POLÍTICA

El poder de Diego

La cada vez más debilitada administración de Felipe Calderón c ede posiciones al poderoso Diego Fernández de Cevallos, quien ya colocó a viejos subordinados suyos en Gobernación y en la Procuraduría General de la República. Por si ello no bastara, ahora pretende apoderarse de posiciones en la Superma Corte de Justicia y en el IFAI, reforzado por su evidente alianza con Carlos Salinas de Gortari...

Por Jenaro Villamil
Proceso 1718 / 4 de octubre de 2009

De la mano de la paulatina rehabilitación pública de su "amigo" el expresidente Carlos Salinas de Gortari y con una serie de litigios y asesoría multimillonarias que encabezan sus despachos jurídicos, la influencia de Diego Fernández de Cevallos en el gobierno de Felipe Calderón se acrecienta, al grado de convertirse en el "gran elector" en los recientes nombramientos en la Procuraduría General de la República (PGR), y los que deberá ratificar el Senado en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en la Superma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Consejo de la Judicatura.

Así, los principales aliados y socios de Fernández de Cevallos vuelven a tener el control de áreas clave del gobierno.

Primero fue Fernando Gómez Mont, socio y amigo de Fernández de Cevallos, designado por Calderón el 8 de noviembre de 2008 como secretario de Gobernación tras la muerte de Juan Camilo Mouriño.

Ahora es el nuevo procurador general de la República, el aboigado chihuahuense Arturo Chávez Chávez, quien fue asesor y secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado cuando Fernández de Cevallos fue presidente de la Cámara alta y coordinó la bancada del PAN (2000-2001). Además fue delegado de la PGR en Chihuahua bajo las órdenas de Anton io Lozano Gracia (1994-1996). El 29 de junio de 2007, Chávez Chávez se incorporó al bufete jurídico de sus exjefes para litigar contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una indemización de mil 500 millones de pesos a favor de un grupo de ejidatarios del puerto de Altamira, Tamaulipas.

Desde una serie de despachos en los que ha participado Gómez Mont, Lozano Gracia, Fauzi Handam, Hiram Escudero y el propio Fernández de Cevallos, el Jefe Diego se ha vinculado a casos tan polémicos como la defensa de Rogelio Montemayor, implicado en el Pemexgate; los exbanqueros Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, así como empresarios acusados de millonarios fraudes, como Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino; Gerardo de Prevoisin, y Juan Diego Gutiérrez Cortina, entre muchos otros.

Su red de intereses se ha expandido a raíz de que el despacho Fernández de Cevallos y Alba, S.C., se dedica al litigio civil, mercantil y penal, así como a los casos corporativos, inmobiliarios, migratorios y hasta "servicios de traducción".

Recientemente, Fernández de Cevallos se pronunció contra el paquete fiscal de la Secretaría de Hacienda y gracias a su cabildeo logró que se disminuyera de 10% a 5% el IEPS para las empresas embotelladoras de Coca-Cola. Su despacho ha trabajado para embotelladoraqs de Querétaro, su entidad adoptiva.

Los "buenos oficios"

Fernández de Cevallos ha acudido varias veces al rescate de Felipe Calderón, a cambio de acrecentar su influencia y poder de cabildeo. Antes de que terminara julio de 2006, el expresidente del Senado suspendió sus vacasiones en París para mostrar sus "buenos oficios" antes los ministros de SCJN y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La misión: evitar que los siete magistrados del tribunal ordenaran la apertura de 20 mil paquetes electorales que reclamaban la coalición Por el Bien de Todos, de Andrés Manuel López Obrador.

Fernández de Cevallos se reunió con Josefina Vázquez Mota, César Nava y Juan Camilo Mouriño para coordinar la estrategia jurídica frente a los magistrados electorales.

En privado, Fernández de Cevallos cabildeó con su viejo amigo Mariano Azuela (a quien apoyó desde el Senado para que llegara como presidente de la SCJN) y con algunos de los magistados del TEPJF, en especial, con Alejandro Luna Ramos, el único de los siete integrantes de ls Sala Superior que permaneció en el tribunal después del relevo del 30 de octubre de 2006. Luna Ramos es hermano de la ministra Margarita Luna Ramos, a quien Fernández de Cevallos apoyó para que llegara en febrero de 2004 a la Corte.

La relación entre Diego Fernández y los hermanos Luna Ramos proviene del litigio del predio de 33 hectáreas de Santa Ursula, propiedad de la familia Ramos Millán, que contrató los servicios del bufete del entonces senador para que la Secretaría de la Reforma Agraria le pagara una idemnización de mil 214 millones de peso. Fernández de Cevallos admitió que Luna Ramos sí intervino en el polémico caso (Proceso 1555).

Experto en conflictos poselectorales, en conteo de votos y quema de boletas desde que era representante del PAN en la Comisión Federal Electoral de 1988, Fernández de Cevallos aprendió el valor de aplicar sus "buenos oficios" a favor de presidentes con un déficit de legitimidad.

Una vez instalado Calderón en la Presidencia, la bancada del PAN en el Senado "congeló" la famosa iniciativa de Ley antiDiego, presentada en diciembre de 2005 por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, hermanda del mandatario.

La iniciativa de reforma al artículo 62 de la Constitución prohibía expresamente que diputados o senadores litigaran como abogados, gerentes o accionistas mientras cumplían sus funciones como representantes populares.

Fernández de Cevallos se hizo el desentendido y afirmó: "Yo no mezclo ni vinculo ni confundo mi trabajo de senador con mi trabajo de abogado postulante; de tal suerte que los litigios los gano o los pierdo en los juzgados, no en el Congreso ni a través de los medios de comunicación".