatal Daniel Tenorio pagó cien mil pesos a cinco policías municipales de Chimalhuacán para que matarán a Ángela.
Por esas fechas, Daniel Tenorio fue declarado culpable del delito de violación equiparada y sentenciado a siete años de prisión.

TESTIGO CLAVE

Daniela, la amiga de Ángela, fue testigo del brutal crimen, pero calló. Quizá fue por miedo, aunque ella lo niega. Las autoridades asumen que debido a que fue amenazada, mantuvo en secreto lo que observó aquella noche.
Daniela, ahora de 18 años, trabajadora de una taquería y madre de un bebé concebido en la época del crimen, se esmera en dejar claro que jamás fue amiga de Ángela, pero que sí la conocía “de vista” de la escuela en la que ambas eran alumnas.
La testigo más importante en el proceso decidió hablar sólo porque los investigadores del caso llegaron hasta ella, y ha dicho que teme por su vida.
Daniela estaba ahí, en aquel departamento de Tlamanalco, cuando los cinco policías se turnaron para violar una y otra vez a Ángela. Ella presenció la muerte de su amiga a manos de los uniformados.
Siendo ya mayor de edad, la joven relató fragmentos de la historia con los que las autoridades judiciales pudieron resolver el homicidio y fincar responsabilidades.
El 28 de abril de 2008, Rosario Itzel, esposa de Daniel Tenorio, Luis Ramón y Martín fueron detenidos. Ofrecieron dinero para avitar su aprehensión, por lo que también fueron acusados de cohecho.
La Fiscalía de Homicidios Especializados de la Procuraduría mexiquense informó que, al ser aprehendidos, Itzel y los dos policías confesaron el trato que tenían: 100 mil pesos por la vida de Ángela, lo cual está asentado en la causa penal 114/2008.
Franco Daniel ya estaba detenido, pues había sido sorprendido al intentar quedarse con el botín recuperado de un robo a cuentahabiente perpetrado en Chimalhuacán.
Marcos Román se encuentra prófugo. Y para el policía Manuel Monroy, dueño del departamento donde Ángela fue violada y asesinada, sólo hubo una salida posible: se suicidó.
-Tal vez ya no regrese, hice algo malo y me voy a entregar –le dijo el agente Monroy, resignado, a uno de sus familiares. Cuando volvieron a verlo, Monroy ya estaba muerto. Se había ahorcado con un mecate.
El juicio por el homicidio de Ángela Solanch Rodríguez Martínez aún se desarrolla. Los acusados y los familiares de éstos se han negado a dar su versión de los hechos. Lo único que dicen es que ellos son las víctimas.
De ser hallados culpables, los ahora ex policías podrían recibir una pena mínima de 50 años de cárcel. Cada diligencia, audiencia y careo acerca a los culpables a prisión y al sueño de justicia para la niña que murió a manos de sus héroes.